Estado de derecha

Guillermo Guzmán Gómez, Biólogo Marino, doctor en ciencias y académico UNAP, Facultad Recursos Naturales.-

Cuando decimos “Estado de derecho” nos referimos a las reglas a las que estamos sometidos mediante leyes tanto los ciudadanos, las instituciones y cualquier entidades de un país, incluyendo al propio estado. Dicho sometimiento ante la ley se basa en el principio de que las leyes se deben cumplir por igual por todos y estas deben ser aplicadas con total independencia.

Nuestro país es un país triestamental, es decir existen tres poderes del estado; el poder ejecutivo (gobierno), el legislativo (el senado) y el judicial. Como con muchos otros países estos poderes del estado son independientes y uno no puede influir ni inmiscuirse en las actividades del otro.

El poder ejecutivo y el legislativo en Chile son electos democráticamente por todos los ciudadanos que ejercen el derecho a voto. El poder judicial no, al igual que en otros países donde son nombrados por el presidente, rey, primer ministro o lo que establezca la constitución de cada uno de ellos. El presidente elige de un grupo de cinco nombres propuestos por el poder judicial lo que debe estar en acuerdo con el poder legislativo.

Los tres poderes son como pilares en los que se sostiene el estado democrático de un país. De los roles de esos tres poderes, el poder judicial, tal como lo dice en la página del Pdjud.cl, es el llamado a, mediante su trabajo “generar confianza entre los ciudadanos, fortaleciendo la democracia y contribuyendo a la paz social”.

Con el retorno a la democracia, se reinstalan los tres poderes del estado chileno, no obstante, los intereses que llevaron al golpe de estado siguieron actuando a modo de “controles” transversales que vigilaron en todo momento los pasos dados por los gobiernos posteriores a la dictadura, por lo que se instaló en la cosa política un poder por sobre el estado. Esto abrió la puerta a la actuación oportunistas muy bien conectados en todos los ámbitos de la sociedad chilena que actuaron como “mensajeros” del poder sobre el estado.

El recientemente llamado “caso audios” del abogado Hermosilla revela una oscura forma de influir en la designación de los integrantes del poder judicial, influencia que está por sobre la de los otros poderes del estado. Algo que debiera preocuparnos como país. No obstante, poca ha sido la reacción de los ciudadanos. No digo que haya que salir a las calles a rememorar un ya lejano octubre 18, pero esto es bastante grave como para decir nada.

La influencia y las directrices de un sector político en la designación de los integrantes del poder judicial. Mismo sector que, además, ha permeado el poder legislativo, poniendo objeciones al avance de las iniciativas que benefician a la mayoría de los ciudadanos, pauteando a sus parlamentarios en el cómo votar ante iniciativas en pro-ciudadanía. Mismo sector que presiona indebidamente al poder ejecutivo, chantajeándolo para que no dé cumplimiento a su programa de gobierno, obligando a sacar personeros de su gabinete. Sector que, además, posee el poder unilateral de los medios de comunicación, generando una falsa percepción de la realidad en la ciudadanía. Todo esto me hace plantear que en Chile el estado de derecho se ha perdido o está severamente comprometido. Esto de por sí es algo que debiera llamarnos a todos a detenernos y pensar en el país que queremos tener y hacia donde vamos, toda vez que las bases del estado están siendo socavadas.

El sector al que me refiero es a la derecha y ultraderecha chilena, sector que no tiene identidad propia, sino que sirve al poder económico de nuestro país, desde sus orígenes. Es el poder económico este poder sobre el estado, poder que, a su vez, sirve a poderes más allá de nuestras fronteras.

Todo esto me lleva a plantear que en Chile el estado de derecho ha emigrado hacia un estado de derecha.