Por Ricardo Balladares Castilla. Monitor Legislativo Popular.-
Lo que hemos escuchado en esta cuenta pública no es un programa de gobierno. Es el parte de guerra de una administración que ha decidido gobernar por el miedo, administrar por la amenaza y construir su legitimidad sobre el espanto de los débiles y vulnerables. Analicemos con sangre fría lo que Kast ha puesto sobre la mesa, porque la sangre caliente, justo es decirlo, es la que él quiere desatar.
El chantaje de los beneficios sociales aquí está la primera gran vileza. El señor presidente anuncia la creación de un «Registro de Vándalos e Incivilidades». ¿Y qué propone? Que quienes cometan ciertos delitos —y ojo, también «conductas incívicas» como rayados o consumo de drogas en la vía pública— pierdan los beneficios sociales de gratuidad en educación, pensión garantizada, subsidio de arriendo. ¿Entienden la perversidad? La política social deja de ser un derecho para convertirse en un premio a la buena conducta.
El Estado ya no garantiza la subsistencia del pobre; la condiciona a su sumisión. Esto no es seguridad, es extorsión institucionalizada. Es la reducción del salario social al mínimo de subsistencia, pero con un látigo adicional. También he aquí la forma más acabada del disciplinamiento de la fuerza de trabajo, el ejército industrial de reserva no solo es pobre, es un pobre amenazado. Nosotros debemos defender que la desigualdad no se combate quitándole al que menos tiene porque rayó una pared; se combate con impuestos al capital.
Los $30.000 por hijo no son una conquista social, sino el costo de la culpa. Un parche que el gobierno entrega con una mano mientras con la otra les quita el subsidio de arriendo o la gratuidad educativa a los padres que osan protestar. No es política de redistribución, es limosna de Estado para amortiguar la pobreza que el mismo sistema genera con su ajuste fiscal que ha profundizado. Mientras el 1% más rico se lleva 300 veces ese monto cada día en rentas del capital, estos $30.000 no son justicia social.
La «reforma a la Ley Indígena». Kast dijo: eliminar restricciones al uso de tierras, permitir arrendarlas e hipotecarlas «en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía chilena». Eso traducido es que la tierra mapuche, que resistió la conquista, la República y la dictadura, ahora podrá ser prenda de créditos y embargada por el Banco de Chile. El capital financiero, ese que no conoce patria ni sangre, podrá finalmente hacer lo que no pudo con fusiles y represión. Mediante ejecución hipotecaria se podría tener acceso a tierras raras, boques, oro, cobre y litio.
No se engañen, la agilización de permisos ambientales, los «389 proyectos por 89 mil millones de dólares», la resolución del 60% de la inversión trabada, todo eso tiene un nombre y se llama expoliación y saqueo. Todo para el exterior. Acumulación originaria, se le decía, pero en el siglo XXI se llama «certeza jurídica para la inversión». Así la renta de la tierra finalmente fluirá sin obstáculos hacia el propietario ausente. Al final, esto es la consagración del capital patrimonial sobre el trabajo y la comunidad.
El cuento de siempre, «Sin una economía próspera, resultará vana la más avanzada legislación social», cita Kast a Alessandri. Ahí está el dogma. Primero crecer, después repartir. Como si el crecimiento automáticamente irrigara a los de abajo. Pero los datos están ahí, aunque él no los mire. Chile creció en los 90 y principios del 2000, y la desigualdad se mantuvo obscena. Porque el chorreo, queridos amigos y compañeros, es un cuento para que los pobres esperen sentados mientras los ricos llenan sus piscinas y refrigerador.
La «responsabilidad fiscal» que pregona —ajuste de 1,3 billones de pesos— no toca «beneficios sociales», dice. Pero miente. Porque cuando congelas y reduces el presupuesto de salud y educación mientras aumentas el de cárceles, estás haciendo política social específica: la de la represión. El ajuste fiscal siempre lo pagan los mismos. Repito lo que el viejo Marx decía hace más de un siglo, el Estado no es neutral, es el comité de administración de la burguesía, que para nuestro caso de país periférico continua siendo la oligarquía neoliberal.
Ahora abordemos la pregunta incómoda ¿tiene este discurso aspectos del fascismo? Hay ecos. El culto a la fuerza, el militarismo, la exaltación del orden por encima de todo, la idea de pureza de las fronteras, de las calles, de los beneficios sociales «limpios». La construcción de un enemigo interno —el «vándalo», el «encapuchado», el inmigrante ilegal, el terrorista en la Araucanía— al que hay que desposeer no solo de su libertad sino de su derecho a comer. Hay también la glorificación del sacrificio de las fuerzas de orden, el mártir, el héroe. Hay, sin duda, una estética de la autoridad inapelable.
Pero ojo, el fascismo tenía un componente anticapitalista —falso, ciertamente, pero retórico— y una pretensión de comunidad orgánica que aquí no aparece. Kast no habla de la comunidad de pueblo; habla de individuos compitiendo, de mérito, de esfuerzo, de libertad negativa. No es fascismo. Es algo peor, porque es más honesto en su crueldad. Es neoliberalismo autoritario. Es Milton Friedman con tanques. Es Pinochet con planillas de Excel. Es el mercado como dios y la fiscalía junto a las policías como sus profetas armados.
Lo que este discurso revela, en el fondo, es la estrategia clásica del capital cuando se siente amenazado. Fabricar una emergencia y ofrecerse como único salvador. Emergencia de seguridad, emergencia económica, emergencia social. ¿Y la solución? Más policía, más cárcel, más ajuste, más tierra para el capital, más nada para el pobre que no se porte bien. No hay horizonte de justicia en este programa. No hay redistribución. No hay reconocimiento. Hay miedo administrado, tierra desposeída y trabajo disciplinado. Los chilenos, dice Kast, «claman por superarse». Pero la superación que él ofrece es la de los esclavos que aprenden a temer al látigo. La historia, será implacable con esta generación de gobernantes. No porque no hayan cumplido sus promesas, sino porque las cumplirán todas. Y eso es exactamente lo terrible.
Ante este panorama, la oposición política y social no puede seguir fragmentada en sus diferencias tácticas mientras el enemigo avanza. La oposición debe superar sus diferencias y articularse en tres ejes. Primero, defensa de los derechos básicos —vivienda, salud, educación, alimentación— como bienes comunes intocables. Segundo, lucha contra la criminalización de la pobreza, desenmascarando que la verdadera inseguridad es el desempleo y la quita de derechos, no las «incivilidades». Tercero, acción desigual y combinada para defender la tierra indígena, el cobre, el litio y el agua, conectando las luchas con los movimientos de todas las regiones.
Aquí hay espacio para que desde el centro reformista hasta la izquierda anticapitalista coincidan en un principio simple. Ningún niño o niña se queda sin comer o sin educación porque su padre o madre rayó una pared, ningún abuelo sin PGU porque la rabia por esperar medicamentos le hizo atentar contra una vidriera.
De frente y adelante, con los pies en el barro y la cabeza en las estrellas.
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