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Profesor Haroldo Quinteros Bugueño El golpe de estado de 1973, en términos técnicos, fue una acción militar, llevada a cabo por las Fuerzas Armadas... A 48 años del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973

Profesor Haroldo Quinteros Bugueño

El golpe de estado de 1973, en términos técnicos, fue una acción militar, llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile (FF AA), conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, más la policía uniformada y civil, que también tienen características militares, tanto en el plano logístico como profesional.

Desde el punto de vista político, fue una acción que recuerda  la famosa frase de Carl von Clausewitz  que “la guerra es la continuidad de la política por otros medios”. Así fue. El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 vino a dar fin a un enfrentamiento político, que se desenvolvía sola y exclusivamente entre dos bandos civiles,  la izquierda socialista, representada por el gobierno del Presidente constitucional de Chile  Salvador Allende y sus sostenedores políticos, los partidos de izquierda que integraban la coalición de gobierno, la Unidad Popular (UP), como también otros partidos menores de izquierda que no eran parte del gobierno, específicamente el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); y la derecha opositora a ese gobierno, representada por el Partido Nacional (PN) , defensor del viejo sistema capitalista vigente entonces; es decir, de los intereses económicos del empresariado chileno y extranjero, y el Partido Demócrata Cristiano, o Democracia Cristiana (DC), con el que formaron una coalición de oposición que se llamó “Confederación de la Democracia” o “Frente Democrático” (FD).

Los beneficiados del golpe de estado fueron los posesores del gran capital nacional  y los intereses económicos de Estados Unidos (EE UU), tanto en Chile como en los demás continentes,  puesto que la mayor potencia capitalista del mundo veía cómo nuestro país, que se declaraba abiertamente anti-imperialista,  se transformaba aceleradamente en un país socialista e independiente económicamente por la vía pacífica. En fin, las FF AA abandonaron su rol mandatado constitucionalmente,  en el sentido de observar una conducta neutral ante las controversias políticas de la civilidad. Debían atenerse a sólo respetar la constitución, e hicieron lo contrario. Desobedeciendo las leyes, actuaron como el brazo armado de la derecha civil y de los intereses de una potencia extranjera.

El rol de la DC fue grotesco. Sirvió de caja de resonancia en la acción sediciosa contra el gobierno constitucional, a la espera que una vez producido el golpe, la derecha y los golpistas militares le entregarían de manera transitoria la administración del país hasta el re-establecimiento de la democracia. En los pocos meses que duró esa espera, los dirigentes demócrata-cristianos que arrastraron a su partido al golpe, colaboraron con la dictadura, justificaron el golpe ante el mundo, y algunos de ellos participaron en el gobierno.

Un año después del golpe, la DC se separó completamente de los golpistas. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente, y qué había ocurrido antes? Veamos:

La derecha pura, agrupada en el Partido Nacional (PN), era ostensiblemente minoritaria en Chile en esa época. En las elecciones del Parlamento de marzo de 1973, las últimas realizadas en democracia antes del golpe de estado de 1973, la ciudadanía superó en participación a todas las elecciones antes realizadas en el país, alcanzando el récord de 81%. La derecha  obtuvo el 16% de los votos, menos de la quinta parte del total. El partido mayoritario en Chile era su aliada hasta el día del golpe, la centrista DC, que obtuvo el 40% de la votación. Por lo tanto, la mayor fuerza política de orientación única (socialista y anti-imperialista) era la izquierda, que obtuvo con la UP poco más del 44% de los votos. El eje de la UP era la unidad de dos partidos marxistas, el Partido Socialista y el Partido Comunista, a los que se sumaban partidos menores.

Además de asesinar al Presidente de la República, a los mejores dirigentes de los partidos de la Unidad Popular, y lanzar a la cárcel y el exilio a miles de ellos,  la dictadura que advino con el golpe de estado; sostenida en el plano civil por la   derecha política, se deshizo rápidamente de su aliada golpista , la centrista DC. Obviamente, fue entonces cuando se conoció a cabalidad cuál sería la orientación ideológica que tendría el gobierno dictatorial.

