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Luego de la recuperación de la democracia, en 1990, el presidente Patricio Aylwin, creo la  Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que permitió, por... Ministro Carroza echa por tierra supuestas fugas ocurridas en Pisagua durante septiembre del 73

FOTO REUNION (1) BRLuego de la recuperación de la democracia, en 1990, el presidente Patricio Aylwin, creo la  Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que permitió, por primera vez, después de 17 años de dictadura, establecer un listado acreditado, de víctimas de derechos humanos, ya sea en calidad de ejecutados, detenidos o detenidos desaparecidos. Este  informe, es uno de los antecedentes que tuvo a la vista el Ministro de Fuero, Mario Carrozas, quien acaba de acusar de homicios calificados y secuestros calificados a varios militares que cumplían funciones en Pisagua en septiembre de 1973. Y con ello, hecha por tierra, la supuesta aplicación de “Ley de fuga”.

En nuestra región, la primera ejecución ocurrió en Iquique,  a menos de 1 semana del golpe militar, afectando la vida de Luis Fernando Rojas Valenzuela, de 49 años. Según se señala, la víctima habría puesto resistencia a su detención, por parte de una patrulla militar y que, incluso, trató de arrebatar el fusil a uno de los militares, según la información oficial de la época. De esta forma y en virtud del Bando Militar N° 24 de la Junta de Gobierno, Luis Rojas fue ajusticiado en el mismo lugar, a eso de las 19 hrs. del 17 de septiembre de 1973.

Lo cierto es que la Comisión Rettig, encuentra poco creíble la explicación y acredita que en realidad fue, al menos, víctima de violencia innecesaria.

Rojas Valenzuela, es uno más de una larga lista de víctimas de la violencia del Estado en los años de la dictadura, según consta en el llamado Informe Rettig, un contundente informe, de varios tomos, que fue el producto de la Comisión.   Se le conoce como Informe Rettig, en honor de quien presidió ducha instancia.

LEY DE FUGA

A la luz de los sometimientos a proceso que hizo el ministro de Fuero, Mario Carroza, que investiga los crímenes ocurridos en Iquique y Pisagua, cuya investigación se caratula como Nash y otros, vale la pena recordar antecedentes, acerca de las primeras víctimas identificadas en la investigación del magistrado y sobre las cuales se ordenó procesamiento contra integrantes del Ejército, que cumplían funciones en el Campo de Prisioneros Políticos de Pisagua.

Se refiere al caso de 6 prisioneros, a los que se les aplicó una falsa ley de fuga, según antecedentes contenido en el Informe Rettig y considerado en la investigación del ministro, junto a otras tantas diligencias.

Los tres primeros, cuyos restos aparecieron en la fosa clandestina de Pisagua, el 2 de junio de 1990, son:

Juan Calderón Villalón: Tenía 25 años al momento de su detención, en septiembre de 1973, siendo funcionario del Departamento de Investigaciones Aduaneras de la Superintendencia de Aduanas, en Valparaíso, donde fue detenido. Era militante del Partido Socialista y es trasladado a Pisagua a bordo del Buque Maipo. Ejecutado en Pisagua el 29 de septiembre de 1973

Marcelo  Guzmán Fuentes: Educador sanitario, de 34 años,  y jefe del Hospital de Iquique al momento de su detención. Militaba en el Partido Socialista. Se presentó voluntariamente al Regimiento de Telecomunicaciones, sin sospechar que aquel acto de cumplimiento con las autoridades militares, terminaría con su joven vida. Ejecutado en Pisagua el 29 de septiembre de 1973

Luis Alberto Lizardi Lozardi: Empleado portuario de 29 años y militante del Partido Socialista. Fue detenido el mismo 11 de septiembre y conducido al Regimiento de Telecomunicaciones, y posteriormente trasladado a Pisagua, donde finalmente fue ejecutado el 29 de septiembre de 1973.

