A 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Serie: Relatos, reflexiones y otros aportes para rescatar la Memoria, a 50 años del golpe de Estado en Chile.

Prof. Dr. Haroldo Quinteros Bugueño.- 

El golpe de estado de 1973, en términos técnicos, fue una acción militar, llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile (FF AA), conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, más la policía uniformada y civil, que también tienen características militares, tanto en el plano logístico como profesional.

Desde el punto de vista político, fue una acción que recuerda la famosa frase de Carl von Clausewitz “la guerra es la continuidad de la política por otros medios”. Así fue. El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 vino a dar fin a un enfrentamiento político, que se desenvolvía sola y exclusivamente en el ámbito civil, i.e., en los marcos de la organización constitucional del país vigente desde 1925 hasta 1973. Por lo tanto, era una confrontación entre dos bloques políticos, a saber:

1- La izquierda socialista, representada por el gobierno del presidente constitucional de Chile Salvador Allende y sus mayores sostenedores políticos, el Partido Socialista -del cual Allende era militante- y el Partido Comunista. Estos dos entes políticos integraban la coalición de gobierno, la Unidad Popular (UP), en la que también participaban otros partidos menores de izquierda. El partido más radical de izquierda era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación extra-parlamentaria y minoritaria en el país, que no tenía participación alguna en el gobierno.

2- La derecha opositora al gobierno de la UP, representada por el Partido Nacional (PN) , defensor del sistema capitalista vigente entonces; es decir, de los intereses económicos del empresariado chileno y extranjero. A la derecha se sumó el Partido Demócrata Cristiano, o Democracia Cristiana (DC), formando una coalición de oposición que llamaron “Confederación de la Democracia” o “Frente Democrático” (FD).

Los beneficiados del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 fueron los posesores del gran capital nacional y los intereses económicos de Estados Unidos (EE UU). En cuanto EE UU, el derrocamiento del presidente Allende, no pudo ser más beneficioso, porque desde el triunfo electoral de la UP en 1970, la mayor potencia capitalista del mundo veía cómo nuestro país, que se declaraba abiertamente anti-imperialista y desarrollándose hacia el socialismo, había alcanzado tal condición por la vía pacífica y las reglas constitucionales vigentes. En fin, las FF AA abandonaron su rol mandatado constitucionalmente, en cuanto observar una conducta neutral ante las controversias políticas de la civilidad.

Es de destacar que luego de usurpar el poder, amparadas por el monopolio de las armas que les entregaba, pusieron el país a la más absoluta disposición política y económica de los intereses de EE UU; vale decir, abandonaron su deber de defender nuestra soberanía como nación independiente. Las FF AA, en suma, que debían atenerse a respetar la constitución entonces vigente, hicieron lo contrario. Desobedeciendo las leyes, actuaron como el brazo armado de un sector político nacional muy específico, la derecha civil y de los intereses de una potencia extranjera, Estados Unidos de Norte América.

Desde el punto de vista ético-político, el rol de la DC fue tan vil como grotesco. Sirvió de caja de resonancia a la acción sediciosa contra el gobierno constitucional de Chile, organizada clandestinamente por la derecha nacional y el imperialismo norteamericano a la espera que, una vez producido el golpe, como ha sido ampliamente acreditado, los golpistas le entregaran de manera transitoria la administración del país hasta lo que sería “la restauración democrática.”

En las postrimerías de nuestro antiguo orden democrático, la dirección de la DC participó activamente en el sabotaje político y económico contra el gobierno, sumándose a la campaña de la derecha y del imperialismo norteamericano destinada a hacerlo fracasar, organizando huelgas donde les era posible, guardando silencio ante los actos terroristas abiertamente auto – adjudicados por el grupo de ultra-derecha y neo-fascista “Patria y Libertad,” y colaborando de modo oculto en el desabastecimiento de los productos de consumo diario.