Conviene, sobre todo para que lo sepan bien las generaciones jóvenes de hoy, referirse a qué fue lo que gatilló la alianza de la DC hizo con la derecha. Fueron tres situaciones:

Primero, siempre hubo en la testera de la DC una corriente anti-izquierdista y pro-capitalista, lo que sirvió admirablemente a la dictadura, puesto que entonces, la derecha no contaba con cuadros técnicos suficientes como para manejar sola todo el país en sus estratos administrativos.  En efecto, el gobierno dictatorial se ayudó de la DC. Tuvo algunos ministros y consejeros DC como Jorge Cauas, además de cientos de funcionarios administrativos que ocuparon cargos en reparticiones públicas, rectorías, vicerrectorías y cátedras en las universidades (ocupando las vacancias dejadas por los cientos de académicos exonerados), etc.

Segundo, si bien en 1970 el sector conservador de la DC era minoritario, el continuo boicot de la poderosa derecha económica, tanto industrial como comercial,  y el del imperio estadounidense contra el gobierno de la UP tuvo su efecto; y a ello se suma  el asesinato del ex – ministro de Frei Montalva Edmundo Pérez Zujovic, en un atentado tan inexplicable como absurdo y torpe, ejecutado por un comando de una agrupación de ultra-izquierda, la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), tan extra-parlamentaria como clandestina. Por supuesto, el gobierno de la UP, y por orden de Allende, ordenó perseguir a la VOP y acabar con ella. Sus líderes principales fueron muertos y encarcelados.

Por cierto, la VOP le había hecho un espectacular favor a la derecha, puesto que el asesinato de Pérez facilitó y consolidó  la hegemonía política en la dirección de la DC de su sector conservador. Recuérdese que en las elecciones presidenciales de 1970, en la DC se impuso  Radomiro Tomic como su candidato, un antiguo político de clara definición de izquierda, que, incluso llegó a plantear durante el gobierno de la UP la necesidad de llegar a un acuerdo con él. En fin, aunque la VOP fue aniquilada por el gobierno,  la DC, con los conservadores Frei Montalva, Zaldívar y Aylwin a la cabeza,  se alió con la derecha y, lógicamente, a la campaña política contra el gobierno de la UP, y finalmente, al golpe de estado, acciones planeadas e iniciadas por la derecha y el imperialismo norteamericano inmediatamente después de la asunción de Allende al gobierno.  Todo ello ocurría a contrapelo de lo que era oficialmente el origen y programa de la DC.  En teoría, entonces, era un partido promotor de un Estado contrario al modelo socialista de partido único, de economía mixta, de lo que la DC llamaba “la sociedad comunitaria;” es decir, igualitaria. La DC llegó, incluso,  a llamar “revolucionario” a su proyecto,  en cuanto proponía la sustitución del sistema capitalista entonces vigente por aquella sociedad “comunitaria.” Eso era su programa político, que los líderes de la DC llamaron también “Revolución en Libertad.”

La derecha nacional y también dirigentes de  la DC hasta hoy alegan  que el golpe de estado fue legítimo porque, primero, la derecha  y la Democracia Cristiana tenían en 1973 mayoría parlamentaria; y segundo, porque la Corte Suprema también avaló el cuartelazo. Por supuesto, ambos argumentos son falaces. Primero, el golpe se produjo en la mitad del período presidencial de Allende y en todos los países democráticos del mundo la democracia se basa en el principio de la realización de elecciones de Parlamento en la mitad de la administración presidencial, y que cualquiera sea el resultado de la elección,  el Presidente debe terminar su mandato sólo si la oposición parlamentaria lo acusa constitucionalmente con una votación de dos tercios. Pues, bien la dupla derecha-DC, el FD,  no obtuvo el 66,6% que necesitaba para destituir legalmente a Allende.

El FD llegó al 56%. Por lo tanto, ese argumento es desechable y falso. Además, nunca un gobierno en toda la historia de Chile había llegado a un apoyo tan alto como el que tuvo el gobierno de la Unidad Popular con un 44% de los votos, el apoyo mayor, repetimos, que había tenido un gobierno en toda nuestra historia republicana en la mitad de su período constitucional. En consecuencia, el segundo argumento (el apoyo de la Corte Suprema al golpe) es espurio y sesgado,  en tanto desvirtúa y envilece nuestras leyes y el rol constitucional de neutralidad política de la Justicia en Chile. Desde entonces, la Corte Suprema carga sobre sí el estigma de no sólo haber justificado el golpe, sino no haber movido un dedo contra la dictadura, como correspondía legalmente hacerlo, cuando en Chile se violaban flagrante y sistemáticamente los Derechos Humanos ante los ojos de todo el país y de la comunidad internacional.