Estas tres personas, estando en Pisagua, fueron sacadas de sus celdas para realizar trabajos voluntarios fuea del penal y trasladadas al sector de Pisagua Viejo, donde se ubica el Cementerio. Allí se les aplicó la ley de fuga y fueron inhumadas en el lugar.  Sus restos aparecieron en sacos de arpillera, en la Fosa Clandestina de Pisagua, descubierta el 2 de junio de 1990, tras años de infructuosa búsqueda.

juez Carroza 2En la investigación que lleva el ministro Mario Carroza, y 40 años después, se establece que los hechos importan la comisión del delito de homicidios calificados, previstos y sancionados en el Artículo 391 N° 1 del Código Penal.

Se acusa de homicidio calificado a Sergio Eugenio Benavides Villarreal,  Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Arturo Alberto Contador Rosales, Sergio Eduardo Figueroa López,  Gabriel Alonso Guerrero Reeve y Manuel del Carmen Vega, por estimarse que les correspondió participación como autores en el delito de homicidio calificado.

El mismo día, fueron sacados de sus celdas otros tres detenidos que terminaron de completar el grupo anterior, pero cuyos restos no aparecieron, manteniendo hasta hoy, la calidad de detenidos desaparecidos.  Se trata de:

Nolberto Cañas Cañas: De 48 años, era militante del Partido Socialista y ejercía a la fecha de su detención, como Interventor del Complejo Pesquero Norte. Fue detenido en Iquique, trasladado al Regimiento de Telecomunicaciones y de allí a Pisagua, donde fue ejecutado el 29 de septiembre de 1973.

Juan Jiménez Vidal: 42 años, funcionario de Aduanas en Valparaíso y sin militancia conocida. Tras el golpe militar, se presentó voluntariamente el 13 de septiembre de 1973. Ejecutado el 29 de septiembre de 1973.

Michel Salim Nash Sáez: Joven de 19 años, que cumplía con el Servicio Militar en Iquique. Militaba en el Partido Comunista. Fue dado de baja y arrestado el mismo 11 de septiembre y trasladado a Pisagua. Hay testimonios que indican que se negó a usar su arma contra el pueblo. Ejecutado el 29 de septiembre de 1973.

Pese a ser parte del grupo anterior y que las autoridades militares reconocieron su ejecución por Ley de fuga y que habrían sido sepultados en el Cementerio de Pisagua, sus restos no aparecieron.

En la investigación que lleva el ministro se desprenden cargos contra el militar Miguel Aguirre Alvarez, a quien se le atribuye participación como autor, en los delitos de Secuestros calificados Reiterados en contra de Juan Jiménez, Michel Nasch y Nolberto Cañas.

En tanto los militares Sergio Eugenio Benavides Villarreal,  Roberto Antonio Ampuero Alarcón, Arturo Alberto Contador Rosales, Sergio Eduardo Figueroa López,  Gabriel Alonso Guerrero Reeve y Manuel del Carmen Vega, tienen cargos estimar que les correspondió participación como autores en los delitos de secuestros y homicidios calificados reiterados de Nasch, Cañas y Jiménez.

INFORME RETTIG

En el informe de la Comisión Rettig se indica respecto a estos 6 supuestos casos de fuga:

“Explicadas sus muertes a raíz de una fuga, esta Comisión no puede creerlo así, ya que parece muy improbable, que estos prisioneros hayan tratado de huir mientras mientras eran trasladados a hacer trabajos. La fuerte custodia militar de estos traslados, la conformación del lugar y el estado de salud de algunos de ellos, especialmente de Cañas Cañas, hacen hacen improbable el intento de fuga y absolutamente inverosímil, que el único medio para evitarlas, haya consistido en darles muerte”.

Otro dato interesante que se reporta en el informe, es que cuando las autoridades militares pidieron voluntarios, números detenidos se ofrecieron, sin embargo, las 6 personas señaladas, fueron seleccionada en forma selectiva.

Concluye señalando que la Comisión llega a la convicción que Juan Calderón, Nolberto Cañas, Marcelo Guzmán, Juan Jiménez, Luis Lizardi y Michel Nash, fueron víctimas de graves violaciones a  sus derechos humanos, cometidas por agentes del Estado.

Este  informe, más numerosas diligencias realizadas durante años, permitió que el juez Carroza, al tomar la investigación, lograra someter a procesamiento a los militares involucrados.

 Autora: Periodista Anyelina Rojas Valdés