Diputado Moraga sobre la responsabilidad del Estado: “Nadie puede quedar ciego o fracturado por una movilización o manifestación política”

Durante la jornada de este martes 15 de junio, la Cámara de Diputados sometió a primer trámite constitucional el proyecto de ley que “establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de movilizaciones sociales”.

El proyecto fue aprobado por 76 votos a favor, 48 en contra y 16 abstenciones y contó con el voto favorable del Diputado por el Distrito 2 Rubén Moraga Mamani, quien demostró su respaldo precisando que “sabemos que los procesos civiles para determinar la responsabilidad civil del Estado pueden durar años y en algunos casos más de una década, por lo cual este proyecto viene a corregir a aquello y además viene a poner al poder legislativo en un rol activo en dar una señal a los chilenos y chilenas de que estamos por el nunca más”.

El diputado Moraga fue enfático en acotar que “no podemos permitir que las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado vuelvan a quedar en un manto de silencio y desprotección al ciudadano que se empodera y hace suya la política y la expresa en el único lugar que le es posible y por la cual deriva su calificativo: la ciudad. Nadie por salir a manifestarse en la ciudad como ciudadano puede volver a su hogar mutilado, vejado, abusado, golpeado o en un cajón, y peor aún, que eso quede sin justicia ni reparación”.

Durante su corto tiempo en el cargo, Rubén Moraga ha visitado en reiteradas oportunidades a los jóvenes presos del estallido social del 2019 en Tarapacá, los cuales se encuentran en la cárcel de Alto Hospicio y en ése sentido su palabra tiene más sentido y comenta: “miles de testimonios y querellas; decenas de informes nacionales e internacionales, han determinado que en Chile el Estado cometió graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019″.

Añade que miles de causas «duermen en el Ministerio Público y las sanciones, aún inexistentes, no dan luz de llegar prontamente. Ni las investigaciones internas ni las de la fiscalía han avanzado a la velocidad que el actual ritmo de la democracia hoy requiere. Pensemos que si la sanción penal aún no es capaz de resolver algo a casi dos años de los hechos, la justicia civil, más lenta, más vetusta, más engorrosa, más costosa y más asimétrica se demorará una eternidad. Nadie puede quedar ciego o fracturado por una movilización o manifestación política. Por eso aprobaremos este proyecto”.

El parlamentario tiene esperanza en la convención constitucional y en el país que se busca construir a través de ella y declara: “nuestro país está ante un proceso político y jurídico importante, que es el proceso constituyente, que volvió a colocar a la política como protagonista y motor del debate nacional. Chile elige representantes y discute en cada casa, barrio, lugar de trabajo, región y redes sociales acerca de cual es el país que queremos, con diferencias y con coincidencias. Incluso, la elite política encontró en este debate la oportunidad para redimirse de 30 años de una conducción hecha bajo piloto automático, casi sonámbula, plana, lisa, cómoda bajo el dopamiento de la razón neoliberal. Chile hoy está vivo y los partidos políticos y movimientos sociales empoderados”.