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Además de los ex ediles, están acusados gerentes y representantes de las empresas; funcionarios municipales y particulares que actuaban como intermediarios. Por los delitos... Fiscalía de Iquique presentó acusación contra los 17 imputados del caso luminarias LED. Ex Concejales arriesgan al menos 8 años de presidio

Además de los ex ediles, están acusados gerentes y representantes de las empresas; funcionarios municipales y particulares que actuaban como intermediarios.

Por los delitos de cohecho, soborno, violación de secreto, fraude al fisco y lavado de activos, la Fiscalía de Iquique presentó acusación en contra de los cuatro ex concejales, funcionarios municipales, particulares y representantes de las empresas de Itelecom y Elec que estaban siendo investigados por su participación en los hechos de corrupción ocurridos en el marco de las licitaciones por la reposición del alumbrado público en la nortina ciudad.

El fiscal jefe de Iquique a cargo del caso, Eduardo Ríos, explicó que agotadas las diligencias de investigación se decidió acusar a la totalidad de los imputados de la causa, “ya que con toda la prueba reunida, adquirimos  la convicción de la ocurrencia de los delitos por los cuales se formalizó, así como de la participación de cada uno de los imputados en los distintos hechos”.

En definitiva, el gerente de Itelecom, Marcelo Lefort, y su subgerente, Pedro Guerra, fueron acusados por los delitos de soborno reiterado, fraude al Fisco y lavado de activos, solicitando la Fiscalía las penas de 3 años y un día, 5 años y un día y 541 días, respectivamente. En total suman 8 años y 1 día y 541 días.

Los ex concejales Mitchel Cartes, Felipe Arenas y Arsenio Lozano fueron acusados por cohecho reiterado (3 años y un día) y fraude al Fisco (5 años y un día de presidio), sumando 8 años y 1 día; mientras que el ex concejal Guillermo Cejas fue acusado por estos mismos delitos,  -sumando 8 años- y además por lavado de activos, pidiéndosele una pena  de 541 días de presidio, es decir, 8 años y un día, más 541 días.

También fueron acusados funcionarios públicos de esa época y otros particulares que actuaron como intermediarios, los que permitieron que las empresas Itelecom y Elec tomaran conocimiento de las bases de licitación y adecuaran sus propuestas a las mismas, elevando los costos de aquellas y ofreciéndoles parte de estos sobreprecios a los funcionarios públicos involucrados, asegurándose las adjudicaciones de las licitaciones.

De acuerdo a la investigación fiscal, este acuerdo entre los involucrados, permitió a Itelecom aumentar el valor de la oferta para la licitación en 500 millones de pesos, con los que pudo financiar el pago de los sobornos respectivos.

Los representantes de Elec también fueron acusados por el delito reiterado de soborno y se le solicitó a cada uno la pena de 3 años y un día de presidio.

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