Seguridad Pública en Tarapacá: Del Estado Presente a la Incertidumbre Institucional

Ana María Peralta Cáceres. Abogada UNAP y ex SEREMI de Seguridad Pública de la Región de Tarapacá.-

Este 1° de abril se cumple un año desde que el compromiso del Presidente Gabriel Boric con el país se hizo realidad: la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública, tras 18 años de espera en el Congreso. Esta nueva institucionalidad no fue un mero cambio de nombre, sino una reforma estructural diseñada para enfrentar, con herramientas civiles y técnicas, el desafío más urgente de nuestra democracia.

Como la primera SEREMI de Seguridad en Tarapacá, asumí el desafío de instalar esta institucionalidad desde cero. El 1 de abril de 2025, comenzamos a operar con un equipo profesional dedicado exclusivamente a coordinar la seguridad y prevención del delito. No heredamos una oficina; construimos un sistema regional de seguridad pública.

Nuestra gestión dejó una hoja de ruta clara y resultados concretos. Implementamos por primera vez la Política Nacional contra el Crimen Organizado en la región, logrando un 100% de cumplimiento en las acciones priorizadas para combatir el contrabando, el narcotráfico y la extorsión durante 2025. Bajo el Plan Calles Sin Violencia, diseñamos una intervención estratégica para detener el alza de homicidios, priorizando sectores críticos como el Centro Norte de Iquique y la población Raúl Rettig en Alto Hospicio.

Caminamos junto a los barrios comerciales de Sercotec, impulsando el emprendimiento como barrera ante el delito; habitamos los «Patios Culturales» y acompañamos a nuestros alcaldes y Carabineros en la implementación de los patrullajes mixtos, una iniciativa que cambió la forma de vigilar nuestras calles. Los números respaldan este esfuerzo: al cierre de nuestra gestión —primero como Coordinadora de la Subsecretaría de Prevención del Delito y luego como SEREMI—, avanzamos con la instalación de una fuerza de tarea contra el robo de cables y robustecimos la coordinación de la institucionalidad con programas vitales como Lazos, Apoyo a Víctimas, Somos Barrio y Somos Barrio Comercial. Además, consolidamos un sistema integrado de fiscalización que recuperó espacios públicos clave en Iquique y Alto Hospicio.

Durante los últimos cuatro años en Tarapacá, logramos un hito histórico al quebrar la curva al alza de los homicidios, reduciéndolos en un 70%. En comparación con el año 2021, los ingresos irregulares disminuyeron en más de un 50%, gracias al incremento del 16,8% en el presupuesto de seguridad. Este fortalecimiento permitió la creación de fuerzas de tarea estratégicas, como el equipo ECOH, y la adquisición de nuevas tecnologías de análisis balístico y control migratorio. Estas herramientas han sido fundamentales para devolver la tranquilidad a las y los tarapaqueños.

Sin embargo, a un año de aquel impulso, veo con profunda preocupación cómo la conducción institucional en seguridad navega a la deriva. La actual administración parece haber abandonado el rigor técnico-político, desempolvando una «doctrina del shock» que no se condice con sus acciones. Mientras instalaba una narrativa de emergencia, el nuevo gobierno demoró casi dos semanas en nombrar a sus seremis, dejando a las regiones sin conducción política.

La selección de autoridades es inquietante: una mayoría de exuniformados y exfiscales, algunos con sumarios pendientes por hechos gravísimos. Esta decisión rompe con el criterio de sujeción de las fuerzas de seguridad a una autoridad civil y pone en tela de juicio la autonomía del Ministerio Público. A esto se suman señales opacas, como la destitución de la subdirectora de inteligencia de la PDI y anuncios de recortes por 72 mil millones para planes como Calle Sin Violencia y Crimen Organizado. Aunque una reunión «express» con la DIPRES intentó desmentir estos ajustes, salvando una semana más a la ya cuestionada Ministra de Seguridad, pero el manto de dudas persiste.

La seguridad pública no puede gobernarse bajo la lógica del ensayo y error. El gobierno de Kast debe dejar de improvisar con la institucionalidad que tanto costó instalar. La Ministra Steinert debe dejar de jugar con cuotas de poder y trabajar por la gente, que no puede esperar. La protección de la ciudadanía requiere un mando técnico que garantice la interoperabilidad de las instituciones con presencia permanente y cercana en los territorios, y no una administración que renuncie a la gestión estratégica para limitarse a una práctica meramente policial. El Ministerio de Seguridad nació para ser vanguardia, no una caja de resonancia de prácticas que ponen en riesgo lo avanzado.

…

Esta sección de OPINIÓN Y COMENTARIOS, está destinada a la difusión de opiniones y análisis  de autores y temas diversos, que no representan necesariamente nuestra opinión.