Edición Cero

Dr. Bernardo Muñoz Aguilar. Antropólogo Social, Universidad de Tübingen, Alemania. * Cuando era niño en Iquique, íbamos a Playa Brava a sacar machas con... La cloaca del mundo

Dr. Bernardo Muñoz Aguilar. Antropólogo Social, Universidad de Tübingen, Alemania. *

Cuando era niño en Iquique, íbamos a Playa Brava a sacar machas con los pies, hundiendo los talones en la arena húmeda hasta sentir ese leve movimiento que anunciaba vida bajo el sedimento. Era un gesto aprendido, casi ritual. Nadie nos decía, ni nosotros preguntábamos, que a un par de kilómetros mar adentro descargaba un emisario de aguas servidas. El mar se veía limpio. El agua era transparente. La confianza era total.

Con los años entendí que esa confianza no era ingenuidad individual, sino ignorancia colectiva cuidadosamente administrada. Bastaba con alejar la descarga lo suficiente para que desapareciera del campo visual y, con ello, del campo moral. El mar recibía en silencio lo que la ciudad no quería ver.

Años más tarde, buceando en Playa Blanca, en lo que llamé la arqueología de la basura, esa ilusión terminó de romperse. Bajo el agua no encontré solo peces ni rocas cubiertas de algas, sino pañales, botellas plásticas, latas vacías, restos de una vida urbana que había decidido deshacerse de sí misma en el fondo marino. El océano dejaba de ser paisaje para revelarse como depósito: un archivo sucio del progreso y de la comodidad, del cual de alguna forma éramos parte.

Ese hallazgo no fue casual ni aislado. Con el tiempo, la irresponsabilidad de las autoridades terminó por institucionalizar lo que antes era negación. Las basuras de la ciudad comenzaron a depositarse sistemáticamente en el sector costero del Marinero Desconocido, como si el borde costero fuera una zona de sacrificio natural, un espacio sin historia ni derechos, capaz de absorberlo todo sin consecuencias. El tránsito fue completo: de la infancia confiada al descubrimiento submarino, y de ahí a la comprensión política del abandono. Pero esta historia no es solo local. El mar conecta lo que la política fragmenta.

En 2011, tras el tsunami que afectó a la central nuclear de Fukushima, Japón liberó al océano enormes volúmenes de aguas contaminadas, primero por colapso y luego como decisión planificada. Más allá de los tratamientos técnicos, el mensaje geopolítico fue claro: cuando el riesgo es demasiado alto para ser gestionado en tierra, se externaliza al océano. El Pacífico volvió a funcionar como sumidero global, un espacio sin soberanía efectiva donde los costos se diluyen y la responsabilidad se vuelve difusa. No hubo consentimiento vinculante de los pueblos del mar. Hubo tecnología, además de poder y distancia del daño cometido.

En Brasil, la relación entre tierra y mar revela la misma lógica. Lo que se degrada en la Amazonía no se queda en la selva. Los grandes ríos arrastran mercurio de la minería ilegal, sedimentos de la deforestación y residuos industriales que recorren miles de kilómetros hasta desembocar en el Atlántico, afectando manglares y zonas de reproducción de peces. En la costa norte y nordeste, pueblos ribereños y comunidades de pesca artesanal pagan el costo de decisiones tomadas lejos de sus territorios.

La bahía de Guanabara, la que conoció el antropólogo Claude Lévi-Strauss, en Río de Janeiro, es el símbolo más visible: décadas de crecimiento urbano sin saneamiento suficiente convirtieron un paisaje icónico en receptor permanente de residuos. A ello se suman los desastres mineros de Mariana y Brumadinho, donde millones de metros cúbicos de relaves recorrieron ríos enteros hasta alcanzar el océano. Para las comunidades pesqueras, el daño no fue solo ambiental: fue cultural, una ruptura de prácticas transmitidas por generaciones.

Las corrientes marinas continúan ese viaje. Lo que baja por los ríos brasileños se integra al gran circuito del Pacífico y del Atlántico sur, conectando continentes y territorios. Por esa misma vía, basuras del continente llegan a Rapanui, una isla que no produjo esos desechos, pero que los recibe en sus costas.

