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Como un atentado al patrimonio arqueológico, histórico y natural de la Región de Tarapacá, calificó el directorio de la Corporación para el Desarrollo del... CORDETUR: Atacama Rally 2022 provoca graves daños al patrimonio arqueológico, histórico y natural de Tarapacá

Como un atentado al patrimonio arqueológico, histórico y natural de la Región de Tarapacá, calificó el directorio de la Corporación para el Desarrollo del Turismo y Conservación del Patrimonio de Tarapacá (Cordetur), el XI Atacama Rally 2022, que se realiza desde el 26 de agosto hasta el 1 de septiembre en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte.

Principalmente porque ese a las observaciones de los servicios públicos, el Delegado Presidencial, Daniel Quinteros, autorizó la realización del Rally, obviando las indicaciones de los organismos competentes que informaron de los impactos y daños que podría provocar el paso de vehículos por las 5 rutas definidas para el evento, según expuso Cordetur.

El evento, que es organizado por Atacama Race Sport SpA, representado por Gerardo Fontaine, no sólo representa una actividad nociva para el resguardo y conservación de rutas caravaneras, sitios arqueológicos prehispánicos y de la época salitrera, sino también de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad de la región, como los ecosistemas de niebla, flora costera nativa y sitios de nidificación de la golondrina de mar.

Para Juan Morales, presidente de Cordetur, resulta lamentable que en la región sigan ocurriendo situaciones que atentan y dañan el patrimonio a vista y paciencia de todos, como ocurrió años atrás con el Rally Dakar; daños que hoy se perpetúan con la realización de este evento de cross country, con vehículos motorizados como motos, quads y SSV (buggyes) que circulan por el territorio, sin mediar la destrucción de sitios de importancia patrimonial y natural.

Para Morales, “lo acontecido en estos días es muy grave, por el impacto y daño que provocan estos vehículos en su paso por el territorio tarapaqueño. Pero lo más lamentable es que el propio Delegado Presidencial, que tiene la obligación legal de proteger nuestro patrimonio, haya autorizado este evento, con pleno conocimiento de que causaría daños irreparables, tras los informes técnicos de diversos servicios públicos, como el Consejo de Monumentos Nacionales, SAG, Conaf y Seremi de Bienes Nacionales, que alertaron de dicha situación».

Añade que, «incluso, el gran argumento para justificar la realización de este evento fue que los trayectos debían ser por caminos enrolados y existentes, cuando en las cinco rutas definidas no existen éstos”.

Al respecto, comentó que en una visita a Punta Gruesa, en compañía de Raquel Pinto, bióloga y estudiosa de la flora del norte de Chile por más de 25 años; constataron una gran cantidad de vehículos bajando por el acantilado del sector, zona que estaba excluida de las rutas a utilizar por ser una zona donde existen semillas y bulbos en estado de latencia y que, en el 2015, permitieron que se produjera el denominado fenómeno del “Desierto Florido”.

Además de que cuenta con una solicitud de declaratoria como Santuario de la Naturaleza por su condición de oasis de niebla, lo que lo transforma en un ecosistema altamente frágil.

“Pudimos apreciar la destrucción de bulbos, restos de cerámicas y el cuerpo desmembrado de un polluelo de un ave. Lo que vimos es sólo el final de la primera ruta, pero qué pasará en las próximas rutas?, porque no hay fiscalizadores en los recorridos que puedan dar cuenta de que los vehículos cumplen con las rutas sin dañar el patrimonio y las áreas que deben ser protegidas. Sin duda, el Delegado Presidencial y su asesores jurídicos actuaron a los menos con ingenuidad al creer que los organizadores respetarían las indicaciones técnicas de los servicios públicos”.

OMISION

Uno de los temas que causa mayor preocupación a diversas organizaciones que expresaron su rechazo a la realización del Atacama Rally, como el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas de Chile, Sociedad Botánica de Chile, Instituto de Geografía de la Universidad Católica y Colegio de Antropólogas y Antropólogos de Chile, entre otros; es la omisión por parte del Delegado Presidencial de las indicaciones emitidas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

A través del oficio Nº 3335, con fecha 22 de agosto, el secretario técnico del organismo, Erwin Brevis, explicita que de acuerdo al análisis de los antecedentes, el recorrido trazado pasa por diversos sitios arqueológicos prehispánicos, como geoglifos, talleres líticos, huellas troperas; y por varios sectores donde existen unidades geológicas con fósiles, ruinas de ex salitreras, que cuentan con la categoría de Monumentos Arqueológico por su antigüedad y otras están en proceso de declaratoria como Monumento Histórico.

En virtud de lo anterior, el CMN indicó que los organizadores del evento debían presentar un informe, a cargo de un equipo arqueológico, que contuviera los antecedentes arqueológicos del área, una planimetría georreferenciada de la superficie con el trazado, área prospectada y hallazgos arqueológicos junto a un plan de manejo y detalle de las medidas propuestas para la protección de dichos hallazgos, con el fin de analizar el impacto, evaluarlo y emitir un pronunciamiento.

Según Víctor Bugueño, arqueólogo y miembro de Cordetur, resulta evidente que no se ha cumplido  con la exigencia del CMN, “toda vez que si bien el Delegado Presidencial indicó que se debían ajustar los trazados de las rutas y entregar los tracks de los competidores a los organismos fiscalizadores, de todos los antecedentes presentados por los organizadores del evento, sólo se incorporó una carta de compromiso, con fecha 25 de agosto,  sobre el cuidado de los sitios arqueológicos y zonas de biodiversidad, lo cual no se ha cumplido a cabalidad, dado los daños constatados inicialmente y que, sin duda, tendrá efectos colaterales en el patrimonio regional”.

Por último, el presidente de Cordetur hizo un llamado a la ciudadanía a asumir la defensa y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de Tarapacá y, por ende, a los alcaldes de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Huara,  cuya opinión debe estar incluida en la institucionalidad d el patrimonio de sus propias comunas.

“Necesitamos autoridades comprometidas realmente con el resguardo del patrimonio. La legislación debe ser más precisa y los fiscalizadores deben actuar preventivamente, y no sólo cuando el daño ha sido producido, porque muchas veces éste es irreparable y nada lo compensará”.

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