Algunos elementos para un análisis crítico del proyecto de Ley de desmunicipalización.

Luis S. Dávila Mendoza, profesor de Estado en Biología y Ciencias

La verdadera desmunicipalización ha sido una demanda histórica del movimiento social por la educación. Primero, planteada por el Colegio de Profesores de Chile en los años 90 (Gobierno de Patricio Alwin) y luego puesta con fuerza en el debate social por los estudiantes a partir del año 2006 (Gobierno de Michelle Bachelet) entendiendo que esta se traducía, en la práctica y en la actualidad, en la mera “alcaldización”.

A raíz de las demandas anteriores y la mera “alcaldización” de la educación es que resaltan aspectos tales como:

La crítica global al rol preponderante de los sostenedores, no sólo municipales, sino también, en particulares subvencionados. Según la legislación chilena, los sostenedores tienen la potestad para decidir sobre los aspectos centrales de los procesos educativos: contrataciones y despidos, expulsiones de estudiantes, ajustes curriculares. Diversos estudios señalan que aproximadamente solo unos 50 municipios cuentan con equipos técnicos especializados en educación, por cierto, se trata de los municipios más ricos del país. Una situación similar o peor presentan muchos sostenedores particulares.

La crítica al fracaso de la descentralización que se prometió al momento de municipalizar la educación. Si bien al municipalizar, se restringe el poder de decisión del Ministerio de Educación, en la práctica se aloja todo el poder en los sostenedores, esta especie de “gerentes de empresas”, desplazando el rol que debieran tener las comunidades educativas en la educación.

La desigualdad que, en la práctica, genera la municipalización y el sistema de sostenedores, pues los recursos para la educación de los niños y jóvenes depende de las capacidades financieras y la gestión que realiza cada municipalidad (sabemos que las diferencias de recursos que manejan los municipios es brutal, por ejemplo, entre los municipios de Las Condes y la Pintana).

El permanente desmedro que ha vivido la educación municipal en el modelo de educación de mercado, que se centra en captar matrículas para recibir subvención, en medio de permanentes señales de los gobiernos respecto de que la calidad de la educación es el puntaje SIMCE. Esto ha significado una brutal caída de la cobertura de la educación pública desde el 78% del total de la matrícula el año 1980, al actual 32% de la matrícula total (en el que se ubican los estudiantes más pobres del país).

La crítica al modelo de financiamiento (subvención a la demanda o voucher) que hace competir a las escuelas públicas con las privadas por los recursos.

Un dato interesante y desigual, en el año 2014, las escuelas particulares subvencionadas recibieron en total más de 2.500 millones de dólares, sólo por concepto de subvención regular, superando en 500 millones lo recibido por las escuelas municipales. Además, nuestro país es el que menos gasto público presenta en Educación, comparado con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.