Rechazo a la acción xenófoba y de odio racial

Andrea Comelin Fornés, Presidenta del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Social de Iquique

Como Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile del Provincial Iquique no podemos dejar de preguntarnos cuál es la verdadera causa de la terrible acción xenófoba y de odio racial que se vivió en Iquique este  25 de Septiembre cuando  fueron quemadas las carpas de las personas inmigrantes   y se les increpó con palabras cargadas de odio racial.

Iquique es una ciudad construida con historia de población inmigrante, donde  colectivos provenientes de países de la región latinoamericana, de otros continentes y también desplazamientos de personas desde dentro de nuestro país han llegado a esta tierra a aportar para buscar un futuro mejor, construyéndose así nuestro querido Iquique multicultural, por lo que podemos decir que la mayoría de los que acá estamos somos migrantes.

Por eso es necesario analizar en perspectiva la crisis migratoria que hoy enfrentamos, la cual no solo ocurre en nuestra región, sino que es un proceso mundial en donde muchas personas NO ES QUE ELIJAN MIGRAR, SINO QUE SE VEN forzadas a abandonar sus países para poder sobrevivir. Nos impacta ver como poco tiempo atrás las redes sociales reaccionaban a favor del desplazamiento afgano ante la crisis humanitaria que vivenciaban, sin embargo hoy que nos vemos enfrentados a ello en nuestro propio territorio la respuesta ha sido distinta. Cabe preguntarse ¿por qué hoy la reacción es diferente? ¿Los inmigrantes que cruzan nuestra frontera y llegan a nuestra ciudad son otra calidad de seres humanos?, ¿Dónde radica el problema, en las personas que migran, en quienes protestaron contra la migración o en otros espacios?.

Como colectivo profesional sabemos la relevancia de mirar críticamente la realidad, para comprender el contexto de los procesos y desde allí ver posibles soluciones. Leemos esta realidad desde la vereda de los Derechos Humanos de todos y todas, porque MIGRAR ES UN DERECHO HUMANO, sobre todo cuando la vida de las personas está en severo riesgo y no queda otra opción. Así lo establece el Pacto Mundial para la Migración Segura y Ordenada establecida por la CEPAL y la OIM en abril de 2021, la cual establece la articulación de medidas entre los países de la región, para que los derechos de movilidad de las personas sean respetados, como también lo establecen otros tratados internacionales. Quienes migran son seres humanos que sufren, tienen miedo y hambre, no son “otros distintos”, frente a lo cual podemos realizar un ejercicio empático preguntándonos qué haríamos si estuviésemos en la misma situación. Por eso es difícil comprender desde dónde emergen reacciones como las de ayer, en donde una manifestación de ideas se transforma en violencia entre hermanos latinoamericanos. Todos buscamos lo mismo “vivir en paz, con calidad de vida”.

Entonces ¿dónde radica el problema si no está en las personas? No es difícil distinguir que desde un análisis más profundo la respuesta apunta a nuestra conformación social que tras años de gobiernos de corte neoliberal nos han legado principios de acción individualistas, pero por sobre todo responde a un Gobierno que no ha sido capaz de abordar este problema con lógicas humanitarias, respetando los derechos de todas y todos, haciendo enfrentarse a hermanos sin dejar de ver al otro en su humanidad. Nos enfrentamos a un Estado que a la fecha ha sido ausente y periférico en esta lógica de acción y que sigue anclado fuertemente en acciones represivas. Nos regula un marco legal que está basado en restringir y oprimir, y los resultados están a la vista, exacerbar el control no lleva a nada positivo, solo favorece a quienes profitan del sufrimiento, como los tratantes de personas. Más de lo mismo no dará resultado.

Las instituciones del Estado a nivel Central y local se culpan unas a otras sobre las respectivas faltas de competencia para abordar la situación y no han logrado una operatividad que permita articular soluciones. La experiencia nos ha enseñado como disciplina que cuando se enfrenta un problema complejo se hace necesario tener un marco legal que converse articuladamente con políticas públicas no focalizadas, sino articuladas intersectorialmente. Interpelamos como Colegio Profesional al Delegado presidencial de Tarapacá a establecer mecanismos que permitan abrir el diálogo entre instituciones del Estado a nivel Central y  Regional de modo de poner en el centro a las personas y sus derechos, integrando en ello a asociaciones de migrantes, académicos del área, profesionales de primera línea en el tema y organizaciones de la sociedad civil, cuyo norte sea poder buscar soluciones dignas para todos y todas.

Mientras tanto no queda más que actuar desde las organizaciones de la  sociedad civil que se encuentran prestando apoyo. Muchos niños y niñas que han presenciado esta vivencia quedarán con efectos de sufrimiento social permanente  el que pesará por años en sus historias, tanto en su desarrollo físico como emocional. No podemos permitir que esto se agudice, porque si ello ocurre habría que preguntarse ¿a quién beneficia el enfrentamiento entre las personas?… está claro que lo que debemos enfrentar precisamente NO son las personas que están hoy en las calles de Iquique.