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Un verdadero impacto en el mundo de las organizaciones de derechos humanos de todo el país, provocó el anuncio del Instituto de Derechos Humanos,... Organizaciones de Derechos Humanos rechazan que el INDH no presente querellas por delitos de lesa humanidad

Un verdadero impacto en el mundo de las organizaciones de derechos humanos de todo el país, provocó el anuncio del Instituto de Derechos Humanos, INDH, realizado por su director, Sergio Micco, en el sentido de no presentar querellas por delitos de lesa humanidad, ocurridos durante el estallido social.

Señalan que esto «ha constituido una afrenta a los pocos avances en materia de protección a las violaciones a los Derechos Humanos, al guardar silencio y actuar deliberadamente con pasividad frente a las graves y sistemáticas violaciones vividas en Chile por la revuelta popular del año 2019».

Las 40 organizaciones firmantes, incluida la Agrupación de usuarios Prais, de Iquique, realizan un llamado «a las víctimas sobrevivientes, familiares y organizaciones sociales a apoyar la nueva institucionalidad de derechos humanos propuesta por la Convención Constitucional, la que permitirá promover, proteger y defender debidamente los derechos humanos de los ciudadanos frente a los abusos del Estado, desde su plena autonomía e independencia del poder político».

LA DECLARACIÓN

Las Organizaciones aquí firmantes manifiestan su más profundo rechazo al anuncio realizado por el INDH de no presentar las querella por delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado desde octubre 2019, señalar además, que la gestión del Consejo y del Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, ha constituido una afrenta a los pocos avances en materia de protección a las violaciones a los Derechos Humanos, al guardar silencio y actuar deliberadamente con pasividad frente a las graves y sistemáticas violaciones vividas en Chile por la revuelta popular del año 2019.

 

Sabemos que gran parte de la problemática que derivan de estas decisiones tienen directa relación con la lógica binominal de la composición del directorio del Instituto, la que se aleja completamente de los Principios de París. La orgánica del Instituto ha permitido, entre otras cosas, que el Consejo de dicha institución cuente con miembros negacionistas, no solo de los hechos ocurridos en dictadura, sino que también de aquellos acaecidos a partir de la revuelta de 2019, es cierto que hay consejeros que mantiene una lógica de protección a los Derechos Humanos y que se han opuesto a las decisiones nefastas que dicta el consejo, sin embargo, resultan irrelevantes en la decisión final por la composición del órgano.

 

Esta situación se ha visto profundizada por la gestión de Sergio Micco, al hacer de este organismo un ente irrelevante en la búsqueda de los culpables de dichas violaciones y aun más en políticas de no repetición, creando una permanente impunidad que asola a las víctimas y sus familiares, haciendo que la historia se vuelva a repetir.

 

Lamentablemente, la crisis del INDH no solo afecta a sus miembros, sino que repercute gravemente en las victimas y en la sociedad completa al dejar impunes actos tan graves cometidos en los últimos años, minimizándolos y tratándolos de manera individual como si fueran delitos comunes.

 

Para el consejo del INDH, no basta la abundante evidencia de los informes de entidades nacionales y extranjeras que existen de víctimas de daño ocular, de perdigones, de torturas e incluso muerte para que puedan ser catalogados como violaciones a los Derechos Humanos, lo que por cierto se traduce en una verdadera lógica de impunidad y que están lejos de contribuir a las políticas de no repetición.

 

Las organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones aquí firmantes rechazamos la decisión del Consejo y llamamos a las víctimas sobrevivientes, familiares y organizaciones sociales a apoyar la nueva institucionalidad de derechos humanos propuesta por la Convención Constitucional, la que permitirá promover, proteger y defender debidamente los derechos humanos de los ciudadanos frente a los abusos del Estado, desde su plena autonomía e independencia del poder político.

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