Este suceso se hizo evidente cuando hasta el mismo día del golpe de estado, conocidos militantes y personeros políticos de la DC participaron en el paro de los camioneros que solo unas semanas antes del cuartelazo dañaba ostensiblemente la distribución y el consumo de alimentos, infamante acto que financió íntegramente el gobierno de Estados Unidos, como lo han revelado muchos archivos desclasificados de la propia CIA norteamericana.

La derecha política y la DC, al boicotear el transporte de bienes de consumo y mercancías, luego, además, de impulsar el más generalizado desabastecimiento, se habían propuesto crear un falso clima de baja producción en el país, lo que no consiguió convencer a toda la ciudadanía porque las objetivas cifras de entes independientes del Estado en materia productiva revelaban que, por el contrario, la producción de bienes de consumo se había incrementado durante el mandato de la UP. En el escaso tiempo que duró la falsa espera por aquella promesa de recibir en una bandeja de plata el gobierno, la mayor parte de la dirigencia de la Democracia Cristiana colaboró con la dictadura en ministerios, subsecretarías, reparticiones burocráticas del Estado, rectorías universitarias, etc., etc.

Es más, aplaudió y justificó el sangriento golpe de estado ante el país y el mundo como retribución de lo que sería la entrega del gobierno a su máximo líder, Eduardo Frei Montalva, quien hasta el 11 de septiembre de 1973 era presidente del Senado de la República.

Un año después del golpe, la DC se separó completamente de los golpistas. Veamos:

La derecha política, agrupada en el Partido Nacional (PN), era ostensiblemente minoritaria en Chile. En las elecciones del Parlamento de marzo de 1973, las últimas realizadas en democracia antes del golpe de estado, la ciudadanía había superado en participación a todas las elecciones antes realizadas en el país hasta esa fecha, alcanzando el récord de un 81%. La derecha política pura, el PN, obtuvo el 16% de los votos, menos de la quinta parte del total. El partido mayoritario en Chile era su aliada, la centrista DC, que obtuvo el 40% de la votación. Por lo tanto, la mayor fuerza política de orientación única (socialista y anti-imperialista) era la izquierda, que obtuvo con el gobierno de la UP el 44% de los votos, a pesar del agudo clima social en Chile creado por el sabotaje económico al gobierno, desde dentro y fuera del país. Además del desabastecimiento y los actos terroristas de la ultra – derecha destinados a dañar la economía, el gobierno estadounidense había cerrado sus instituciones bancarias bajo su control a cualesquiera solicitudes de créditos del gobierno de Chile. Además, frenó el flujo de las importaciones de maquinarias y repuestos para nuestras industrias, sobre todo la del cobre, como también para el parque automotriz.

Además de asesinar al presidente de la República, al igual que selectivamente a los mejores dirigentes de los partidos de la Unidad Popular a lo largo del país, y lanzar a la cárcel y al exilio a miles de sus dirigentes, la dictadura que advino con el golpe de estado humilló a su aliada golpista, la DC, deshaciéndose de ella. Obviamente, fue entonces cuando se conoció a cabalidad cuál sería la orientación ideológica que tendría el gobierno dictatorial.

Conviene, sobre todo para que lo sepan bien las generaciones jóvenes de hoy, referirse a qué fue lo que gatilló la alianza de la DC con la derecha. Fueron tres situaciones:

Primero, siempre hubo en la testera de la DC una corriente anti-izquierdista y pro-capitalista, lo que sirvió admirablemente a la dictadura, puesto que entonces la derecha no contaba con cuadros técnicos suficientes para manejar sola los estratos administrativos de todo el país.  Así fue como la dictadura que encabezó Augusto Pinochet (comandante en jefe del Ejército al momento del golpe de  estado) se ayudó en sus inicios de la DC. Tuvo algunos ministros democratacristianos como Jorge Cauas, además de consejeros, funcionarios administrativos y trabajadores que ocuparon cargos directivos en todas las reparticiones públicas, como asimismo en universidades, institutos y escuelas, los que vinieron a ocupar las vacancias dejadas por los profesionales, funcionarios, trabajadores  y académicos que fueron exonerados, encarcelados, exiliados y asesinados, por el solo hecho de haber sido militantes de los partidos de la UP.

