La Sombra de los 52 Años: Instituciones e Impunidad

Ricardo Balladares Castilla, Sociólogo y Analista Político.-

A 52 años del golpe de Estado en Chile, las sombras de la impunidad aún se proyectan sobre nuestra incompleta democracia. La reciente liberación de los excadetes de Cobreloa, acusados de violación grupal debido a negligencias procesales, y el caso del trabajador torturado por sus propios compañeros en el Hospital de Osorno, revelan una verdad cruda. Nuestras instituciones de prevención y justicia han fracasado en su esencia. No se trata solo de errores aislados, sino de una crisis estructural que refleja la deshumanización del sistema.

Tal como revela Emmanuel Lévinas, la ética comienza en el reconocimiento del prójimo (el Otro), en su vulnerabilidad y en la responsabilidad que nos demanda. Sin embargo, en ambos casos citados, las instituciones y la sociedad ignoraron ese Otro. La víctima de violación fue reducida a un expediente con errores, y el trabajador del hospital fue invisibilizado durante años por una red de complicidades. Las instituciones, en lugar de ser custodios de la dignidad, se convirtieron -por acción u omisión- en cómplices de su negación.

Las agencias destinadas a prevenir estos crímenes —como la Subsecretaría de Derechos Humanos, el INDH o las unidades de protección dentro de los servicios públicos— actuaron con una lentitud y retraso que no las libera de responsabilidades ni de la necesaria autocrítica. Algo se está haciendo mal y debemos remediarlo. En el caso de Osorno, pasaron cuatro años antes de que reaccionaran, a pesar de que las evidencias de tortura y vejámenes eran abrumadoras. Esta tardía reacción no es simple negligencia; es un síntoma de lo que Zygmunt Bauman llamaría la «ceguera moral institucional». Es decir, la capacidad de las estructuras de burocratizar el sufrimiento y vaciarlo de urgencia.

En un nuevo septiembre, esta indiferencia resuena con los patrones de la dictadura. Durante ese período, las instituciones fueron instrumentalizadas para normalizar la violencia y silenciar a las víctimas. Hoy, aunque operamos en un marco democrático, la lógica no ha cambiado del todo. La justicia sigue siendo selectiva y la prevención una promesa incumplida. La impunidad se ha heredado como un gen maldito.

Así, la banalidad del mal encuentra aquí un campo fértil. Funcionarios públicos, fiscales y personal médico actuaron —u omitieron actuar— sin maldad aparente, pero sus decisiones consolidaron un sistema donde el abuso se perpetúa. Arendt nos recuerda que el mal a menudo surge de la incapacidad de pensar críticamente dentro de estructuras jerárquicas. En Chile, esas estructuras siguen intactas.

Desde una perspectiva ética, la justicia debe ser responsabilidad hacia el prójimo, especialmente hacia los más vulnerables. Sin embargo, nuestro sistema judicial y administrativo opera bajo una lógica contraria: la de la eficiencia procedimental, los plazos y los intereses políticos. Los excadetes fueron liberados porque la Fiscalía perdió pruebas, no porque se hiciera justicia. El trabajador de Osorno fue torturado y vejado porque nadie se sintió obligado a intervenir. La ética fue sustituida por el formalismo.

Esta misma desidia se manifiesta en la crisis del Sename y de las instituciones encargadas de la protección y reinserción social de la infancia en Chile, donde miles de niños y niñas han sido vulnerados por un sistema que reproduce el abandono, el maltrato y la impunidad, reflejando una vez más la incapacidad estructural y el desinterés social frente al sufrimiento de los más desprotegidos.

Por todo ello, la tardía reacción de las instituciones de derechos humanos —que solo se pronunciaron cuando la presión mediática fue insostenible— expone otra capa de la crisis. La memoria ética y sus instituciones son débiles y solo reaccionan cuando las redes digitales estallan. En Chile, las instituciones prefirieron guardar silencio. Así, la memoria incómoda se archiva, pero no se supera.

La alienación institucional, concepto que Marx desarrollaría para criticar las estructuras que enajenan al ser humano de su humanidad, se manifiesta en cómo estas agencias se han vuelto ajenas a la ciudadanía. No sirven a las personas; sirven a protocolos, elites académicas, intereses corporativos o agendas políticas. La prevención debería ser proactiva, pero en la práctica es reactiva.

Después de esto, es inevitable preguntarse ¿hemos aprendido algo? El crudo dato sugiere que no. Según encuestas, un tercio de la población aún justifica el autoritarismo pasado, y la odiosidad política sigue bloqueando reformas profundas. Las instituciones de prevención carecen de recursos reales, autonomía y, sobre todo, de voluntad política para operar con independencia de otras instituciones, autoridades o redes.

En conclusión, estos casos no son anomalías; son el termómetro de un sistema social enfermo e instituciones impotentes. La reflexión de Lévinas nos llama a una responsabilidad infinita hacia el prójimo, una que las instituciones chilenas han eludido. A 52 años del golpe, la deuda con la verdad y la justicia sigue creciendo. Solo cuando enfrentemos con sinceridad esta realidad con coraje ético —desde la sociedad civil hasta el Estado— podremos romper verdaderamente el ciclo de la impunidad. El tiempo no cura heridas; la verdad y justicia oportunas, sí.