La Batalla de Chile: debatir sobre la Revolución Capitalista
Opinión y Comentarios 14 septiembre, 2021 Edición Cero
Waldo Aguilera Figueroa, Sociólogo
48 años han transcurrido desde que la acción cívico-militar liderada por el Ejército quebrantara nuestra institucionalidad democrática, con la finalidad de detener un proceso inédito en la historia del mundo: la sociedad socialista avanzando en su materialización por la vía electoral; a la vez imponiendo un modelo económico radicalmente opuesto y también inédito en el mundo: liberalización total de la economía. Recordemos que las reformas económicas llevadas a cabo en Chile a partir de 1973 fueron la liberalización comercial, la liberalización financiera nacional e internacional y la privatización de las empresas del Estado. Estas últimas fueron en gran parte compradas por los propios altos ejecutivos de las mismas, en el proceso que la profesora, premio nacional de periodismo, María Olivia Monckeberg llamó “El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado de Chile”.
Hoy 5 décadas más tarde de lo que el profesor Manuel Gárate Chateau llamó “La Revolución Capitalista de Chile”, tenemos mayor claridad no sólo de las atrocidades cometidas por las FF AA y carabineros, contra miles de chilenos y chilenas[1] la naturaleza ilegítima de dicha intervención armada y la injerencia directa de EE UU[2] y Australia[3], incluso desde años antes de los tristes hechos donde también le fuera arrebatada la vida al único presidente constitucional auto declarado Marxista en el mundo. Existe evidencia empírica, datos, archivos desclasificados, que despejan cualquier duda sugerida por quienes podrían desear negar la naturaleza sediciosa de ese acto, que tiñó una vez mas de sangre la historia de nuestro país.
Conviene reflexionar sobre los datos que dan cuenta de los resultados obtenidos por las políticas implantadas de manera forzada y sin respaldo democrático.
De acuerdo con cálculos de economistas y académicos, si se modifican las metodologías oficiales en Chile utilizadas para medir la pobreza, considerando exclusivamente los ingresos provenientes del trabajo hoy, (ingresos laborales y pensiones contributivas) excluyendo ingresos del capital, alquiler imputado[4], y subsidios transferidos por el Estado (esto con la finalidad de esclarecer la capacidad que tienen los ingresos del trabajo y de las pensiones bajo este modelo socioeconómico, para mantener a los hogares fuera de la pobreza), podemos llegar a establecer que, en nuestro país, bajo las actuales condiciones sociales y económicas, cerca del 40% de trabajadores, es decir, unas 7 millones 800 mil personas, estarían viviendo hoy en condición de pobreza. [5]
Pero frente a este dato alarmante, que a mi parecer debiera motivar amplias discusiones y debates a lo menos a nivel político y académico, llama la atención que la generalidad de las comunicaciones parece consensuar que el modelo neoliberal es exitoso desde el punto de vista económico, generando crecimiento y consumo.
Una paradoja por lo menos extraña, si consideramos la revuelta popular acaecida hace menos de 2 años cuya base se encuentra en el descontento generalizado por las bajas pensiones, las restricciones al acceso a la educación (calificada como un bien de consumo por el actual Presidente de la república[6]), el alto precio de los servicios básicos, el acceso a la salud condicionado por el poder adquisitivo, un sueldo mínimo que no da cobertura satisfactoria a un mínimo de bienestar en una familia, entre otras. Sumado a eso, los escándalos de corrupción que quedan al descubierto permanentemente [7], han tenido como resultado la desconfianza de gran parte de la población en la institucionalidad[8]. Resultaría extraño sostener que el panorama esbozado es el resultante de un proceso de “modernización” vivido por el Estado de Chile a partir de 1973, pero así parece ser, o mejor dicho, es lo que se nos enseña y repite permanentemente.
Frente a esta situación resulta preocupante, que a la fecha no exista el debate suficiente entre liderazgos políticos que conecten de manera eficaz con la ciudadanía, y que puedan reestablecer la confianza perdida en las instituciones públicas.
