Nelson Caucoto Pereira, abogado iquiqueño, nacido en la Oficina Alianza: “La memoria se fortalece luchando contra el negacionismo”

Por su trayectoria, recientemente fue distinguido  con la Medalla Derechos Humanos  y Democracia de la Universidad de Chile. En esta publicación de «Ojo con el norte», analiza los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad y advierte sobre “demolición” en materia de memoria y justicia

Por Rodrigo Ramos Bañados, en Ojo con el Norte.- En el marco de la conmemoración del 11 de septiembre y de los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, el abogado Nelson Caucoto —figura clave en la defensa de los derechos humanos y en la persecución de los crímenes de lesa humanidad en Chile— conversó con Ojo con el Norte. Recientemente distinguido con la Medalla Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Chile, Caucoto repasa el legado de la Vicaría, alerta sobre el debilitamiento institucional en curso y explica por qué la memoria reciente se ha convertido en un campo de batalla cultural.

— Usted acaba de recibir la Medalla Derechos Humanos y Democracia de la Universidad de Chile, en un año en que se conmemoran los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad. ¿Qué significa para usted este reconocimiento?

— Por varias razones, este reconocimiento tiene una gran significación para mí. Lo primero es que coincide con los 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, una institución memorable, admirable, inmensa, que va a seguir siendo valorada con el tiempo. A medida que pasan los años, la Vicaría se engrandece cada vez más, porque se empieza a conocer que no fue solo una resistencia jurídica a la dictadura, sino un hacer, hacer y hacer en favor de los sectores populares. Es poco conocida en su trascendencia poblacional y territorial: estuvo en las poblaciones con programas para enfrentar la miseria, como Comprando Juntos, las ollas comunes y los jardines infantiles; dio asesoría jurídica al mundo trabajador y sindical, y acompañamiento al mundo campesino. Una tarea inmensa que dejó frutos.

Sin la Vicaría habrían existido más muertos, más desaparecidos, más exiliados. Fue un punto de contención importantísimo: impidió que la masacre fuera mayor. Por eso debiera ser más reconocida por la sociedad chilena, y en particular la labor del cardenal Raúl Silva Henríquez al crear esta institución. Desde el punto de vista de la Iglesia, significó desarrollar una pastoral de la solidaridad, una mirada cristiana y evangélica de acompañamiento al prójimo. Las comunidades de base fueron una de las organizaciones más grandes de esa época. Desde allí se enseñaba que el Evangelio no adormece ni es opio; al contrario, de él surge la idea de liberación, la esperanza del cambio, la certeza de que juntos somos más.

Pero quería destacar otra dimensión de este reconocimiento. Me lo entrega la Universidad de Chile, y pocos han reparado en que, en una institución con más de 150 años de historia, solo los dos últimos mandatos de rectoría han estado en manos de mujeres: Rosa Devés y hoy Alejandra Mizala, la segunda rectora en siglo y medio. Eso es tremendamente significativo. Las cosas no ocurren por azar, sino por la emergencia del poder femenino, de mujeres que son cada día más relevantes en nuestra actividad. Y lo más importante para mí son estos 50 años de la Vicaría: desde su surgimiento, en enero de 1976, marcan la impronta de esta distinción. Por eso, en mis palabras de agradecimiento dije que este premio deben repartírselo todos los trabajadores y trabajadoras de la Vicaría, porque sin ella no habría existido este reconocimiento hacia mi persona. Me debo al trabajo de mis compañeros, a esa concurrencia de profesiones y de personas sin profesión que convergieron en una sola causa: amar al prójimo, proteger al desvalido y al acosado, dar apoyo y abrigo al más pobre, y darle esperanza.

— Usted ha advertido que se abre un espacio de “demolición” en derechos humanos. ¿Cómo evalúa el presente de la institucionalidad y qué señales le preocupan?

— Estamos en un contexto especial por las condiciones de gobernabilidad. Democráticamente llegó al poder una fuerza bastante reaccionaria en contra de los derechos humanos. No nos podemos equivocar: quienes están hoy en el gobierno no son personas afines a los derechos humanos; son refractarias a esta disciplina, e incluso partidarias y simpatizantes del golpe militar y de la dictadura. Eso abre un espacio de incertidumbre. En algún momento dije que estamos entrando en una etapa de demolición. Tiene mucho de eso: de incertidumbre, de siembra de temor en las organizaciones de derechos humanos.