La Corte Suprema no hizo nada por detener la barbarie fascista y la larga suspensión de las garantías constitucionales decretadas por la dictadura, aunque Chile era signatario de leyes internacionales al respecto, que debían respetarse. De manera que no sólo la derecha y los militares fascistas quedaron manchados de sangre ante los ojos de todo el mundo, sino también la DC y la Corte Suprema. Esa es la verdad objetiva e histórica, duela a quien duela.

A la pregunta ¿Qué hizo el gobierno de la UP para ser derrocado de modo tan cruento? Veamos:

Por primera vez en la historia, un gobierno en Chile se atrevía a tocar las bases del orden económico existente, basado en la posesión de la riqueza por una minoría, con una economía en su mayor parte minera de exportación, y dependiente del poder imperialista en lo político y económico que ejerce EE UU en todo el mundo.

Salvador Allende asumió en 1970 como Presidente del país, siendo el primer político de orientación socialista revolucionaria,  declarándose abiertamente  marxista y con un programa de gobierno anti-imperialista, que accedió al gobierno por primera vez en el mundo  a través de elecciones establecidas en las leyes vigentes. Nacionalizó el cobre a través de una ley referida al principio de las «ganancias excesivas,» que se hizo ampliamente famoso en el mundo, siendo fue aplicado en otras latitudes. Nacionalizó todas las riquezas mineras del país y las mayores industrias estratégicas; aplicó a fondo la reforma agraria que había sido aprobada bajo el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, pero que fue interrumpida en abril de 1970 con el asesinato del militante DC Hernán Mery, un funcionario de gobierno de la Corporación de Reforma Agraria, perpetrado por asesinos ligados a terratenientes de la región en que se desempeñaba. Allende también apoyó la revolución Cubana ante las agresiones del gobierno de EE UU y realizó importantes reformas sociales, en la Salud, el sistema bancario, el empleo, la vivienda y la Educación.

Antes de ganar las elecciones, el gobierno de EE UU y derecha política nacional ya habían empezado a actuar: En 1969, un grupo de militares protagonizó el asalto al regimiento “Tacna” en Santiago (el  “Tacnazo”), para evitar el posible triunfo de la izquierda en 1970. Con ese mismo objetivo, ese mismo año, la empresa norteamericana ITT inició su conspiración en Chile, entre civiles y militares y ante el propio gobierno. Agentes de la ITT sostuvieron una entrevista con el presidente Frei, al que le pidieron derechamente colaborar en su plan de impedir el triunfo de la izquierda. Frei, si bien no aceptó la propuesta, tampoco denunció esta gravísima injerencia extranjera en nuestros asuntos internos. Luego del triunfo de la UP, y antes de asumir Allende, un comando terrorista de derecha asesinó al Comandante en Jefe del Ejército René Schneider Chereau, y en 1972, la conspiración ya estaba organizada y preparando el golpe final.

Los civiles más activos contra el gobierno, tanto de la derecha como de la DC, fueron activos en el acaparamiento de alimentos y bienes básicos de consumo, e incluso, en sacarlos de Chile de manera clandestina; es decir, en forma de contrabando. El dirigente DC Guillermo Medina lideró una huelga del cobre en el mineral de Sewell y el gremio de dueños de camiones, adictos tanto a la derecha como a la DC,  intentaron paralizar el país en el mes de octubre. Todo eso ocurría sólo a cuatro meses de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, con el obvio fin de ganar el apoyo ciudadano que permitiera a la coalición de oposición derecha-DC obtener los dos tercios en el Parlamento que necesitaba para destituir a Allende.

También hasta hoy,  personeros de la derecha y la DC aducen que Allende cayó por su fracaso en la economía. A estas alturas de nuestra historia nacional, cuando ya todo se sabe, afirmar eso no sólo es ignorancia, sino una soberana estupidez. Es indiscutible hoy, luego de la desclasificación de cientos de documentos secretos de la CIA con respecto al golpe de estado de 1973, que su preparación empezó a gestarse desde antes del triunfo de la UP en la elección presidencial de 1970. El gobierno de Estados Unidos, a cuya cabeza estaba el presidente Richard Nixon, destituido en 1975 por el espionaje que ordenó contra el Partido Demócrata, y su secretario de Estado Henry Kissinger, fueron decisivos en la caída del gobierno de Salvador Allende.

