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Nueve Convencionales de escaños reservados para pueblos originarios, emitieron una declaración pública ante una serie de informaciones contradictorias sobre el proceso de participación y... Convencionales de escaños reservados de Pueblos Originarios , llaman a comunidades a estar alerta ante  informaciones contradictorias de Consulta Indígena

Isabella Manani, constituyente del Pueblo Indígena.

Nueve Convencionales de escaños reservados para pueblos originarios, emitieron una declaración pública ante una serie de informaciones contradictorias sobre el proceso de participación y consulta indígena que han circulado las últimas semanas.  Por lo mismo llaman a las comunidades, territorios y organizaciones para que se informen y se organicen frente al tema.

Además, llaman a patrocinar y elaborar propuestas normativas que reconozcan la plurinacionalidad e interculturalidad, que distribuyan de manera efectiva el poder. Remarcan que éstas deben estar orientadas a que » reconozcan nuestro derecho a la libre determinación y a la autonomía en nuestros territorios, restituyan los territorios usurpados, permitan el ejercicio pleno de nuestros derechos como pueblos originarios y defiendan los derechos de la naturaleza».

Entre los constituyente firmantes está Isabella Mamani, representante del Pueblo Aymara.  Además, la ex Presidenta Elisa Loncón, del Pueblo Mapuche.

DECLARACIÓN

En las últimas semanas han circulado informaciones falsas y contradictorias sobre el proceso de participación y consulta indígena que creemos que es de suma importancia aclarar.

En la gran mayoría de las consultas indígenas que se han realizado en Chile, siguiendo el decreto 66, (que regula las Consulta Indígena) se ha contemplado un año para su realización, no han sido vinculantes y no han cumplido con los estándares internacionales. La ausencia de difusión apropiada y la imposición de normas cerradas a la discusión han sido una constante.

Actualmente, se intenta llevar a cabo un nuevo proceso de consulta en el contexto de la Convención Constitucional. Esto es inédito en el mundo. Se busca que avance a la par con la discusión constitucional, que sea vinculante y cumpla con los estándares internacionales. Pero se hace necesario analizar el contexto en el que ésta se desarrolla. El proceso completo de la Convención dura un año y solo en organizar y regular su funcionamiento se ocuparon tres meses de intenso trabajo. Por tener estos plazos limitados, esta será una consulta distinta a las demás. Tendrá que desarrollarse en los tiempos que queden disponibles a la Convención.  Es este el principal obstáculo para su realización ideal.

Es clave aclarar que no son los escaños indígenas ni la Comisión de de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad los responsables de llevar a cabo la Consulta Indígena. El Convenio 169 mandata al órgano del Estado a esa tarea, en este caso, a la Convención Constitucional.

¿Cómo ha sido el procedimiento para diseñar este proceso?

El Reglamento General mandató la creación de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad. Esta comisión fue constituida el día 2 de noviembre.

Por su parte, el Reglamento de Participación y Consulta Indígena instruye en su artículo 19 la elaboración y aprobación de un documento base en un plazo de 15 días, cuyo contenido indica: “contener al menos un catálogo de derechos específicos de los pueblos indígenas y la forma en que se concretizan y garantizan en el texto constitucional” y que “será aprobado por la mayoría de los presentes y votantes de la Comisión, para posteriormente ser puesto a disposición de los titulares de la consulta”. Como su nombre lo indica, su objetivo es servir de base a la Secretaría Técnica para que elabore la consulta y también para la discusión sobre derechos indígenas de los convencionales en la comisiones temáticas.

La redacción del documento generó una controversia. En un primer momento, la comisión indígena aprobó un documento base de manera general de 150 páginas y, en segunda instancia, una indicación sustitutiva de 59 páginas que cambia únicamente el formato con el que se presentan los derechos de los pueblos a las comunidades, y sólo deja citadas las normas de tratados internacionales de protección de derecho indígena con el número del artículo (mientras que en el otro se citaban enteras). Este cambio de formato permite que cada comunidad pueda plantear sus propias propuestas, sin que éstas sean pauteadas por adelantado, como es triste costumbre en estos procesos.

El documento base aprobado cumple con los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Se trata de un mecanismo que se funda precisamente en estos estándares, que considera la experiencia nacional y comparada, y pretende ser un insumo relevante para permitir la adecuada y legítima deliberación dentro de los pueblos y comunidades. Promover la deliberación, discusión y acuerdos durante el proceso de consulta no implica restringir los derechos de que somos titulares, como reiteradamente se ha sostenido, sino que permite ejercerlos, y eso es lo que la gente desde los territorios exige.

