Presidente Boric recibió primera Política Nacional contra el Crimen Organizado, que busca disminuir  actividad delictiva de organizaciones criminales que operan en Chile.

En el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Asesor desarrollada en el Palacio de la Moneda, el Presidente de la República Gabriel Boric recibió la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado del Estado de Chile (PNCO) de mano de la ministra del Interior Carolina Tohá y el subsecretario Manuel Monsalve.

Este trabajo responde a la prioridad de nuestro Gobierno de entregar más seguridad, disminuyendo la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, a través de la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado, y contempla la destinación de más de 39 mil millones de pesos (M$39.302.010) para fortalecer a Carabineros, PDI, Aduanas, Directemar, Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería, en su misión de combatir este fenómeno.

Al respecto, el Mandatario señaló: «Luego de siete meses de arduo trabajo en todo el territorio nacional, estamos hoy día haciendo entrega de la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado en la historia del Estado chileno. Éste es un hito muy relevante porque estamos presentando un plan estratégico y una hoja de ruta que se hace cargo, con acciones, con metas y con recursos de un vacío que teníamos como país en la lucha contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales que operan o pretenden operar en nuestro territorio y que no son bienvenidas».

Acerca del monitoreo de los avances de la implementación de esta política nacional, el Jefe de Estado dijo que «esto no se queda solamente en una declaración, sino que vamos a darle seguimiento a esta política pública y a fines de marzo del próximo año convocaremos una sesión extraordinaria de este consejo para que nos dé cuenta de los avances que ha tenido esta estrategia. O sea, el trabajo que se tenga durante enero, febrero y marzo va a ser importante para evaluar y hacer los ajustes que se requieran».

Tras la presentación del PNCO, el delegado presidencial regional de Tarapacá, Daniel Quinteros, destacó que este documento oficial recoge los planteamientos de las distintas instituciones del Estado en cada una de las regiones del país, por lo que contempla medidas que han sido analizadas según la particularidad de cada territorio.

Cabe recordar que el delegado Quinteros presentó el Plan Regional contra el Crimen Organizado de Tarapacá el pasado 5 de diciembre, el cual contempla un total de 71 medidas y 9 delitos priorizados según el análisis de la actividad delictual de la región realizada en las sesiones del Consejo Regional contra el Crimen Organizado.

“Es la primera vez en Chile en que se desarrolla una Política Nacional contra el Crimen Organizado, la cual además contempla las singularidades de cada región y hace frente a las problemáticas particulares de cada territorio. Esto tras un trabajo de meses con instituciones claves encargadas en la prevención, control y persecución de los delitos más graves que contempla el crimen organizado como el tráfico de armas, narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos asociados a la extorsión”, valoró el delegado presidencial de Tarapacá.

Además, la autoridad regional aseguró que la presentación del PNCO es el comienzo de un trabajo que se va a concretar en los próximos meses. “El trabajo no culmina con la presentación del documento, de hecho se trata del punto de partida para que desde las distintas instituciones del Estado implementemos coordinadamente una serie de medidas que tienen como principal objetivo entregar más seguridad y tranquilidad a la comunidad”, destacó.

10 EJES DE ACCION

La Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) contempla 10 ejes, cada uno con al menos cinco líneas de acción específicas:

Eje 1: Fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, mejorando la coordinación respecto al intercambio y análisis de información, así como la capacidad de articular acciones conjuntas.

Eje 2: Desbaratar la economía del crimen organizado, con una mejor respuesta estatal en prevención, detección, persecución penal e incautación de los beneficios obtenidos por el crimen organizado y en la lucha contra el lavado de activos.

Eje 3: Disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales, mediante el fortalecimiento de los sistemas de detección y persecución de su tráfico ilegal y actualizando la legislación sobre tenencias de armas.

Eje 4: Abordaje del crimen organizado en los recintos penitenciarios, previniendo su operación, el reclutamiento de nuevos integrantes y el contagio criminógeno entre personas privadas de libertad.

Eje 5: Agenda Legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución del crimen organizado, con una actualización del marco normativo.

Eje 6: Actualización de equipamiento y tecnología, para que las instituciones competentes en la detección, persecución y desbaratamiento de las organizaciones criminales puedan contrarrestar la capacidad adaptativa de estas.

Eje 7: Formación institucional y de capital humano de quienes enfrentan el crimen organizado para abordar sus dinámicas particulares y nuevas tendencias.

Eje 8: Prevenir la corrupción en instituciones públicas, para que éstas no sean permeadas por las acciones de las organizaciones criminales.

Eje 9: Aumentar la eficacia para enfrentar el crimen organizado mediante la reforma policial, incorporando en ella objetivos específicos para este fin.

Eje 10: Fomentar la cooperación y coordinación internacional, optimizando los esfuerzos conjuntos y multinivel con otros países.