Está totalmente acreditado que el gobierno de EE UU financió directamente la preparación de muchas de las acciones que llevaron al país a un  clima social de descontento, cuyo fin era terminar con el gobierno de Salvador Allende. Las  pruebas documentadas de la intervención norteamericana sobran. Nixon, apenas asumido, ordenó derrocar a Allende mediante el Proyecto FUBELT, más conocido como Track 2.  En un documento desclasificado de la CIA  publicado en 2009 se reveló que Nixon, durante su gestión, ofreció dinero y ayuda secreta al dictador de ultra derecha  brasileño Emilio Garrastazú Médici, que se ocuparía de convencer a las FF AA chilenas de derrocar a Allende, dinero que, obviamente, se invertiría en Chile, lo que conlleva la posibilidad de sobornos a la oficialidad nacional. Hay más todavía: de acuerdo a papeles oficiales por mucho tiempo secretos, y que ahora son públicos, divulgados por la organización no gubernamental de EE UU llamada “National Secret Archives” (Archivos Secretos Nacionales),  Garrastazú Médici, en un encuentro con Nixon en la Casa Blanca el 9 de diciembre de 1971,  dijo a Nixon que “Brasil estaba trabajando con el objetivo de derrocar a Allende.”

También está acreditada la falsedad del “Plan Z,” un invento propagandístico difundido por la dictadura durante varios años, tanto en Chile como en el extranjero. Este falso plan, supuestamente obra del gobierno presidido por Salvador Allende, hablaba de la presencia de miles de guerrilleros cubanos en Chile; como también de planes para matar a oficiales del Ejército. También están acreditados los continuos encuentros secretos de derechistas chilenos, como Agustín Edwards (el dueño de “El Mercurio”), Sergio Onofre Jarpa y Sergio Diez, con personeros de la CIA y del Departamento de Estado de EE UU en Washington.

Sigo:  según “Wikipedia”,  dentro de estas acciones de financiamiento e intervención de EE UU en Chile  se encuentran nada menos que el asesinato del general René Schneider y el “Tanquetazo,”  la fracasada sublevación militar del 29 de junio de 1973, la huelga de los camioneros de octubre-noviembre de 1972, la huelga del cobre en Sewell. Todos estos actos planeados por la derecha nacional y agentes de la CIA, fracasaron. Al fin y al cabo, fracasaron porque Allende tenía un fuerte y muy activo apoyo popular y de la clase trabajadora, y porque, en fin, había trenes estatales en Chile.

También está totalmente probado que varias flotas norteamericanas, ya terminada la tradicional “Operación Unitas,” se quedaron en alerta frente a Valparaíso, en caso, obviamente, que el golpe fracasara.

Hasta aquí, es preciso detenerse en algo muy importante. Se trata del problema de la “Traición a la Patria”, figura jurídica contemplada en todas las legislaciones del mundo. Esta figura se da especialmente en situación de guerra civil; es decir, de confrontación interna. Se da cuando un bando pide y obtiene la intervención de un país extranjero en su favor. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Chile.  Dicho derechamente, el golpismo chileno, tanto civil como militar, tuvo el apoyo de una potencia extranjera en su plan de derrocar un gobierno legalmente constituido. Esto, lisa y llanamente,  se llama Traición a la Patria.

El apoyo al golpe, aunque ha sido   reconocido por EE UU, nunca lo ha sido por la dupla derecha-DC en Chile. Hay muchos ejemplos históricos que configuran el delito “Traición a la Patria.” Por ejemplo, en el siglo XVII, el rey Carlos I de Inglaterra fue decapitado porque en su lucha interna contra el Parlamento encabezado por Oliver Cromwell pidió secretamente ayuda a Irlanda; lo mismo sucedió con Luis XVI en Francia, que se la pidió a Austria, durante la Revolución Francesa. En las sentencias de ambos reyes ejecutados consta su alianza con un país extranjero.

En realidad, es imposible negar que el golpe de estado fue tanto una acción chilena como norteamericana.  El gobierno de Nixon declaró muchas veces que no toleraría un solo gobierno más socialista en América Latina, como Cuba, aunque fuese elegido democráticamente. La intervención norteamericana en Chile empezó, incluso, un año antes del triunfo de Allende; por ejemplo, con la intervención de la empresa transnacional ITT en Chile Como ya lo señalamos, tal intervención sólo vino a conocerse gracias a la investigación y denuncia pública del  periodista norteamericano del diario Washington Post, Jack Anderson, quien consiguió toda la documentación sobre la reunión secreta que tuvo el presidente Frei Montalva con los agentes enviados a Chile por la ITT.

