Las palabras y los actos: El poder de nombrar en tiempos de miedo

Waldo Aguilar Figueroa, Sociólogo, Magíster en Gerencia Pública.- 

En Chile como en toda sociedad, el poder no se ejerce solo con leyes, policías o presupuestos. También —y cada vez más— se ejerce con palabras. Nombrar un acto no es describirlo: es clasificarlo moralmente, decidir si será entendido como legal o criminal, legítimo o amenazante. El lenguaje no acompaña al poder: lo prepara.

En la política internacional, Estados Unidos ofrece un ejemplo evidente. Cuando se apropia de bienes ajenos —fondos, cargamentos de petróleo, recursos naturales de otros países— evita cuidadosamente la palabra robo. Habla de incautación. El término sugiere orden, legalidad, procedimiento. Pero si se elimina el prestigio institucional y se observa el hecho sin jerarquías implícitas, la pregunta es incómoda pero necesaria: ¿en qué se diferencia esto de la piratería?

La piratería, en su sentido histórico, es la apropiación de bienes ajenos mediante la fuerza, sin consentimiento del propietario y amparada únicamente en la capacidad de imponerla. Eso mismo ocurre cuando una potencia actúa unilateralmente, fuera de consensos internacionales efectivos. La diferencia no está en el acto, sino en quién tiene el poder de nombrarlo.

Este mecanismo no es ajeno a la política chilena. Al contrario, se ha vuelto parte central del debate público. En el discurso de José Antonio Kast, el uso reiterado del término comunista no cumple una función descriptiva, sino disciplinaria. No busca explicar una ideología ni debatir un programa; busca desacreditar, infundir temor y clausurar la discusión antes de que comience. En ese marco, cualquier política social, regulación del mercado o ampliación de derechos puede ser reducida a una amenaza abstracta.

Ese uso abusivo del lenguaje no es ingenuo. Convertir comunismo en insulto permite evitar el fondo del debate y reemplazar argumentos por etiquetas. La palabra opera como una condena anticipada. Así, el adversario deja de ser interlocutor y pasa a ser enemigo.

Al mismo tiempo, este empobrecimiento deliberado del lenguaje permite relativizar las propias promesas de campaña. Lo que se afirma con tono absoluto ante las cámaras puede luego matizarse, reinterpretarse o directamente abandonarse en nombre del realismo o la gobernabilidad. Las palabras son rígidas para atacar, pero sorprendentemente flexibles cuando se trata de cumplir compromisos.

Este doble estándar no es nuevo. Es una práctica habitual de proyectos políticos que necesitan un lenguaje duro para los otros y elástico para sí mismos. Así, el robo se convierte en sanción, la exclusión en orden, la desigualdad en mérito, y el disenso en amenaza ideológica. El lenguaje no describe la realidad chilena: la ordena desde arriba.

Llamar incautación a la piratería o comunismo a cualquier cuestionamiento del modelo no es un error semántico. Es una estrategia política que define quién merece ser escuchado y quién debe ser neutralizado. Aceptar esas palabras sin discutirlas es aceptar, también, la jerarquía que esconden.

Por eso, disputar el lenguaje no es una extravagancia académica. Es una tarea democrática urgente. Nombrar las cosas por lo que son es una forma de resistencia frente a la normalización del abuso y la manipulación. No se trata de negar la ley ni las ideologías, sino de desenmascarar cuándo se usan como coartadas para el miedo, el despojo o la mentira.

Mientras en Chile se siga usando el lenguaje para justificar privilegios, relativizar promesas y criminalizar el disenso, la palabra libertad seguirá siendo una consigna vacía. Y mientras no se cuestione a quien define los nombres de las cosas, el poder seguirá ejerciéndose no solo desde La Moneda o el Congreso, sino desde algo mucho más cotidiano y peligroso: el diccionario del miedo.