Colectivo «Por Cambios de Verdad», analiza las claves de la Constitución impuesta al país en dictadura.

Un análisis en profundidad que identifica las principales claves de la actual Constitución política de Chile, impuesta al país durante la dictadura, realizó el Colectivo «Por Cambios de Verdad», siguiendo con su análisis crítico del proceso constituyente que vive el país.

El Colectivo «Por cambios de Verdad», compartió esta reflexión, mediante una declaración pública, como una forma de contribuir al debate y entregar su visión crítica.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Nosotros, el Colectivo Político Por Cambios de Verdad de Tarapacá, hemos señalado en repetidas ocasiones que lo que quiere la mayoría de los chilenos es un cambio sustancial de nuestra legalidad; vale decir, lo que quiere el país es una nueva constitución política. Esa fue la única razón de la rebelión popular que se inició el 18 de octubre de 2019. La clase política profesional nacional, tan sorprendida como asustada ante esa vibrante eclosión social nacional,  accedió a ese deseo y se sumó a la consigna por levantar en Chile una Asamblea Constituyente,  el único medio existente, como lo revela la experiencia internacional, de redactar de manera verdaderamente democrática una nueva constitución. Sin embargo, eso fue pura demagogia.

La clase política, en noviembre de 2019, distorsionó ese clamor popular, y muy rápidamente impuso en un plebiscito una “convención constitucional”, en lugar de una asamblea constituyente, que es, en verdad, su contrario. Los partidos de la derecha, así como los de la ex – Concertación suscribieron secretamente un pacto que llamaron “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución” que de ninguna manera asegura que tendremos realmente una nueva constitución. Es así por la simple razón que no quieren que las cosas cambien. El funcionamiento de la convención constitucional se hace en gran parte según las leyes vigentes, las de la actual constitución, la misma que Chile rechaza. Dicho brevemente, los acuerdos a que llegue la convención deberán alcanzar dos tercios para su aprobación; de manera que lo clave que el país necesita cambiar será muy difícil de cumplir.

Sin embargo, esperamos que, sobre todo, por la presión popular en las calles,  los delegados más débiles y proclives a ceder no sean víctimas de las amenazas de la derecha y su poder en todos los planos de la vida nacional.  Por lo menos, y entre muchos otros, hay dos puntos claves de la actual constitución que deben ser eliminados, porque sólo reflejan la naturaleza del régimen político y económico vigente. El primero de ellos es el referido a la soberanía nacional. Según la constitución de la dictadura, la soberanía no reside en el pueblo, sino en lo que llama “la Nación.” Señala así textualmente en su artículo quinto:

“La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece.”

Aclaremos: ¿Qué es la Nación? La Nación son las instituciones del Estado, vale decir, sus tres poderes, en los que destacan sobre todo, el Ejecutivo (el Presidente de la República),  y el Parlamento, (el ente político que hace las leyes). Pues bien, la constitución establece que esa soberanía la ejercerá el pueblo a través de “plebiscitos.” ¿Cuáles plebiscitos? Esto ha sido el mayor fraude político al pueblo de Chile.  ¿En qué plebiscitos se han votado nuevas leyes, del tipo que sean? ¿En qué plebiscito regional se ha votado por la resolución de los problemas concretos de las regiones? ¿En qué plebiscito se votó la desnacionalización del cobre hasta un 75%?

¿En qué plebiscito se votó la enajenación del agua, de las carreteras, la energía eléctrica, nuestros bosques, etc.? ¿En qué plebiscito se votaron los Tratados de Libre Comercio, la militarización de la Araucanía y los derechos de los pueblos originarios? ¿En qué plebiscito se ha votado por el establecimiento de un referéndum revocatorio que decida sobre la calidad y probidad de las autoridades, y eventualmente el cese en sus cargos? ¿En qué plebiscito se votó las concesiones mineras a las transnacionales que pagan una miseria en royalties, procesando nuestro cobre fuera de Chile, siendo que  constitucionalmente el dueño de todas nuestras riquezas es el Estado, etc., etc., etc?

En los hechos, el pueblo no ha ejercido nunca soberanía, porque nunca fue llamado a plebiscito para votar esas leyes durante todas las administraciones de la derecha y de la Concertación desde el fin de la dictadura. Y en cuanto las elecciones, ya sabemos cómo ellas funcionan. Son los viejos partidos políticos, mejor dicho, el insignificante grupúsculo de dirigentes de la desprestigiada clase política que tenemos, el que pone los candidatos, según les convenga y parezca.

El otro punto importante de la constitución vigente se refiere a la consagración legal del sistema neo-liberal imperante, traído a Chile en calidad de experimento por el imperialismo norteamericano. El principio teórico sobre el cual descansa el neo-liberalismo se llama “Subsidiaridad,” cuyo significado originalmente es “ayuda”; vale decir, según la actual constitución política de cómo los privados “ayudan” al Estado. ¡Vaya ayuda!  En verdad, su significado real es “remplazo”, porque las funciones  naturales del Estado han sido usurpadas por el capital privado. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 19 numeral 21, inciso 2° de la Constitución Política de la República: Dice así textualmente:

“El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza.”

¿Qué significa esto? ¿Cuál es la trampa que hay tras este artículo? Primero, las leyes se votan en el Parlamento, y para asegurarse que los parlamentarios contrarios al sistema no tengan jamás ese quórum (para variar,  de dos tercios) también la constitución impuso el sistema binominal, según el cual habrá para siempre un empate político en el Parlamento que impedirá cualquier cambio. No olvidemos nunca que el sistema binominal de elecciones no ha sido cambiado, sino apenas atenuado.

En resumen, según este artículo de la constitución, toda vez que en aquellos casos en que los privados no puedan o no quieran realizar una actividad económica, será el Estado quien asumirá ese rol. Esto, y dicho con toda claridad, lo señala el artículo 21° de la constitución neo-liberal que tenemos, por cuanto el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, sólo si no hay empresarios privados para ello, y además,  una ley especial de quórum calificado que lo autorice.

Pero no sólo eso. Jaime Guzmán , el primer asesor y consejero ideológico de la dictadura, dejó las cosas así en claro: “el Estado no absorberá las actividades que pueden ser desarrolladas por los particulares, ya sea solos o agrupados en sociedades intermedias.” Más tarde, Guzmán agregaba “la subsidiaridad cubrirá todos los aspectos de la vida social.” En otras palabras, no sólo la cuestión empresarial, sino, además, los derechos fundamentales humanos, como la Salud, la Educación y las pensiones después de una vida de trabajo, también son objeto de mercado y, por lo tanto, entran en el sistema neo-liberal. Como el Estado sólo hará lo que no quieren hacer los privados, hoy todo se compra, y los empresarios de la Salud, la Educación y las AFP se han enriquecido y siguen enriqueciéndose con aquello que son derechos humanos universales.

En conclusión, la lucha por una nueva y real constitución no ha terminado.  Sólo una nueva constitución dará paso a la soberanía del pueblo, la expresión máxima de la democracia, y al fin del nefasto sistema neo-liberal que enriquece a unos pocos  y lanza a la pobreza a millones. Nuestra lucha apenas está en sus comienzos, y debe continuar sin tregua por el bien del país.