Según ella, la ITT llamó directa y personalmente a Frei a plegarse a las acciones que ya se planeaban en EEUU para impedir el triunfo de la izquierda chilena  en 1970. Lo grave de esto, es que Frei Montalva cometió el grave delito de lesa patria de no denunciar a la Justicia chilena y ante el país el plan que tenía una potencia extranjera de intervenir en nuestros asuntos internos y derrocar su gobierno; peor aun, si Frei no se plegó entonces al golpe, lo hizo tres años  después, sabiendo que el derrocamiento del gobierno constitucional de Chile era un plan estadounidense desde hacía mucho tiempo.  Transcribo informes norteamericanos oficiales desclasificados hace unos años, sobre el golpe:

 El 15 de septiembre de 1970 (sólo unos días después del triunfo de la Unidad Popular), en una reunión en la Casa Blanca a la que asistió Kissinger, el presidente Nixon declaró al director de la CIA, Richard Helms, que la elección de Allende era inaceptable, ordenando a la agencia actuar, con la frase «haremos chillar a la economía chilena.»

 La CIA lanzó una campaña masiva de operaciones encubiertas –primero para impedir que Allende asumiera el gobierno, y segundo, si esa estrategia fracasara, minar su gobernabilidad. Nixon dijo lo siguiente ante su Consejo de Seguridad Nacional el 6 de noviembre de 1970, dos días después de que Allende asumiera al gobierno:

Nuestra principal preocupación en Chile es la posibilidad de que Allende se consolide, y que su imagen ante el mundo aparezca como un éxito.

 Llevando a cabo la orden de Nixon, en los años siguientes el gobierno de EE UU “estranguló la economía de Chile,” según palabras textuales de Henry Kissinger, el jefe del Departamento de Estado norteamericano. Los bancos congelaron créditos, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales dominadas por Estados Unidos cancelaron préstamos; la ITT formó un comité de representantes de corporaciones estadounidenses para planear una estrategia destinada a derrocar a Allende; se enviaron agentes de la CIA a sabotear la economía adiestrando a grupos terroristas de ultra-derecha, y financiar un movimiento nacional de oposición contra el gobierno de Allende,  como la huelga de camioneros que consiguió paralizar parte del sistema de transporte.

Terminada la dictadura,  en un acto de celebración del triunfo presidencial del ex – presidente Aylwin, éste, con lágrimas en los ojos, pidió perdón al país por las violaciones a los DD HH que se cometieron en dictadura. Sí, claro, lo hizo, pero a nombre del Estado. Lo correcto era haber pedido perdón como demócrata cristiano, porque su partido, del cual él era su primer dirigente en esa época, se alió con la derecha y el imperio norteamericano para el derrocamiento del gobierno legalmente constituido. Aylwin y su partido se sumaron al golpe, e incluso, lo defendieron. El fiasco demócrata cristiano quedará para siempre en nuestra historia como un acto bochornoso. Los golpistas no le entregaron el gobierno a la DC, persiguieron a sus dirigentes, y unos terminaron en el exilio. Es más, Bernardo Leighton, uno de sus más importantes líderes, sufrió un atentado terrorista en Italia, perpetrado por agentes chilenos de la dictadura, que le causaron poco después la muerte, tanto a él como a su esposa. Además, la dictadura acabó con la vida de su primer líder Eduardo Frei Montalva, cuando éste inició una campaña contra la dictadura abogando por una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Los que todavía no lo creen, lean el libro de su hija Carmen, hoy Presidenta de la DC, libro aparecido hace sólo unos años, que lleva el nombre “Magnicidio. La Historia del Crimen de mi Padre” (Aguilar, 2017).

Hasta ahora los militares alegan que siempre fueron neutrales en política. Por lo tanto, la Junta Militar que derrocó a Allende en 1973 no tenía ninguna orientación política.  Por supuesto, eso es una ridícula mentira. La oficialidad de los militares chilenos ha probado desde hace mucho tiempo que tiene una orientación política conservadora es decir, de derecha. Por supuesto, en 1973, los militares no sabían gobernar,  porque eso no es parte de su formación profesional, de modo que cuando tomaron el poder, que naturalmente sólo podía ser administrado por civiles, llamaron a sus cómplices, los partidos de derecha.

