Migrantes

Profesor, Dr. Haroldo Quinteros Bugueño.-

Un derecho humano básico consagrado en la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de 1948, signada por Chile ese mismo año y ratificada por nuestro país en repetidas oportunidades, es lo que en términos jurídicos se llama «derecho al libre tránsito.»

El Pacto Migratorio de las Naciones Unidas de 2018, en la misma línea, y aprobado por una amplia mayoría en la ONU, explícitamente establece que la migración debe ser legal y ordenada; vale decir selectiva, de modo que los estados tienen el derecho a no aceptar a migrantes, como también expulsarlos si una vez habitando en el territorio al cual han migrado incurren en actos reñidos con la legalidad, o si se descubre que los han cometido anteriormente en cualesquiera partes del mundo.

De modo que no es comprensible que el gobierno de Chile que encabezaba Sebastián Piñera en 2018 no haya firmado ese pacto, en circunstancias que el propio presidente abrió las fronteras selectivamente -obviamente por razones políticas- a todo(a) venezolano(a) que solo se declarara contrario al gobierno de su país.

Lo que algunos llaman «problemas migratorios» se solucionaría alineándose con los mencionados documentos de la ONU de 1948 y de 2018, i. e., con la estricta observancia de los antecedentes del migrante que les permitan ingresar al país, la estricta custodia de nuestras fronteras y una visión seria en materia económica y de empleo, controlada y planificada. La más mínima ética política nos obliga a no revelarnos ante el mundo como un país anti-migratorio.

Todos los países del orbe tienen extranjeros en su territorio, y comparativamente en el mundo, Chile es uno de los que tienen menos. No olvidemos que hay más chilenos fuera de Chile que migrantes en nuestro país, en razón, en primer lugar, del exilio masivo que advino con la dictadura de Pinochet.

Finalmente es de suyo preocupante que la negativa de Chile a suscribir el Pacto Migratorio, además de contradecir la declaración de la ONU de 1948, que fue firmada por Chile, ha exacerbado las corrientes xenófobas y racistas que, aunque minoritarias, existen en nuestro país, reconocido internacionalmente en el pasado como uno de los más acogedores del mundo.