Caja de Alimentos: Juzgado de Garantía decreta arraigo a imputados por Fraude al Fisco. Querellante apelará para que se aplique prisión preventiva

Intendente de la época, Miguel Ángel Quezada, fue reformalizado, al igual que otros involucrados en el caso.

El Juzgado de Garantía de Iquique dejó -este martes 21 de noviembre– sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional a la actual consejera regional y ex jefa de la Unidad de Planificación del Gobierno Regional, Daniela Solari Vega, y los particulares, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de fraude al fisco, es decir,  Marcelo Valenzuela Contreras y Gabriel Díaz Durán. Ilícito que habrían perpetrado en 2020, en el marco de la ejecución del programa “Alimentos para Chile”.

Arraigo nacional que también deberá cumplir la ex jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, María Luisa Lemus Espinoza, imputada en calidad de cómplice de los delitos; en tanto, el empresario Gunther Ziller Arjona, deberá firmar mensual como coimputado en la causa. El abogado defensor de este último, señaló que la situación del empresario  que representa,  «no es comparable con las otras».

En la audiencia de formalización, la magistrada Tamara Muñoz Sáez acogió la medida cautelar solicitada por la fiscalía y rechazó la prisión preventiva solicitada por el abogado querellante, Enzo Morales, que a su juicio era la medida adecuada y proporcional a los fines del procedimiento.

Además, la magistrada fijó un plazo de investigación 120 días.

ABOGADO QUERELLANTE

El abogado Querellante, Enzo Morales, se refirió al caso, al terminar la audiencia. Señaló que apelará a la medida cautelar y que se acoja la prisión preventiva, para todos los imputados, solicitada por él.

REFORMALIZACIÓN PARA EXINTENDENTE Y OTROS

En la audiencia, el Ministerio Público reformalizó a los imputados Miguel Ángel Quezada Torres, ex intendente regional; a la ex jefa de gabinete, Lilian Plaza Bravo, y al otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional Jhonny Muñoz Cancino; además de los empresarios y co-imputados Juan Carlos Ayala Brito, Lorena Andrea Barrientos Ramírez, Ximena Andrea Ciudad Varela, Dimitri Andrés Díaz Neira, Ricardo Alexis Percic Becerra y Jorge Ignacio Venegas López, por el delito de fraude al fisco y quienes se encuentran sometidos a medidas cautelares desde diciembre de 2022.

Según el ente persecutor, en marzo de 2020, Miguel Ángel Quezada Torres se desempeñaba como intendente regional de Tarapacá; Lilian Plaza Bravo era su jefa de gabinete; Jhonny Muñoz Cancino, jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional, y María Luisa Lemus Espinoza, ostentaba el cargo de jefa de División de Desarrollo Social y Humano  del Gobierno Regional de Tarapacá. Mes en que se decretó zona de catástrofe en todo el país, debido a la pandemia de coronavirus, lo cual permitió a los imputados disponer de fondos públicos extraordinarios destinados a solventar ayudas sociales, a través procesos de contratación directa.

En dicho contexto, el lunes 20 de abril de 2020, se autorizó a la Intendencia Regional –a solicitud del entonces intendente– a disponer de $1.190.000.000 del Fondo Regional de Emergencia aprobado por el Consejo Regional, para la adquisición de cajas básicas de alimentos para repartir entre las familias más afectadas por la pandemia, en el marco del programa denominado: “Alimentos para Chile”.

El exintendente, a través de su jefa de gabinete y de la entonces jefa de Planificación Daniela Solari Vega, daba instrucciones para adquirir canastas de alimentos tanto en la modalidad de trato directo como por transferencia de recursos. Las acciones implementas por Plaza Bravo, Muñoz Cancino, Daniela Solari Vega y María Luisa Lemus Espinoza, en cumplimiento de dichas instrucciones, fueron informar a los oferentes mediante canales no oficiales y través de contactos de carácter personal, manteniendo reuniones con empresas y personas naturales que finalmente serían adjudicadas por los respectivos tratos directos y los recursos transferidos a YMCA y la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota, para favorecer a determinados proveedores, descartando cotizaciones de menos valor y empresas que ofrecían mejores condiciones de cumplimiento.

Las adjudicaciones por trato directo favorecieron a tres proveedores: DID Sonido y Compañía SpA, de Dimitri Andrés Díaz Neira y Ricardo Alexis Percic Becerra, por 8.006 cajas por un monto total de $407.857.664; Sociedad VyL Deportes Limitada, en la cual es socio Jorge Venegas López, por 7.650 cajas y un valor de $391.527.000, y Lorena Barrientos Ramírez (como persona natural) por 7.457 cajas por un valor de $391.492.500, y que, finalmente, actuó como testaferro de la empresa CyA Eventos Limitada, de Juan Carlos Ayala Brito y Ximena Andrea Ciudad Varela, que se encontraba inhabilitada para celebrar contratos con el Estado.