Probablemente, el conservadurismo de derecha de la oficialidad militar, puede ser hoy muy acendrado, puesto que durante la dictadura, la derecha civil, con Jaime Guzmán a la cabeza, dictó clases y charlas en la Escuela Militar y otras academias castrenses hasta el fin de la dictadura, con el fin de adiestrar ideológicamente a los militares, los mismos que justo hoy son generales y oficiales mayores del Ejército y demás ramas de las FF AA.

Otra falsedad más: La “obediencia” al superior. Este principio es sagrado en todos los ejércitos del mundo, con solemnes juramentos ante Dios y los emblemas patrios. Sin embargo, en Chile, todo militar que piense, como corresponde a todo ser humano, antes de jurar debe preguntarse quién es el superior de sus superiores, y la respuesta es esta: En toda democracia, el superior de las Fuerzas Armadas es el Presidente Constitucional de la República, según el principio “milites sub civibus,” vigente en todos los países democráticos (los militares están bajo el poder civil). En 1973, la oficialidad militar, confiada en la lealtad de sus subalternos, traicionó a su superior el Presidente constitucional de Chile, ejecutando así el acto de Traición a la Patria,  como fue el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.

Finalmente, en el caso de Chile ¿son justos los términos “golpe militar” y “dictadura militar”? No. Rotundamente no.  Al respecto, veamos lo que dice Wikipedia, un ente informativo estadounidense que, obviamente, no tiene nada de comunista ni socialista:

Chile, que en 1973 se mantenía como una de las democracias más estables en América Latina, entró en una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1990. Durante este período, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Por cierto, así fue. La dictadura no fue solamente militar, sino, además, civil. En realidad, los militares sólo pusieron las balas, las torturas y, en fin,  todo el “trabajo sucio,” y fue la derecha civil y política la que realmente gobernó en todas las esferas de la vida social.  Dicho más claramente, en Punta Peuco debería también haber civiles presos, como los que boicotearon nuestra economía durante el gobierno de la UP; los que acapararon y ocultaron nuestros productos industriales para hacer creer al pueblo que el país no producía, sabiendo que según cifras estadísticas innegables la producción en Chile nunca bajó, y por el contrario, que se mantuvo subiendo durante el gobierno de Salvador Allende; los que sacaron los productos y bienes diarios de consumo hacia fuera del país en calidad de contrabando; los que viajaron a diario a Washington para planear con el Departamento de Estado norteamericano el derrocamiento del gobierno constitucional de Chile; los  fiscales, jueces y miembros de los consejos de guerra de los juicios-farsas que enviaron a miles de compatriotas a la cárcel, a la muerte y al exilio; los soplones de la derecha y la DC de los meses y años que siguieron al golpe; los encubridores de miles de crímenes; los médicos que participaron en las torturas; los abogados que se comprometieron a defender a los presos políticos, y que recibieron dinero sabiendo que todo lo que hicieran no servía de nada; los periodistas y  la prensa que ocultaba lo que ocurría en Chile; los actuarios, jueces locales y los ministros de la Corte Suprema que nunca acogieron las demandas por asesinatos, desapariciones y torturas, sabiendo que tenían la obligación de hacerlo, etc., etc.

El 11 de septiembre es una fecha de connotación histórica,  que no sólo incumbe recordar a la izquierda chilena.  Es una fecha que terminó con la línea socio-cultural y política que el pueblo de Chile venía dándose desde los inicios de la República. Teníamos una economía capitalista mixta, en la que progresivamente se hacía más y más fuerte la intervención del Estado.  Sin el traicionero  golpe de estado de 1973, esa línea hubiese continuado, porque todo indicaba que el gobierno de Salvador Allende  resolvería los problemas que tenía en el plano económico, y sobre todo, porque cada vez más, muchos militares se alejaban del golpismo.

Hasta 1973, vivíamos una democracia, la que hoy no tenemos. Nos rige una constitución política ilegítima, que desde 1980 sigue vigente. Tampoco tenemos una Asamblea Constituyente que pueda asegurar que tendremos una constitución realmente nueva, popular y democrática. En este 11 de septiembre, es preciso que el pueblo chileno no ceje en su lucha por acabar con las injusticias reinantes, traídas a nuestra Patria por la dictadura. La dignidad nacional que se alzó el 18 de octubre de 2019, no debe debilitarse. Ella es la única forma de recuperar la Patria, dejar atrás la traición y el crimen que usurparon al pueblo en 1973 el legítimo poder del gobierno nacional y popular que presidía el doctor Salvador Allende Gossens.

 

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