Alejandra Flores destaca prohibición para ejercer cargos públicos a condenados por corrupción, crímenes de lesa humanidad y agresores
Actualidad 10 mayo, 2022 Edición Cero
La propuesta responde al clamor de la ciudadanía que ya no quiere más impunidad, sostiene la convencional nortina
Durante la jornada de este lunes, se desarrolló la votación y debate del último informe de la Comisión de Sistema Político, donde se deliberó sobre los temas propuestos que incluían Probidad, Transparencia, Seguridad, Defensa, Relaciones Internacionales y Estados de Excepción. En este marco, la convencional Alejandra Flores hizo su intervención en el Pleno, llamando a aprobar los artículos que hacían referencia a la prohibición de ejercer cargos públicos y de elección popular a personas condenadas por delitos en materia de corrupción, crímenes de lesa humanidad y por delitos sexuales o de violencia intrafamiliar, y el relativo al límite de los sueldos de autoridades de órganos colegiados electas por votación popular, artículos 11 bis y 13, respectivamente.
Al comenzar, Flores indicó que “la crisis de la democracia representativa chilena se expresó en grandes movilizaciones, que derivaron, junto a otras causas, en este Proceso Constituyente. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en diciembre de 2019 en su Informe “Diez años de auditoría a la democracia: Antes del estallido” indicaba que en el período 2008-2018 Chile experimentó una “caída sostenida y generalizada de la confianza ciudadana en las principales instituciones del sistema democrático”. Agregando que “Ya casi no existen instituciones políticas o no políticas que gocen de la confianza de más de un tercio de la población.” Es decir, más de dos tercios de la población desconfía de las instituciones y autoridades.
“Esta desconfianza, que principalmente se centra en los sectores políticos y el parlamento, se vincula con la desconexión que la ciudadanía evidencia ante la poca capacidad de éstos para considerar las necesidades y demandas populares, y se ve acrecentada cuando el país ve que diversas personas que son acusadas de coimas, colusión, corrupción, aparecen luego como altas autoridades”, añadió.
En este sentido, indicó “se torna indispensable aprobar el artículo 13 que indica que no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular “las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos” y otros, porque la ciudadanía no quiere más impunidad a quienes enlodan el mandato de representación popular”.
De esa misma forma, la convencional perteneciente al colectivo Movimientos Sociales Constituyentes, dijo que “el fortalecimiento de la democracia requiere del actuar probo de las autoridades y el respeto irrestricto de los derechos humanos, de manera que la ciudadanía eleve la confianza en quienes las o los representen, buscando con ello elevar sustancialmente el estándar en estas materias, entregando además herramientas para que aquellos que cometan graves delitos como los mencionados, realmente sean sancionados y no puedan, nunca más, bajo ninguna circunstancia, ser designados para ocupar un cargo público o presentarse a cargos de elección popular”.
En su alocución e instando también a la aprobación del artículo 11 bis la convencional Alejandra Flores abogó porque “la función pública, como bien lo indica su nombre, sea en beneficio de las grandes mayorías y no en beneficio propio, que trabajar en el aparato público sea para servir y no para servirse” (…) para así. Continuó indicando que «disminuir la gran brecha existente entre los sueldos de las autoridades electas y los ingresos que percibe un gran sector de la población. Actualmente, la dieta de un parlamentario es 20 veces más que el sueldo mínimo de un trabajador o trabajadora, lo cual es evidentemente impresentable”.
“Debe existir un mínimo ético que permita fortalecer las confianzas en quienes nos representan y no sigamos observando que una autoridad gane en un año lo que un trabajador o trabajadora gana en toda su vida. Que la función pública sea por vocación” finalizó la convencional perteneciente al pueblo aymara.
En el proceso de votación y en un contexto de alta expectación, el Pleno de la Convención aprobó por 122 votos a favor, 16 en contra y 14 abstenciones el mencionado artículo 13, el que pasó a formar parte del borrador de la propuesta de nueva Constitución y que establece que:
“no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley.”
En cuanto a la votación regional, el artículo 13 fue aprobado por: Alejandra Flores, Hugo Gutiérrez y los escaños reservados Isabella Mamani y Wilfredo Bacián, mientras que el único voto de abstención, fue del constituyente de Renovación Nacional, Álvaro Jofré.
Por otro lado, el artículo 11 bis que establecía que:
“las autoridades electas por votación popular que se desempeñen en órganos colegiados recibirán una remuneración que no podrá ser superior a diez ingresos mínimos mensuales”.
Éste fue rechazado por 100 votos a favor, 8 en contra y 39 abstenciones, faltando solo tres para ser aprobado. Respecto de la votación de los Convencionales de la región de Tarapacá, aprobaron: Alejandra Flores, Hugo Gutiérrez y los escaños reservados Isabella Mamani y Wilfredo Bacián, y nuevamente el voto de disenso fue del constituyente Álvaro Jofré, quien se abstuvo.