Segundo, si bien en 1970 el sector conservador de la DC era minoritario en la testera del partido, el continuo boicot de la poderosa derecha económica, tanto industrial como comercial contra el gobierno de la Unidad Popular, tuvo su efecto. A ello se sumó el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, un ex – ministro de Frei Montalva, en un atentado perpetrado por un comando de una pequeña agrupación extra-parlamentaria de ultra-izquierda, la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), decididamente contraria al gobierno de la UP. Allende ordenó de inmediato perseguir a la VOP. Sus líderes y militantes principales se resistieron en armas, y varios fueron muertos y otros tantos encarcelados. Así fue el fin de esta organización. Por cierto, al asesinar a Pérez, la VOP le había hecho un espectacular favor a la derecha, puesto que el asesinato facilitó la hegemonía política del sector conservador en la dirección de la DC. El retroceso de este sector se hizo evidente en la DC a fines del gobierno de Frei Montalva.

En las elecciones presidenciales de 1970 se impuso Radomiro Tomic como su candidato a las elecciones presidenciales de 1970. Tomic era un antiguo político de definición progresista que, incluso, llegó a plantear la necesidad de llegar a un acuerdo con el gobierno de la UP poco antes del golpe de estado, lo que, por supuesto, lo frenaría. En fin, aunque la VOP fue aniquilada por el gobierno de Salvador Allende, la DC, con los conservadores Frei Montalva, Zaldívar y Aylwin a la cabeza, se alió con la derecha y contra el gobierno de la UP, y con ello se sumó al golpe de estado, conjura planeada e iniciada por la derecha y el imperialismo norteamericano inmediatamente después de la asunción de Allende al gobierno.  Todo ello ocurría a contrapelo de lo que era oficialmente el origen y programa de la DC.

En teoría, la DC era un partido promotor de un Estado semejante al gobierno del presidente Allende; es decir, de economía mixta y contrario al modelo socialista de partido único. A ello la DC llamaba “la sociedad comunitaria;” es decir, igualitaria. La DC llegó, incluso, a llamar “revolucionario” a su proyecto, en cuanto proponía la sustitución del sistema capitalista entonces vigente por aquella sociedad “comunitaria.” Eso era la teoría, nada más, como así lo demostraron los hechos.

La derecha nacional y también algunos dirigentes de la DC hasta hoy alegan que el golpe de estado fue legítimo porque, primero, la derecha y la Democracia Cristiana tenían en 1973 mayoría parlamentaria; y segundo, porque la Corte Suprema también avaló el cuartelazo. Por supuesto, ambos argumentos sostenían una ilegalidad, y, sobre todo, falaces. Primero, el golpe se produjo en la mitad del período presidencial de Allende y, como es bien sabido, en todos los países democráticos del mundo la democracia se basa en el principio de la realización de elecciones generales parlamentarias en la mitad de una administración presidencial, y que cualquiera sea el resultado de la elección, el presidente debe terminar su mandato solo si la oposición parlamentaria lo acusa constitucionalmente, para lo cual necesita dos tercios en el Congreso.

Pues bien, la dupla derecha-DC no obtuvo el tercio de los votos en las elecciones de marzo de 1973, lo que hizo imposible la destitución legal del presidente Allende. Además, nunca un gobierno en toda la historia de Chile había llegado a un apoyo tan alto como el que obtuvo el gobierno de la UP en aquellas elecciones parlamentarias, con un 44% de los votos. En consecuencia, el segundo argumento (el apoyo de la Corte Suprema al golpe) solo puede calificarse de políticamente sesgado, lo que envilece a la mayor institución jurídica del país, la Corte Suprema, la que, en lugar de atenerse a la Ley y a su obligado rol de garante mayor de la correcta aplicación de la justicia, se sumó al golpe de estado.