Con el paso del tiempo, y con todos los gobiernos que hemos tenido —incluidos los de Sebastián Piñera, los de la Concertación y el del presidente Boric—, se ha ido fortaleciendo y consolidando una institucionalidad de derechos humanos bastante respetable y sólida. Pero este gobierno pretende derribar esas bases. Lo que hasta hoy parecía firme, se percibe con mayor incertidumbre. Lo hemos visto con la intervención en el Programa de Derechos Humanos, que es de máxima relevancia: la institución más importante que existe en Chile para la persecución de los crímenes de lesa humanidad. Está conformado por abogados y profesionales a lo largo y ancho del país, que han asumido los juicios. ¿Cómo no va a ser grave que un ente persecutor como ese empiece a ser debilitado en sus bases? Si se elimina su cúpula, su jerarquía, se debilita la institución. Eso hicieron: sacaron a su directora y a otras personas de su interior. Es una señal de involución, una señal alarmante.

Además, con el tiempo hemos sabido que se ha instruido a algunos abogados no presentar recursos contra ciertas resoluciones, y no presentarse a alegar en causas donde son parte. Eso es gravísimo. Yo no me perdonaría renunciar a recursos o no alegar en causas donde debo hacerme presente, porque eso equivale a abrirles camino a los perpetradores, a las personas imputadas por estos graves delitos. Hay un serio problema de incertidumbre: el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos de la Contraloría, el proceso de expropiación de la Colonia Dignidad, lo que ocurre con el PRAIS —el programa de salud alternativo e integral que da atención gratuita y permanente a las víctimas—, los indultos a perpetradores, el desfinanciamiento de los sitios de memoria y de toda esta institucionalidad que se había ido fortaleciendo, incluso bajo el gobierno de Piñera. Piñera no hizo nada que debilitara la función de derechos humanos; a la larga la fortaleció cuando habló de los “cómplices pasivos”.

Hay que tener muy presente todo esto para enfrentar, con una movilización de todos los sectores y de toda la institucionalidad de derechos humanos, la preservación de sus bases, mecanismos y procedimientos. Lo que más me preocupa es que, con la incorporación de nuevos ministros, se debilite la jurisprudencia y la doctrina que sustenta la Sala Penal de la Corte Suprema. Creo que esa es la joya de la corona: si somos capaces de mantenerla, vamos a seguir garantizando la continuidad de las condenas. He llegado a decir que Chile es el único país en el mundo que sigue haciendo justicia en derechos humanos a pesar de que han transcurrido más de 50 años, y es porque contamos con una Sala Penal que ilumina a los tribunales inferiores y que ha asumido la aplicación del derecho internacional, la otra herramienta fundamental. Mientras los tribunales sigan aplicando el derecho internacional de los derechos humanos, tenemos asegurada la continuidad de la jurisprudencia y de la doctrina.

— ¿Qué factores políticos explican la pérdida de valoración de la memoria reciente en ciertos sectores de la sociedad y del Estado? ¿Cuál es el principal desafío?

— Hay un hecho clave, un dato histórico que no puede controvertirse: más del 70% de los chilenos no vivió el golpe de Estado. Existe una gran desafección entre los jóvenes que no vivieron el golpe, que no vivieron lo que significó el terrorismo de Estado, la dictadura ni la presencia de Pinochet. Como no lo conocieron, no le tienen temor; como no lo conocieron, no conocen las consecuencias perniciosas de vivir bajo una dictadura; como no conocieron la obra maligna de Pinochet, no le guardan la debida reprobación. Hoy hay muchos jóvenes que incluso valoran su gobierno. Ahí hay un tema complejo, muy complicado: una batalla cultural que hay que dar para fortalecer la memoria.

La memoria se fortalece, en primer lugar, luchando contra el negacionismo existente. Ese negacionismo se expresa hoy en la no celebración de septiembre, en no realizar una conmemoración, una misa, unas palabras de respeto hacia lo que fue la presencia y la muerte del presidente Allende, hacia lo que fue su gobierno y hacia las víctimas; en definitiva, en la falta de un mensaje de paz y de aliento a los familiares de las víctimas. Eso es negacionismo. Es como si el 11 de septiembre no hubiera existido, cuando en realidad está en el corazón de los chilenos, cuando ya es una fecha que no se puede ignorar.

Pero hay un elemento gravitante: la gran masa del país no vivió el golpe de Estado. Y el desafío es enfrentar esta corriente negacionista, una corriente que oculta la información sobre derechos humanos, que no da a conocer los avances ni los fallos que se han dictado, y que prefiere perderse en noticiarios o matinales de televisión que no aportan nada a la memoria histórica de Chile. El elemento de regresión que existe hoy en el país, fundamentalmente en el gobierno, responde a un asunto ideológico: quienes gobiernan creen en la figura de Pinochet, reivindican su gobierno y simpatizan con lo que fue la dictadura.