A la luz de lo referido en estas breves líneas, podríamos pensar que 50 años después del golpe de Estado, perdura una intención manifiesta por mantener y promover un vacío de análisis, ausencia de reflexión seria y metódica acerca de este acontecimiento histórico, tanto desde lo público como de lo privado. Sospecha razonable si pensamos en el diseño de la educación pública que estableció la reducción de horas de historia, o actitudes como la de empresas Carozzi, que de acuerdo a lo denunciado por el canal privado RedTV, retirara su auspicio y publicidad contratada a dicho canal, luego de que este exhibiera en su programación el fin de semana conmemorativo recién pasado, el documental “La Batalla De Chile”, trilogía histórica sobre los hechos de 1973, premiada en todo el mundo y que pone a disposición de las actuales generaciones de Chilenos y Chilenas, un material fílmico de un valor histórico invaluable para formarse una idea de los tristes acontecimientos que recordamos este mes.
Al cumplirse 5 décadas de aquella fatídica mañana del 11 de septiembre de 1973, se hace necesario mas que nunca revivir los esfuerzos por debatir seriamente sobre las implicancias sociales y políticas que aun hoy perduran, como consecuencias de la implantación dictatorial de un modelo de desarrollo, cuyo resultado podemos interpretar con lo que dice Daniel Matamala en su trabajo “Poderoso Caballero”, esto es que “la característica principal de esta sociedad es una extrema concentración del capital en un ínfimo número de familias que contrasta no sólo con la población más pobre, sino también con el trozo de la torta que reciben los sectores medios, e incluso algunos que podríamos considerar como “altos” en ingresos”.
En Chile hoy el 1% se lleva el 30% del valor de la producción total del país, en circunstancias que el 70% de los trabajadores asalariados obtiene un sueldo mensual que no supera los 450.000 pesos. La batalla de Chile parece ser, insistir en el debate sobre la revolución capitalista, para despertar a la academia y el periodismo de su letargo y restituir el interés público a la discusión política sin dogmas ni censuras.
Referencias:
[1] De acuerdo a cifras oficiales contenidas en el Informe Valech, el número de víctimas de la dictadura de Pinochet supera las 40.000 personas, de ellas 3.065 están muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
[2] “Allende, Cómo la Casa Blanca provocó su muerte”. Verdugo, Patricia. Catalonia. 2008
[4]En relación con el alquiler imputado (AI), es importante constatar que la metodología oficial establece que una familia que es dueña de una vivienda (podría estar pagando el dividendo) u ocupa una a título de cesión de parte de familiares, por trabajo, o en usufructo, se le imputa como ingreso del hogar el equivalente al costo que tiene un arriendo en el sector o manzana donde habita. Así, por ejemplo, en el caso de una persona sin trabajo, que tiene 65 años, y que es dueña de su vivienda o sigue pagándola vía dividendos, tendrá un ingreso equivalente a lo que se paga en arriendo en el lugar donde vive. Esta persona podría no tener dinero ni siquiera para comer, pero en las encuestas aparecería con un ingreso “por alquiler imputado”. Si ese dinero es mayor al monto establecido para la línea de pobreza correspondiente a la composición del hogar, se clasificará como una persona “no pobre”.
[5] “Pobreza del Modelo”. Fundación Sol 2020
[6] Julio de 2011
[7] Entre los de gran relevancia en el último tiempo podemos mencionar los casos Penta, SQM, caso Caval, colusión de precios en las farmacias, avícolas y papel higiénico. Y una de las últimas conocidas la corrupción en las comunas de Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, por citar sólo algunos.
[8] Reflejada en la baja participación en los procesos eleccionarios actuales donde, por ejemplo, en la elección de gobernador realizadas los días 15 y 16 de mayo de 2021,según cifras de SERVEL, votaron sólo 2.555.990 personas que representan el 19,6% del total del electorado. Ósea, sólo 2 de cada 10 personas habilitadas para sufragar en nuestro país, votaron en dicha elección.