Desde entonces, la Corte Suprema carga sobre sí el estigma de no solo haber justificado el sangriento fin que tuvo la democracia chilena en 1973, sino no haber alzado la voz, como le correspondía legalmente hacerlo, frente a las flagrantes y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos que se cometían en Chile ante los ojos de todo el país y la comunidad internacional. Por cierto, la Corte Suprema, además, fue indiferente a la barbarie de neto corte fascista que tenía lugar en Chile y a la larga suspensión de las garantías constitucionales decretadas por la dictadura a lo largo de los 17 años que gobernó el país. De manera que no solo la derecha, el imperialismo norteamericano y los militares fascistas quedaron manchados de sangre ante los ojos de todo el mundo, sino también la DC y la Corte Suprema.

A la pregunta, ¿qué hizo el gobierno de la UP para ser derrocado de modo tan brutal? Veamos:

Salvador Allende asumió en 1970 como presidente de la República, siendo el primer político de orientación socialista revolucionaria, declarándose explícitamente así ante Chile y el mundo. Era el líder de un programa de gobierno anti-imperialista, que accedió al gobierno por primera vez en el mundo como resultado de su triunfo en comicios establecidos en las leyes vigentes. Nacionalizó el cobre a través de una ley referida al principio de las «ganancias excesivas,» que lo hizo internacionalmente famoso, modelo aplicado en otros países.

Nacionalizó todas las riquezas mineras del país y estatizó bajo un sistema legal de indemnización  las mayores industrias estratégicas; aplicó a fondo la reforma agraria que había sido aprobada bajo el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, pero que había sido interrumpida en abril de 1970 luego del asesinato de Hernán Mery, un funcionario de gobierno de la Corporación de Reforma Agraria (fundada por Frei en 1965), perpetrado por sicarios ligados a la ultra-derecha y a terratenientes de la región en que Mery se desempeñaba. Allende también apoyó la revolución cubana ante las agresiones del gobierno de EE UU y realizó importantes reformas sociales, en la Salud, el sistema bancario, el empleo, la vivienda y la Educación.

Antes de ganar las elecciones, el gobierno de EE UU y la derecha política nacional ya habían empezado a actuar: En 1969, un grupo de militares protagonizó el asalto y toma al regimiento “Tacna” en Santiago (el “tacnazo”), para evitar el posible triunfo de la izquierda en 1970. Con ese mismo objetivo, ese mismo año, la empresa norteamericana ITT inició su conspiración en Chile, entrevistándose con civiles y con la más alta esfera del gobierno, con el propio presidente de la república. Agentes de la ITT sostuvieron una entrevista secreta con Frei Montalva, al que le pidieron derechamente colaborar en su plan de impedir el triunfo de la izquierda en 1970. Frei, si bien no aceptó la propuesta, no la denunció como una inaceptable injerencia extranjera en nuestros asuntos internos. El presidente, en suma, guardó el secreto de este atentado a nuestra soberanía.

Luego del triunfo de la UP, y antes de asumir Allende, un comando terrorista de derecha asesinó al comandante en Jefe del Ejército René Schneider Chereau, y en 1972, la conspiración ya estaba organizada y preparada para asestar el golpe final. La oposición civil al gobierno no trepidó en provocar desabastecimiento en el país. Se trataba de acaparar alimentos y bienes básicos de consumo, e incluso, en sacarlos de Chile de manera clandestina. La DC también hizo lo suyo. El dirigente demócrata-cristiano Guillermo Medina lideró una huelga del cobre en el mineral de Sewell, y el gremio de dueños de camiones, adictos tanto a la derecha como a la DC, intentaron paralizar el país en el mes de octubre de 1972. Todo eso ocurría sólo a cuatro meses de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, con el obvio fin de ganar el apoyo ciudadano que permitiera a la coalición de oposición derecha-DC obtener los dos tercios en el Parlamento que necesitaba para destituir a Allende.

