Senadora Provoste propone Comisión Nacional sobre casos de prisiones preventivas abusivas asociadas al estallido social

Periodo entre el 7 de octubre del año 2019 y el 9 de diciembre del año 2020 en favor de personas que son víctimas de abusos, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza.

Tras una reunión con el Fiscal Nacional Jorge Abbott, la senadora y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, anunció la presentación de un proyecto de ley destinado a crear una Comisión Nacional de Verdad y Reparación, como un camino de solución a las extensas prisiones preventivas abusivas y ante las denuncias de vulneraciones al debido proceso, que afecta a personas detenidas por manifestaciones durante el estallido social ocurrido en octubre de 2019.

La iniciativa que se ingresará este martes 26,  a trámite en el Congreso fue informada tras la conversación sostenida entre la legisladora y presidenciable, quien concurrió acompañada del presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, senador Pedro Araya a la cita, con el Fiscal Nacional. En la ocasión abordaron esta situación y la pertinencia de contar con una instancia que permita una urgente evaluación de cada caso en particular;  a raíz de los antecedentes de diversos argumentos de personas que -incluso- algunas de ellas, luego de estar más de un año en la cárcel, han sido absueltas por no demostrarse su culpabilidad en los tribunales. Casos que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afectan a personas que son víctimas de abusos, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza.

En general, se estaría incurriendo en infracciones a las garantías judiciales consagradas en los tratados internacionales  vigentes ratificados por nuestro país. Señala el proyecto de ley:

“Creemos necesaria la creación urgente de una Comisión Nacional para el Reencuentro y la Paz Social, a fin de proponer soluciones para abordar la situación de las extensas prisiones preventivas y las denuncias de vulneraciones al debido proceso, en contra de personas imputadas por hechos acaecidos como consecuencia del estallido social, muchos de los cuales aún se mantienen hasta el día de hoy en prisión preventiva a la espera de una sentencia en sus causas”

De ahí que la iniciativa de la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, considera que esta Comisión Nacional proponga en un plazo de 60 días, una vez constituida, medidas reparatorias a las víctimas de algún abuso cometido por parte de agentes del Estado, como también para aquellos que hayan sufrido daños en su persona o en sus propiedades, tanto muebles como inmuebles producto de hechos ocurridos durante las protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión de ellas, entre el 7 de octubre del año 2019 y el 9 de diciembre del año 2020.

Yasna Provoste explicó la motivación de esta iniciativa, señalando que «nunca hemos estado por amparar a delincuentes. Es muy importante que seamos capaces de que entendamos que en nuestro país solo vamos a alcanzar la paz si alcanzamos también la justicia».

Añadió: «Quiero valorar la disposición del Ministerio Público. Esta iniciativa se la planteamos al presidente de la República, en junio de este año  en la cuenta pública  que me tocó realizar como Presidenta del Senado, pero una vez más el gobierno llega tarde, lo hace mal y ha utilizado una situación muy dolorosa para muchas familias que saben  que sus hijos están injustamente detenidos, como parte de un proceso de campaña electoral. Nosotros estamos por el reencuentro de nuestro país, estamos por que se reinstale la paz en nuestro país, y para eso queremos valorar la disposición del Ministerio público de ser parte de una comisión cuyo proyecto ingresaremos mañana para que exista por ley esta Comisión de rencuentro y de paz en nuestro país”.

Dicha Comisión Nacional debiera estar integrada por un representante de cada instancia involucrada,  a considerar: del Presidente del Senado, del Fiscal Nacional, del Director del INDH, otro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, un representante del Defensor Nacional Público, uno del Ministro de Justicia y de Derechos Humanos y otro representante designado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La normativa plantea que esta comisión entregue su propuesta al Presidente de la República, al Presidente del Senado y al Presidente de la Corte Suprema, con medidas legislativas, administrativas o de otro carácter, que estime necesarias, para dar una solución a esta realidad en un plazo de tres meses recibido el diagnóstico de estos casos.

El senador Pedro Araya valoró la disposición del Ministerio Público de apoyar esta iniciativa legal: “Agradecemos que la Fiscalía haya aceptado  participar en esta instancia, porque justamente lo que buscamos  es que exista un debate con altura de miras, pensando en cómo los chilenos comienzan a cerrar heridas y a construir paz social”, concluyó.