Carlos Graña Sarmiento, periodista.-
El nuevo proceso constituyente que se está realizando en Chile, que elaboró el Congreso chileno, y aprobó el 11 de enero del 2023, fue denunciado en las Naciones Unidas, como un proceso que vulnera los tratados internacionales firmados por Chile sobre los derechos fundamentales. Se permitió primero que 24 personas – entre comillas expertos- no elegidas por votación popular redacten el borrador del proyecto Constitucional, que será presentado a los 50 consejeros constituyentes, que sean elegidos, el 7 de mayo del 2023, en un proceso electoral obligatorio.
Entre los acuerdos del Congreso se establecieron 12 bases constitucionales inamovibles que no pueden ser modificadas por los 50 elegidos por votación popular. Además se estableció un Comité Técnico de Admisibilidad de 14 miembros, que están autorizados para vetar lo que sea contrario a las 12 bases constitucionales. Este nuevo proceso, que está en marcha, es contrario a los ideales democráticos y a las prácticas generalizadas en el mundo para elaborar constituciones a través de asambleas.
Estos acuerdos vulneran gravemente los artículos 1o y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho de libre determinación y coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas en nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública.
Los consejeros o consejeras constitucionales, que salgan elegidos, sólo conocerán el anteproyecto de constitución, que elaborará la Comisión de 24 expertos. Es decir, no tendrán participación en la redacción de la nueva carta magna. Los consejeros constituyentes podrán sólo discutir aceptar o rechazar aprobar la propuesta del texto de la nueva Constitución. Una vez que finalice su misión , que durará seis meses, este Consejo Constitucional será disuelto.
El país ha visto cómo la derrota del Apruebo en la elección del 4 de septiembre del 2022, ha sido sucedida por la instalación de un nuevo proceso constituyente controlado por los partidos políticos. Este nuevo procedimiento es anti democrático, y está blindado de tal forma para evitar la posibilidad de modificar el modelo económico y social vigente, impuesto por la dictadura mediante el uso de la fuerza.