Personeros de la derecha y la DC aducen hasta hoy que Allende cayó por su fracaso en la economía. A estas alturas de nuestra historia nacional, cuando ya todo se sabe, afirmar eso sólo llamarse falacia, o en el mejor de los casos, ignorancia o soberana estupidez. Es indiscutible hoy, luego de la desclasificación de muchos documentos secretos de la CIA con respecto al golpe de estado de 1973, que su preparación empezó a gestarse desde antes del triunfo de la UP en la elección presidencial de 1970. El gobierno de Estados Unidos, a cuya cabeza estaba el presidente Richard Nixon (destituido en 1975 por el espionaje que ordenó contra el Partido Demócrata), y su secretario de Estado Henry Kissinger, fueron decisivos en el derrocamiento manu militari del gobierno de Salvador Allende.

Está totalmente acreditado que el gobierno de EE UU financió directamente la preparación de muchas de las acciones que llevaron al país a un clima social de descontento, cuyo fin era terminar con el legítimo gobierno de Chile. Las pruebas documentadas de la intervención norteamericana sobran. Personajes muy conocidos del gran empresariado nacional y de la derecha política viajaban frecuentemente a reunirse en Estados Unidos con los jefes del Departamento de Estado de ese país. Nixon, apenas asumido en la presidencia, decidió participar activamente en el derrocamiento de Allende mediante el Proyecto FUBELT, más conocido como Track 2.  Un documento desclasificado de la CIA publicado en 2009 revela que Nixon, durante su gestión, ofreció dinero y ayuda secreta al dictador brasileño Emilio Garrastazú Médici, que se ocuparía de convencer a las FF AA chilenas de derrocar a Allende, dinero que, obviamente, se invertiría en Chile, lo que conlleva la presunta dación de sobornos a la oficialidad militar nacional. Hay más todavía:

De acuerdo con documentación oficial norteamericana, por mucho tiempo secreta, y que ahora es de conocimiento público, divulgada por la organización no gubernamental de EE UU llamada “National Secret Archives” (Archivos Secretos Nacionales), Garrastazú Médici, en un encuentro con Nixon en la Casa Blanca el 9 de diciembre de 1971, dijo a viva voz a Nixon: “Brasil estaba trabajando con el objetivo de derrocar a Allende.”

También está acreditada la falsedad del “Plan Z,” un invento propagandístico difundido por la dictadura durante varios años, tanto en Chile como en el extranjero. Este falso plan, cuya autoría el régimen achacaba al gobierno presidido por Salvador Allende, hablaba de la presencia de miles de guerrilleros cubanos en Chile (unos 14.000); como también de la existencia de un plan de auto – golpe liderado por Allende que contemplaba entre otras acciones el fusilamiento de toda la oficialidad de las FF AA. Fue la propia CIA que, luego de desclasificar la documentación pertinente, desmintió la veracidad del plan.

También están acreditados los continuos encuentros secretos, tanto en Chile como en EE UU, de conspicuos empresarios y políticos de derecha chilenos, como Agustín Edwards (el dueño de “El Mercurio”), Sergio Onofre Jarpa y Sergio Diez, con agentes de la CIA y personeros del Departamento de Estado de EE UU. Según “Wikipedia”, dentro de estas acciones de financiamiento e intervención de EE UU en Chile se encuentran, entre otras conjuras, el asesinato del general René Schneider, el “tanquetazo,” la fracasada sublevación militar del 29 de junio de 1973, la huelga de los camioneros de octubre-noviembre de 1972 y la huelga del cobre en Sewell. Todos estos actos planeados por la derecha nacional y agentes de la CIA fracasaron. Al fin y al cabo, fracasaron porque Allende tenía un fuerte y activo apoyo popular y de la clase trabajadora, y porque, en el caso de la huelga de los dueños de camiones, había trenes estatales en Chile.