Para el pueblo rapanui, el mar no es vertedero ni frontera. Es territorio oceánico vivo, camino, memoria y alimento. Que los residuos lleguen desde tan lejos no es solo un problema ambiental: es una violencia territorial, una colonización por desechos donde otros deciden qué se arroja y quién lo recibe. La isla se transforma así en destino final del descarte global.

En este contexto, el turismo no puede presentarse como actividad neutra ni automáticamente benéfica. En las costas del norte de Chile, el turismo ha comenzado a reproducir lógicas extractivas: ocupación intensiva del borde costero, presión sobre ecosistemas frágiles, aumento de residuos, consumo de agua en zonas de estrés hídrico y una estetización del paisaje que oculta los pasivos ambientales. Cuando no existe gobernanza, límites ecológicos ni participación comunitaria real, el turismo se convierte en otra forma de extracción, menos visible que la minería o la pesca industrial, pero igualmente eficaz en desplazar costos al territorio y capturar beneficios fuera de él.

Solo bajo marcos exigentes de turismo sostenible, regenerativo e inteligente, el turismo podría transformarse en herramienta de recomposición: educación ambiental, monitoreo ciudadano del mar, fortalecimiento de economías locales y cuidado efectivo de los ecosistemas. La diferencia no está en la etiqueta, sino en quién diseña el turismo, con qué indicadores, con qué umbrales ecológicos y con qué comunidades como protagonistas. Sin eso, el turismo no regenera, solo extrae.

Volviendo a Iquique, esta lógica adopta otra forma, menos visible pero igualmente devastadora. En los 90 kilómetros de costa que van desde el río Loa hasta la caleta de Pisagua, la depredación del huiro por parte de extractores instalados en decenas de caletas ha deteriorado los microclimas marinos. Al arrancar de cuajo las algas, que el mar expulsaba naturalmente, se rompe un equilibrio ecológico fundamental, todo para alimentar la industria global de la cosmética y los suplementos alimenticios. El daño queda en el territorio y la ganancia se va a otra parte.

A este escenario se suma la presencia permanente de la flota pesquera china operando en aguas internacionales adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) chilena, frente a las costas del norte grande. Se trata de un número significativo de embarcaciones que faenan fuera de la jurisdicción nacional directa, en un espacio de gobernanza oceánica débil y fragmentada. No existe información pública suficiente para determinar con certeza si sus prácticas afectan a las especies costeras tradicionales o si su impacto se concentra en recursos altamente migratorios como la jibia.

Lo que sí resulta evidente es la asimetría de poder, control y transparencia, así como la presión acumulativa sobre ecosistemas ya tensionados, donde la pesca artesanal observa cómo el mar se convierte en un territorio cada vez más disputado y menos gobernado.

Desde Playa Brava hasta Fukushima, desde la Amazonía hasta Rapanui, desde el huiro arrancado en el norte de Chile hasta el turismo extractivo y las flotas industriales operando en los bordes de la soberanía marítima, el patrón se repite. El océano es tratado como la cloaca del mundo porque parece infinito, porque no vota, porque no protesta, porque su daño es lento y acumulativo. Pero el mar recuerda, devuelve pobreza y archiva el daño.

Los peces contaminados, las playas cubiertas de plástico, los cuerpos atravesados por microplásticos y toxinas no son accidentes. Son consecuencias. Hoy se me hace imposible comer bivalvos sin pensar en metales pesados.

Hablar de crisis ambiental sin hablar de basura, de aguas servidas, de relaves mineros, de extractivismo marino, de turismo sin control y de gobernanza oceánica internacional es seguir administrando el ocultamiento. El océano no necesita más discursos. Necesita decisiones, regulación efectiva, infraestructura y justicia ambiental. Porque lo que aparece bajo el agua no es azar ni simple contaminación. Es memoria social sedimentada.

Es etnografía submarina de un país y de un mundo que aprendieron a botar al mar y a sacar del mar lo que no quisieron resolver en tierra firme.

*El autor es investigador asociado del Centro de Estudios Urbanos y Rurales (CERU), Universidad de São Paulo.

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