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Luis S. Dávila Mendoza, profesor de Estado en Biología y Ciencias Cuantos años han pasado y parece que las mejoras en educación han retrocedido,... A 101 años de la promulgación de la ley n° 3.654, Ley de Instrucción Primaria obligatoria.

Luis S. Dávila Mendoza, profesor de Estado en Biología y Ciencias

Cuantos años han pasado y parece que las mejoras en educación han retrocedido, diría un ciudadano de la calle.

Haciendo un poco de historia de la Educación chilena debemos retroceder a junio de 1.813, donde los primeros senadores de la República de Chile, bajo el alero del reglamento constitucional impulsado por José Miguel Carrera, promulgaron la Ley de Instrucción Primaria. Lo anterior obedeció a los altos niveles de analfabetismo, quienes sabían leer y escribir apenas alcanzaba a un décimo de la población que era de un millón de habitantes en ese entonces.

El patriotismo reinante en esos tiempos, más la efervescencia popular llevo a que todo pueblo con 100 vecinos aproximadamente debía tener una escuela primaria costeada por la municipalidad, gratuita y con entrega de materiales escolares a los niños y niñas. Un regidor decano de cada cabildo debía velar por el cumplimiento de la ley, visitando la escuela una vez al mes e informando semestralmente.

Eran los primeros esbozos por impulsar una educación pública gratuita dependiente de la República nueva, como eje de la formación de la nueva ciudadanía y como base para el progreso económico y social del país.

Transcurrido casi 100 años de vida Republicana, el país no se veía alegre debido a la pobreza que reinaba en los sectores más golpeados socialmente. El senador de ese entonces Enrique Mac-Iver, con respecto a la educación planteaba: “a medida que las escuelas aumentan, la población escolar disminuye”. Lo anterior se hacía ver en las llamadas “aulas vacías”, producto del ausentismo, la deserción escolar y el trabajo infantil.

En 1.902 fue presentado al parlamento un proyecto que establecía la obligatoriedad de la instrucción primaria, Ley n° 3.654. Esta se aprobó 18 años más tarde, el 26 de agosto de 1.920, siendo presidente de la República don Juan Luis Sanfuentes.

Esta ley, que marcó un hito en la educación chilena, estableció que el Estado chileno garantizaría a cada niño el acceso gratuito a los centros educacionales y velaría para que se cumpliera la normativa. Para ello los padres tenían la obligación de que sus hijos frecuentaran durante 4 años, a lo menos, y hasta que cumplieran 13 años de edad, un establecimiento de educación primaria fiscal, municipal o privado. Los estudiantes que hubieran cumplido 13 años sin haber adquirido los conocimientos de los 2 primeros años de la educación primaria, deberían seguir asistiendo a la escuela hasta ser aprobados en las pruebas reglamentarias anuales o hasta cumplir los 15 años de edad.

Fue de tanta importancia la promulgación de esta ley, que hubo desfiles, festejos y fiestas en varias ciudades y los principales líderes fueron recibidos en el palacio de la moneda y en el Congreso Nacional.

Hoy a 101 años hemos avanzado, pero a la vez se ha retrocedido, niños, niñas y adolescentes más pobres no tienen educación de verdadera calidad, igualdad y equidad.

Hoy a 101 años de esta ley, se saluda y se valora el trabajo consiente de toda la comunidad educativa en pro de la formación del ser humano nuevo para una sociedad libre y democrática.

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