También está totalmente probado que varias flotas norteamericanas, ya terminada la tradicional “Operación Unitas,” se quedaron en alerta frente a Valparaíso, en caso, obviamente, que el golpe, en su forma netamente militar, fracasara. ¡Vaya militares patrióticos que teníamos!

Hasta aquí, es preciso detenerse en algo muy importante. Se trata de la figura legal conocida como “Traición a la Patria”, contemplada en todas las legislaciones del mundo. Esta figura se da especialmente en situación de guerra civil; es decir, de confrontación militar interna. De partida, en Chile no teníamos tal confrontación militar, por lo tanto, no podía surgir de la izquierda tal traición a la Patria, la que se da cuando uno de los bandos pide y obtiene la intervención de un país extranjero en su favor. Es evidente que si hubo tal figura jurídica, ésta vino de la derecha nacional. En efecto, el golpismo chileno, tanto civil como militar, tuvo el apoyo de una potencia extranjera en su plan de derrocar un gobierno legalmente constituido.

Esto, lisa y llanamente, tanto jurídica como lógicamente, ilustra bien lo que es Traición a la Patria. El apoyo al golpe, reconocido oficialmente por EE. UU., nunca lo ha sido por la dupla derecha-DC en Chile. Hay muchos ejemplos históricos que configuran este delito. Por ejemplo, en el siglo XVII, el rey Carlos I de Inglaterra fue decapitado porque en la guerra civil entre la monarquía y el Parlamento encabezado por Oliver Cromwell, pidió secretamente ayuda a Irlanda. Lo mismo sucedió con Luis XVI en Francia, que se la pidió a Austria, durante la Revolución Francesa. En las sentencias de ambos reyes ejecutados consta su alianza con un país extranjero.

En realidad, es imposible negar que el golpe de estado fue tanto una acción chilena como norteamericana.  El gobierno de Nixon declaró muchas veces que no toleraría un solo gobierno más socialista en América Latina, como Cuba, aunque fuese elegido democráticamente. La intervención norteamericana en Chile empezó, incluso, un año antes del triunfo de Allende; por ejemplo, con la intervención de la empresa transnacional ITT en Chile, que vino a conocerse gracias a la investigación y denuncia pública del periodista norteamericano del diario Washington Post, Jack Anderson. No está de más insistir en la infamante actitud de Frei en este suceso. Si bien no se plegó entonces al golpe, lo hizo tres años después, teniendo conciencia plena que el derrocamiento del gobierno constitucional de Chile era un plan estadounidense que venía gestándose desde hacía mucho tiempo.  Transcribo informes norteamericanos oficiales desclasificados hace unos años, sobre el golpe:

El 15 de septiembre de 1970 (sólo unos días después del triunfo de la Unidad Popular), en una reunión en la Casa Blanca a la que asistió Kissinger, el presidente Nixon declaró al director de la CIA, Richard Helms, que la elección de Allende era inaceptable, ordenando a la agencia actuar, con la frase «haremos chillar a la economía chilena.»

La CIA lanzó una campaña masiva de operaciones encubiertas –primero para impedir que Allende asumiera el gobierno, y segundo, si esa estrategia fracasaba, minar su gobernabilidad. Nixon dijo lo siguiente ante su Consejo de Seguridad Nacional el 6 de noviembre de 1970, dos días después de que Allende asumiera al gobierno:
Nuestra principal preocupación en Chile es la posibilidad de que Allende se consolide, y que su imagen ante el mundo aparezca como un éxito.

