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El pasado 10 de agosto, se vivió una jornada histórica al aprobarse en el Congreso Nacional el proyecto de ley de Responsabilidad Parental y... Corporación de Asistencia Judicial registra este año,  124 sentencias favorables en causas de pago de pensión de alimentos 

El pasado 10 de agosto, se vivió una jornada histórica al aprobarse en el Congreso Nacional el proyecto de ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, iniciativa impulsada por el Gobierno y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Bajo este contexto, a partir del 18 de noviembre, entrará en vigor el nuevo Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que, contribuirá al pago de pensiones de alimentos mediante diversas medidas.

En Tarapacá, la Corporación de Asistencia Judicial ha desempaño una importante labor en patrocinar causas en materia de pensión de alimentos. De hecho, durante el primer semestre de 2022, entre enero y julio, se patrocinaron 124 causas que resultaron favorables en materia del pago de pensión de alimentos, siendo Alto Hospicio la comuna con mayor cantidad de causas. También, durante ese mismo período, se han ingresado 228 causas nuevas en esta materia que se encuentran, aún, en tramitación.

Según lo anterior, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Camila Castillo, expresó que “queremos que las mujeres o quienes tienen el cuidado de sus hijos, sepan que cuentan con todo el apoyo de los profesionales de la Corporación para patrocinar las causas que buscan resguardar los derechos de sus hijos. Esta es una obligación del Estado, y nos encontramos en un plan de mejora continua en la atención y prestación del servicio de asesoría jurídica en esta y en otras materias civiles, laborales y penales”

Por su parte, el director regional de la Corporación de Asistencia Judicial resaltó que, ”con estas reformas, tenemos más herramientas para hacer efectivo lo ordenado por el tribunal en cuanto al pago de pensiones alimenticias para asegurar que los niños, niñas y adolescentes puedan tener una vida y desarrollo integral dignos. La normativa nos permite hacer más eficientes nuestros esfuerzos y cumplir nuestro objetivo de otorgar acceso a la justicia a todas las personas que lo requieran”.

 

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