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Durante la jornada de este jueves 8 de julio en la Cámara de Diputadas y Diputados se discutió y aprobó el primer trámite del... Diputado Moraga apoyó primer trámite del proyecto que busca sancionar delitos económicos y atentados contra el medio ambiente

Durante la jornada de este jueves 8 de julio en la Cámara de Diputadas y Diputados se discutió y aprobó el primer trámite del proyecto que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, el cual modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos. Hoy el proyecto continúa a segundo trámite.

En la instancia, el Diputado por la región de Tarapacá, Rubén Moraga Mamani, intervino precisando qué: “Ser caballero o dama ladrón o agente corruptor recibe como premio una muy baja pena por el haber hecho uso de su inteligencia más que de la fuerza física para la comisión de delitos. No obstante, el daño que pueden causar en la materialidad social y el impacto en la vida de miles de ciudadanos puede ser, muchas veces mayor”.

Continúo acotando que: “Así lo vimos y los hemos presenciado en la colusión, el fraude, el contrabando y en la relación espuria entre estos delitos y los impactos negativos en la naturaleza y el patrimonio de todos los chilenos y chilenas. Ocurre en la minería o en la actual ley de pesca, y muchas veces con un daño patrimonial mayor a lo que comete un ladrón de cilindro de gas, una mechera, el hurto o la piratería para la subsistencia en la economía informal”.

DELITOS Y SANCIONES

La iniciativa señala cuáles son los delitos económicos y los divide en cuatro categorías. La primera, aquellos que se realicen en contra de áreas normativas o instituciones. La segunda y la tercera se consideran delitos que fuesen perpetrados en el ejercicio de su cargo, función o posición en una empresa o en beneficio económico. Y la cuarta categoría identifica como delitos económicos los de receptación, lavado y blanqueo de activos.

El proyecto detalla las personas (naturales o jurídicas) que pueden ser imputables de delitos económicos y establece un sistema propio de determinación de penas privativas de libertad, pensado para la criminalidad económica. Además, describe las circunstancias atenuantes y agravantes de estos delitos, así como sus efectos penales y la determinación que los jueces deberán aplicar en tal sentido.

“El aumento de penas y la tipificación de delitos relacionados con impactos negativos en la industria y en el medio ambiente es un gran avance de este proyecto. La corrupción y las decisiones gerenciales para quebrantar la normativa deberá ser seriamente castigada y tendrá un cumplimiento efectivo de una pena”, aseveró el diputado que busca lapidar la corrupción.

El congresista nortino finalizó evidenciando como una avance este proyecto que, «si bien no es perfecto, comenzamos a sancionar como se debe este tipo de delitos que sólo profundizan la ilegitimidad de un sistema económico que ampara el abuso y la explotación como la forma principal para la obtención de riqueza. Corregir esto, también es corregir nuestra democracia”.

 

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