 Llevando a cabo la orden de Nixon, en los años siguientes el gobierno de EE UU decidió “estrangular la economía de Chile,” según palabras textuales de Henry Kissinger, el Secretario de Estado norteamericano. Los bancos norteamericanos congelaron créditos, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales dominadas por Estados Unidos cancelaron préstamos; en 1969 la ITT formó un comité de representantes de corporaciones estadounidenses para impedir el triunfo de Allende un año después y, en general, el gobierno norteamericano financió un movimiento nacional de oposición contra el gobierno,  como la huelga de camioneros que consiguió paralizar una gran parte del sistema de transporte.

Terminada la dictadura, en un acto de celebración del triunfo presidencial del ex – presidente Aylwin, éste, con lágrimas en los ojos, pidió perdón al país por las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en dictadura. Sin embargo, solo lo hizo a nombre del Estado. Debió también haber pedido perdón como demócrata cristiano, porque él y su partido, del cual él era su presidente en esa época, se alió con la derecha y el imperio norteamericano para el derrocamiento del gobierno legalmente constituido. El fiasco demócrata-cristiano quedará para siempre en nuestra historia como un acto bochornoso.

La dictadura no le entregó el gobierno a la DC, aunque que ella fue su cómplice en el golpe de estado. Además, la tiranía de Pinochet persiguió a sus mayores dirigentes, y algunos terminaron en el exilio. Es más, Bernardo Leighton, uno de los más importantes líderes de la DC, que no apoyó el golpe, sino que se sumó a la denuncia de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, sufrió un atentado terrorista en Italia, perpetrado por agentes chilenos de la dictadura, que causaron poco después la muerte tanto de él como de su esposa. En 1982, la dictadura acabó con la vida de su primer líder y ex – presidente de la república Eduardo Frei Montalva, al cual se le había prometido el gobierno del país luego del golpe. El asesinato de Frei se selló cuando éste inició en 1980 una campaña contra la dictadura abogando por una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Los que todavía no lo creen, lean el libro de su hija Carmen, hasta hace poco presidente de la DC, aparecido hace sólo unos años, que lleva el nombre “Magnicidio. La Historia del Crimen de mi Padre” (Editorial Aguilar, 2017).

Hasta ahora los militares alegan que siempre fueron neutrales en política. Por lo tanto, la Junta Militar que derrocó a Allende en 1973 no habría tenido ninguna orientación política.  Por supuesto, eso es una ridícula mentira. La oficialidad de los militares chilenos ha probado desde hace mucho tiempo que tiene una orientación política conservadora, es decir, de derecha. Por supuesto, los militares por sí solos no saben ni pueden gobernar, porque eso no condice con su formación profesional; de modo que cuando tomaron el poder desde septiembre de 1973, entregaron la administración del gobierno a los políticos más conocidos de la derecha, sus mentores ideológicos, como asimismo a varios de sus aliados, militantes de la DC.

Probablemente, el conservadurismo de derecha de la oficialidad militar puede ser hoy muy acendrado, puesto que, durante la dictadura, la derecha civil, con Jaime Guzmán a la cabeza, envió a varios de sus intelectuales a dictar clases y charlas a cadetes de la Escuela Militar y otras academias castrenses hasta el fin de la dictadura, con el obvio fin de adiestrarlos ideológicamente. Por supuesto, éstos son hoy generales y oficiales mayores del Ejército y demás ramas de las FF AA.

Una falsedad de proporciones es la “obediencia” que debe todo militar a sus superiores. Este principio es sagrado en todos los ejércitos del mundo, que se sella en solemnes juramentos ante Dios y los emblemas patrios. Sin embargo, en Chile, todo militar que piense, como corresponde a todo ser humano, antes de jurar debe preguntarse quién es el superior de sus superiores. Esta es la respuesta: en toda democracia, el superior de la más alta oficialidad de las Fuerzas Armadas es el Presidente o el Primer Ministro Constitucional de la República, según el antiguo principio milites sub civibus (los militares están bajo el poder civil).

