General Carabineros responde ante la Cámara a Informe de Derechos Humanos
Actualidad 16 diciembre, 2011 Edición Cero
El diputado por Iquique, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez (PC) valoró que el General Director de Carabineros haya asistido a dar cuenta de su accionar y a exponer las medidas que la institución adoptará para corregir las observaciones hechas por el Programa de Seguimiento y Registro de Abusos Policiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero insistió en que la función fiscalizadora de los parlamentarios seguirá siendo intensa para detectar cualquier vulneración.
En su intervención, el General Gustavo González señaló que desde mayo a diciembre su institución contabilizó 5917 “eventos” en todo el país, es decir, manifestaciones, marchas, ocupaciones y distintos desórdenes, donde participaron más de 2 millones de personas, con un número de detenidos que llegó a los 14.749. El 45% correspondió a menores de edad, aún cuando González enfatizó que muchos de ellos sólo fueron “retenidos”.
En cuanto a las cifras oficiales que manejan sobre lesionados en las mismas movilizaciones (enero-diciembre), 1094 carabineros habrían resultado heridos de diversa consideración, mientras que sólo 42 civiles resultaron lesionados, más aún, apenas en 11 de esos casos se pudo atribuir que las lesiones correspondieron a la acción policial, de acuerdo a lo que afirmó González ante los parlamentarios.
Luego de estas cifras –que generaron suspicacia en los diputados de oposición integrantes de la comisión- el jefe policial describió parte de las medidas que se adoptarán para responder al documento emanado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos denominado “Programa de Seguimiento y Registro de Abusos Policiales” que en ocho puntos daba cuenta de diversas acciones denunciadas por los observadores de Derechos Humanos en el país.
En los puntos más controversiales del informe del Instituto Nacional de Carabineros se destacan : la actuación policial no distingue entre personas que pacíficamente ejercen derecho a reunirse y grupos violentos; no se aprecian criterios de proporcionalidad y gradualidad de medios disuasivos; hay presencia de carabineros sin identificación; vehículos institucionales constituyen un momento y espacio sin control ni supervisión; procedimientos lentos y poco efectivos; ausencia de protocolos y prácticas que contribuyan a disminuir niveles de tensión en las comisarías; disparidad en el trato que reciben los funcionarios del I.N.D.H y por último, el tratamiento a menores de edad contrario a la normativa vigente.
En este sentido, González partió por asumir públicamente que muchas de las manifestaciones han sido pacíficas y que no han requerido del actuar policial, sin embargo, ante la necesidad imperiosa de hacerlo, sí existe un protocolo que establece un flujo de intervención con el que carabineros debe dialogar, contener, disuadir, despejar, disolver y por último, detener. Si bien existe este protocolo ascendente, el mismo General Director señaló que “existen casos en que esto no se ha respetado”.
Como respuesta a estas acusaciones, Carabineros explicó que implementarán medidas como la descongestión de detenidos en las comisarías, traslado de menores a unidades especializadas, identificación del personal en sus cascos y vehículos, reuniones de coordinación con el Ministerio Público, creación del departamento de Derechos Humanos y acuerdos con el comité internacional de la Cruz Roja.
Ante estas normas que se implementarán, el diputado Hugo Gutiérrez afirmó que “me parece que es el camino indicado y nuestro ánimo es justamente buscar alternativas para proteger los derechos de las personas , acá no estamos por fiscalizar sólo con el objetivo de fiscalizar, sino que buscar soluciones a los problemáticas que han instalado fundamentalmente los jóvenes de nuestra patria que a lo largo de todo el país se han movilizado por derechos que son fundamentales para ellos y que no merecían el trato que en muchos casos les dio carabineros”.
Una de las medidas más alabadas por los parlamentarios fue el anuncio de la instalación de cámaras de seguridad al interior de 140 vehículos policiales con capacidad para grabación de 6 horas, las que serán monitoreadas continuamente. Sin embargo, surgen dudas sobre cómo se puede garantizar que esa grabación no será intervenida y también ante qué solicitud será entregado ese material en caso de ser requerido.