La reducción del gasto como proyecto ideológico de desestatización social

Rodrigo Martínez Segovia, Periodista.- 

El anuncio del gobierno del presidente electo José Antonio Kast sobre una reducción significativa del gasto público ha sido presentado como una medida de orden fiscal y eficiencia del Estado. Sin embargo, más allá de las cifras comprometidas, esta definición responde a una orientación ideológica que busca redefinir el rol del Estado y su nivel de intervención en la vida social.

La propuesta no se limita a disminuir el tamaño del aparato público, sino que plantea un repliegue del Estado en áreas consideradas no esenciales. En ese contexto, instituciones como el Instituto Nacional de la Juventud, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio han sido señaladas como organismos susceptibles de reducción o eliminación.

Desde sectores de la derecha, los principales argumentos apuntan a la existencia de duplicidad de funciones con otros servicios públicos, a un alto porcentaje del presupuesto destinado al pago de remuneraciones, a la rotación de funcionarios asociada a los cambios de gobierno y a la dificultad de demostrar beneficios sociales concretos en relación con los recursos invertidos. En el caso del patrimonio cultural, se agrega la crítica de que su regulación puede retrasar proyectos de inversión y encarecer procesos de desarrollo.

Estos cuestionamientos no carecen de sustento. El Estado chileno presenta debilidades estructurales como la fragmentación institucional, la superposición de programas, una evaluación insuficiente de resultados y una alta politización de cargos de confianza. Reconocer estas falencias es necesario para cualquier proceso de modernización del sector público.

No obstante, el planteamiento ideológico que acompaña estas propuestas establece una relación directa entre ineficiencia y eliminación institucional. Esta lógica omite la posibilidad de reformas, fusiones o rediseños y asume que determinadas funciones públicas pueden ser suprimidas sin efectos relevantes para la sociedad.

El enfoque también presenta una contradicción relevante. Mientras se propone reducir el Estado en ámbitos sociales, culturales y de igualdad, se plantea fortalecer su presencia en áreas de seguridad y control. De este modo, el Estado disminuye su rol como garante de derechos sociales, pero mantiene o incrementa su capacidad coercitiva.

Las instituciones cuestionadas cumplen funciones que no se reflejan de manera inmediata en indicadores económicos. El INJUV tiene como objetivo articular políticas orientadas a la juventud como grupo social específico. El Ministerio de la Mujer aborda brechas estructurales que no son corregidas de forma espontánea por el mercado. La cultura y el patrimonio contribuyen a la identidad, la cohesión social y la preservación de la memoria colectiva.

La reducción del gasto público, presentada como una decisión técnica, implica en la práctica una definición política sobre qué áreas deben permanecer bajo responsabilidad estatal y cuáles deben ser trasladadas a la esfera privada o individual. El debate de fondo no se limita al tamaño del Estado, sino al alcance de sus funciones.

La eliminación de estas instituciones puede generar ahorros presupuestarios en el corto plazo, pero también producir costos sociales y democráticos que se manifiestan cuando el Estado deja de intervenir en ámbitos relevantes de la vida colectiva.