Los montos pagados por las cajas de alimentos y otros enseres básicos, según la Contraloría General de la República y la investigación fiscal, a dichos proveedores fue superior al promedio nacional e, incluso, al pagado por la misma Intendencia en otros programas; sobreprecio calculado en más de $232.000.000.

En paralelo, y también como parte del programa “Alimentos para Chile”, el Gobierno Regional de Tarapacá gestionó recursos adicionales por más de $1.192.000.000, aprobados a través de la asignación directa del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del año 2020. Estos recursos se entregaron mediante convenios de transferencia directa permitiendo adquirir 22.680 cajas de alimentos y elementos de limpieza.

En esta arista, la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, Young Men’s Christian Association) y la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota, presentaron proyectos para ejecutar dicho plan de ayuda social mediante modalidad de transferencia de recursos desde el Gobierno Regional. Así, para YMCA se destinó más de $946.000.000, mientras para la Asociación de Municipios Rurales se destinó más $246.000.000.

En ambos casos, los proveedores que prestaron el servicio por intermedio de YMCA fueron la Sociedad VyL Deportes Limitada, que contrató la confección y distribución de 6.000 cajas por más de $326.000.000; la empresa CyA Eventos SpA que contrató la confección y distribución de seis mil cajas por un monto de más de $314.000.000, a los que se sumó la empresa Estudio LD SpA, cuyo propietario es Gabriel Díaz Durán, que se adjudicó otras seis mil cajas por más de $313.000.000. Asimismo, la Asociación de Municipios Rurales adjudicó a la empresa Lineal Producciones SpA, de Gunther Ziller Arjona, 4.680 cajas de alimentos por más de $245.000.000. Las cuatro empresas proveedoras contratadas por YMCA y la Asociación carecían de experiencia e inicio de actividades necesario para estas operaciones comerciales al momento de enviar sus cotizaciones.

Según la fiscalía, se pudo establecer que tanto YMCA como la Asociación de Municipios Rurales fueron utilizados como intermediarios, ya que solo canalizaron la propuesta a la Intendencia Regional para la aprobación de recursos de manera formal, modalidad que les permitió acceder a dichos recursos públicos, pues los formularios de postulación de los proyectos fueron llenados por la funcionaria encargada del 6% del FNDR, a solicitud de la entonces jefa de gabinete del intendente, Plaza Bravo.

Además, se pudo determinar que los proveedores contratados por YMCA fueron entregados por la entonces jefa de Planificación Daniela Solari Vega y que el proveedor contratado por la Asociación de Municipios Rurales fue entregado por la ex jefa de gabinete, siendo los precios ofertados validados por la entonces de División de Desarrollo Social y Humano  del Gobierno Regional de Tarapacá, María Luisa Lemus Espinoza.

En el caso de Estudio LD SpA, de propiedad de Gabriel Díaz Durán, quien en forma previa había solicitado y pedido ayuda de la imputada Daniela Solari Vega., para participar en el proceso –dada la mala situación económica en que se encontraba–, ejecutó los servicios contratados mediante una sociedad de facto con el imputado Rodrigo Vega Laferte., primo de Daniela Solari Vega.

A su vez, Estudio LD SpA acordó y ejecutó con Lineal Producciones la confección y distribución de parte de las cajas de alimentos que este último había contratado con la Asociación  de Municipios Rurales.

Los precios de las cajas fueron validados bajo el argumento que dichos valores estaban conformes a mercado; sin embargo, los precios por unidad de caja eran muy similares a los utilizados en la modalidad de trato directo, determinándose un sobreprecio de más de $282.000.000, según informe de Contraloría.

DEFENSA DE EMPRESARIO

Juan Carlos Manríquez, especialista en materia penal y abogado defensor  del empresario, al que identifica con las iniciales G.Z., señaló que al asumir el caso, puso todos los antecedentes a disposición del fiscal, Juan Zepeda, para colaborar con la indagatoria.

“El Tribunal de Garantía de Iquique conociendo de la reformalización y formalización del denominado caso cajas 2, resolvió con gran acopio de antecedentes, que la situación del empresario que representa, no es comparable con las otras, es completamente distinta».

Añade: «Que se diluía su participación en un eventual delito de fraude al fisco, lo cual nos deja bastante tranquilos. Además, señaló que se habían incorporado todos los antecedentes técnicos por los cuales se justificaba cómo se habían fijado los precios, se habían cumplido los contratos por un número menor de cajas en zonas rurales y aisladas, situación que reitero, nos deja muy tranquilos».