Epílogo:

Finalmente, en el caso del golpe de estado en Chile en 1973, ¿son justos los términos “golpe militar” y “dictadura militar”? No, rotundamente no.  Al respecto, veamos lo que dice Wikipedia, un ente informativo estadounidense que, obviamente, no tiene nada de comunista ni socialista:

Chile, que en 1973 se mantenía como una de las democracias más estables en América Latina, entró en una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1990. Durante este período, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Nótese la definición “cívico-militar” del golpe de estado de 1973. Por cierto, lo único que fue militar fue el cuartelazo del 11 de septiembre. La dictadura, por supuesto, no fue militar, sino civil. En realidad, los militares participaron en ella solo como sus garantes armados, para que los verdaderos gobernantes manejaran el Estado a su más absoluta discreción, bajo un clima de terror de estado. Dicho, entonces, con toda propiedad, hoy en Punta Peuco deberían también estar encarcelados los que boicotearon la economía nacional durante el gobierno de la UP; los que acapararon y ocultaron nuestros productos industriales para hacer creer al pueblo que el país no producía, sabiendo que la producción nunca bajó, y que, por el contrario, se mantuvo en alza durante el gobierno de Salvador Allende; los que sacaron los productos y bienes diarios de consumo hacia fuera del país en forma de contrabando; los que viajaron a diario a Washington para planear con el Departamento de Estado norteamericano el derrocamiento del gobierno constitucional de Chile;

…los  fiscales, jueces y miembros civiles de los consejos de guerra de los juicios-farsas que terminaron con la cárcel, las torturas,  la muerte y el exilio de cientos de miles de chilenos; los soplones de la derecha y la DC que no faltaron durante los meses y varios años que siguieron al golpe; los encubridores de miles de crímenes; los médicos que participaron en las torturas; los periodistas y la prensa que ocultaba a diario lo que ocurría en Chile; los ministros de la Corte Suprema que no solo callaron ante las atrocidades que la dictadura cometía en materia de derechos humanos, sino que nunca acogieron las demandas por asesinatos, desapariciones y torturas, que presentaron ante ella familiares de las víctimas y la Vicaría de la Solidaridad fundada por el cardenal Raúl Silva Henríquez,  sabiendo que tenían la obligación de hacerlo durante los 17 años de la dictadura; etc., etc.

El 11 de septiembre es una fecha de connotación histórica, que no sólo incumbe recordar a la izquierda chilena.  Es una fecha que terminó con la línea histórica, sociocultural y política que el pueblo de Chile venía dándose desde los inicios de la República. Teníamos una economía mixta, en la que progresivamente se hacía más y más fuerte la intervención del Estado.  Sin el traicionero golpe de estado de 1973, esa línea hubiese continuado, porque todo indicaba que el gobierno de Salvador Allende resolvería los problemas que tenía en el plano económico, y, sobre todo, porque cada vez más, muchos militares se alejaban del golpismo.

Hasta 1973, vivíamos una democracia con características de las cuales la que tenemos hoy carece. Todavía nos rige una constitución política tan espuria como ilegítima, que desde 1980 hasta nuestros días sigue vigente. Nada indica seriamente que será definitivamente cambiada por una nueva y realmente democrática. Ya no tuvimos una Asamblea Constituyente que podía asegurar una constitución popular. En este 11 de septiembre, es preciso que el pueblo chileno no ceje en su lucha por acabar con las injusticias reinantes, traídas a nuestra Patria por la dictadura. La dignidad nacional que se alzó el 18 de octubre de 2019 no puede seguir debilitándose hasta su fin. Ella es la única forma de recuperar la nación para el pueblo de Chile, dejar atrás la traición y el crimen, y democratizar nuestras FF AA, empezando por exigirles que reconozcan y pidan perdón por haber usurpado al pueblo en 1973 el legítimo poder del gobierno nacional y popular que presidía el doctor Salvador Allende Gossens.