Dejamos adjuntos a esta carta los dos documentos base, el original y el definitivo, para revisión de los y las lectoras de lo que aquí afirmamos.

A partir de la aprobación del documento el día 6 de diciembre por votación democrática, un grupo de convencionales se negó a aceptar la votación y comenzó a insistir en que el cambio de formato ponía en riesgo la consulta, cuestión que es evidentemente falsa y de extrema gravedad. Desde entonces, este grupo ha obstaculizado y entorpecido el trabajo sin permitir avances, pudiendo haber aprovechado este tiempo en la presentación de un cronograma de trabajo por parte de la coordinación y la secretaría técnica, con el que no contamos. Hemos perdido más de un mes.

No es el documento base el que podría poner en riesgo la consulta. Son las limitaciones en cuanto a los tiempos y los recursos, y en particular estas semanas clave que se han perdido desde la aprobación del documento.

Tomando estos factores en consideración, los escaños reservados aquí firmantes trabajaremos hasta el final por llevar a cabo un proceso de consulta indígena de la mejor forma posible con las herramientas de las que se dispone, buscando siempre como objetivo prioritario que permita la participación vinculante de las comunidades en el texto constitucional. Mientras exista la posibilidad de desarrollarla, no renunciaremos a ella.

Con este propósito, respaldamos la llegada a la coordinación de la convencional Isabella Mamani, abogada aymara, quien se sumará al trabajo de Margarita Vargas, convencional kawesqar, en sortear los obstáculos técnicos y prácticos descritos con anterioridad, y llevar a cabo este desafío.

Es importante recordar que aparte de la consulta, existen otros mecanismos de participación indígena. Cada persona o comunidad puede redactar su propia propuesta de normas e ingresarla directamente a través de la Plataforma Digital de Participación Popular hasta el 20 de enero. Los requisitos de patrocinio para cada pueblo se encuentran en el Articulo 22 del Reglamento de Participación y Consulta Indígena.

El grupo de convencionales que rechazó el cambio de formato del documento base generó una polémica artificial que ha dividido a los convencionales, arrogándose ellos la autoridad moral sobre los derechos indígenas. Hemos evitado responder acusaciones falsas e improductivas que solo interrumpen y obstaculizan el trabajo. Es nuestro actuar en este organismo el que da cuenta de nuestra integridad, independencia y compromiso con nuestros pueblos. Este grupo está por disputar todos los espacios de toma de decisiones. No nos vamos a autoexcluir de los debates. Venimos a dialogar para materializar derechos de los que ya somos titulares.

A partir de la participación de los escaños reservados de pueblos indígenas, la Convención Constitucional ha instalado la discusión en torno a la plurinacionalidad para garantizar el ejercicios de los derechos de los pueblos en la nueva Constitución. Nuestras acciones siempre estarán basadas en la convicción de que la Convención, a pesar de enfrentar grandes obstáculos, es legítima y es capaz de resolver conflictos sustanciales que históricamente se han mantenido entre el Estado y los pueblos.

Invitamos a nuestros hermanos a no circular noticias falsas sobre nuestro trabajo en la convención, y a sostener discrepancias de manera honesta y transparente. La mentira es parte de la manipulación del colonialismo del Estado, de las empresas extractivistas y de grupos interesados en dividirnos. No puede ser parte de nuestras prácticas.

Hacemos un llamado a las comunidades, territorios y organizaciones de base a que se informen responsablemente, se organicen para integrar las distintas instancias de participación disponibles, y a patrocinar y elaborar propuestas normativas que reconozcan la plurinacionalidad e interculturalidad, distribuyan de manera efectiva el poder, reconozcan nuestro derecho a la libre determinación y a la autonomía en nuestros territorios, restituyan los territorios usurpados, permitan el ejercicio pleno de nuestros derechos como pueblos originarios y defiendan los derechos de la naturaleza.

Queremos por este medio, dar garantías y tranquilidad a nuestros pueblos de que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios, con toda nuestra energía y sabiduría, por avanzar en los objetivos para los que fuimos por ustedes mandatados.

Suscriben:

      1. Lidia González, convencional pueblo Yagán
      2. Félix Galleguillos, convencional pueblo Lickanantay
      3. Fernando Tirado, convencional pueblo Chango
      4. Tiare Aguilera, convencional pueblo Rapa Nui
      5. Luis Jiménez, convencional pueblo Aymara
      6. Isabella Mamani, convencional pueblo Aymara
      7. Elisa Loncon, convencional pueblo Mapuche
      8. Rosa Catrileo, convencional pueblo Mapuche
      9. Adolfo Millabur, convencional pueblo Mapuche

 

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