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Camila Navarro Pino, Profesora y Consejera Regional El comienzo del año escolar de forma presencial, luego de dos años de pandemia y modelos híbridos... Violencia Escolar en Tarapacá

Camila Navarro Pino, Profesora y Consejera Regional

El comienzo del año escolar de forma presencial, luego de dos años de pandemia y modelos híbridos de enseñanza, ha puesto en la palestra pública tanto del gobierno como de los medios comunicación las diversas situaciones de Violencia Escolar vividas en distintas regiones de nuestro país. Peleas violentas entre estudiantes, agresiones hacia trabajadores de la educación, amenazas verbales y hasta con armas, han golpeado a las comunidades educativas durante los últimos meses en una problemática que se establece como multidimensional y de una complejidad que sobrepasa los marcos actuales de la convivencia escolar como la conocemos.

En nuestra región, la violencia en los establecimientos se agrava aún más tras amenazas de muerte denunciadas por directivos y docentes del “Instituto del Mar” en Iquique. Sin duda la Violencia Escolar es un espejo de las circunstancias que se viven actualmente en otras áreas de la sociedad y por lo tanto, cabe preguntarse si acaso esta debe analizarse desde un marco de Seguridad Pública.

Dos años de pandemia y aislamiento prolongado de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), crisis económica, violencia estructural acumulada, estado de la salud mental; son muchos los factores que pueden explicar esta “olla de presión” que se ha expresado a través de esta ola de violencia escolar.

Ante esto, aspectos como la Convivencia Escolar, no puede seguir abordándose como se hacía antes de la pandemia, es imperante que las escuelas acompañadas por las instituciones correspondientes establezcan Protocolos de Salud Mental, pilar importante para trabajar áreas como las habilidades sociales y la gestión de emociones, las cuales se vieron interrumpidas por la crisis sanitaria.

Asimismo, replantearse la mirada de la Convivencia Escolar desde lo punitivo (amparada en leyes como la de Aula Segura) debe dar paso a una perspectiva Formativa y amplia, la cual atienda las causas profundas de la violencia e integre aspectos como la inclusión, la equidad, la perspectiva de género y la resolución dialógica de conflictos, teniendo una bajada en los protocolos de convivencia que responda a las problemáticas que vemos hoy en las escuelas.

En esta misma línea, el Estado debe hacerse parte de esta problemática: por un lado, fortaleciendo programas que apunten a la realidad de las infancias y juventudes vulneradas a partir de la cooperación y colaboración de los servicios e instituciones pertinentes; y por otro, desde la Seguridad Pública, la cual debe abordarse desde la protección de derechos y la prevención de delitos. Las escuelas no pueden ser la única responsable del bienestar de las comunidades educativas.

Desde nuestro accionar regional, debemos invertir en políticas que se orienten a la seguridad escolar desde una perspectiva social y en articulación con los servicios públicos y programas especializados, como también fomentar espacios para las juventudes en materia cultural y deportiva, evitando los factores de riesgo y trabajando en prevención.

Erradicar la violencia de las escuelas y nuestras comunidades, es tarea de toda la sociedad, avancemos a construir sociedades respetuosas, inclusivas y democráticas.

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