Xenofobia en campaña: el uso de la migración como arma electoral

Rodrigo Martínez Segovia, periodista.-

En su columna de opinión publicada el 9 de agosto en La Estrella de Iquique, titulada “No hay empleo para nacionales pero sí para migrantes irregulares”, la senadora Luz Ebensperger plantea un diagnóstico que, más que informar con rigurosidad, construye un relato político que distorsiona la realidad laboral y migratoria del país. Su análisis parte de un dato llamativo: “solo 141 nuevos empleos” creados en un año, según cifras del INE. Sin embargo, omite explicar el contexto que transforma por completo la interpretación de ese número.

De acuerdo con el propio Instituto Nacional de Estadísticas, esos 141 empleos corresponden al saldo neto entre la creación de 96 mil empleos formales y la reducción de 96 mil empleos informales. Es decir, el mercado laboral experimentó un cambio en su composición: menos trabajo precario y más empleo protegido, con contrato y seguridad social. Este proceso, que en parte obedece a fiscalización y a formalización, no puede presentarse como simple estancamiento.

La senadora, al omitir este contexto, transmite la idea de un “mercado laboral colapsado” y sugiere que la migración irregular es un factor determinante en la falta de empleo para los chilenos. Este vínculo causal no se sustenta en la evidencia. El desempleo y la informalidad en Chile son problemas estructurales que se arrastran desde hace décadas y que responden a múltiples factores: baja productividad, cambios tecnológicos, insuficiente inversión, concentración de oportunidades en pocos sectores y, más recientemente, el bajo crecimiento económico que afecta a gran parte del mundo, no solo a nuestro país.

En lugar de reconocer esta complejidad, el texto de la senadora opta por una explicación simplificada que responsabiliza principalmente a la migración irregular. Esta estrategia es funcional a un año electoral: moviliza emociones, polariza a la opinión pública y refuerza prejuicios. Sin embargo, su efecto social es preocupante, pues alimenta una narrativa xenófoba que divide a la comunidad y expone a personas migrantes —muchas en situación de vulnerabilidad— a discriminación y violencia.

En regiones como Tarapacá, donde la migración ha tenido impactos significativos y también ha aportado fuerza de trabajo en sectores clave, reducir el debate a un “ellos contra nosotros” no solo es injusto, sino que impide construir soluciones reales. La migración irregular requiere políticas de control fronterizo efectivas, procesos de regularización ordenados y coordinación con países vecinos. Pero sobre todo, exige que las autoridades y figuras públicas eviten convertirla en chivo expiatorio para problemas que tienen raíces más profundas.

Es legítimo criticar la gestión gubernamental y exigir mejores políticas de empleo. Lo que no es legítimo es manipular datos o presentar verdades a medias para reforzar un relato que encaja con intereses políticos coyunturales. En un contexto social ya tensionado, la responsabilidad política implica elevar el debate, basarlo en información completa y promover la cohesión social. Lo contrario es jugar con fuego: un discurso que puede rendir réditos electorales a corto plazo, pero que deja una huella duradera de división y desconfianza en la sociedad.

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