El Problema Migratorio

Profesor Haroldo Quinteros Bugueño.- 

Por supuesto, es de humana nobleza ser solidario con quienes que desde países cercanos u otras latitudes llegan solicitando asilo a nuestras fronteras,  muchos de ellos personas honestas y valiosas que, imposibilitados de llevar una vida libre, digna, o por lo menos normal en sus países de origen, nos piden acogida. Sin embargo, las cosas deben aquilatarse y ponderarse en su justa medida. La enorme migración especialmente haitiana, colombiana y venezolana  que desde hace unas dos décadas nos ha llegado, explica por qué nuestras calles, albergues y espacios habitacionales clandestinos se encuentran atestados de migrantes, en estos momentos en su mayor parte venezolanos.

Según datos oficiales, también lo están  las residencias sanitarias, habilitadas para el aislamiento y tratamiento de pacientes del corona virus, porque  a ellas se ha debido ingresar a una gran cantidad de migrantes infectados, la mayor parte de ellos ilegales. A todo esto, dos migrantes, uno hombre venezolano y una mujer colombiana murieron en estos días en la frontera frente a Colchane, y  aún no se sabe con total claridad cómo murieron. Se ha informado oficialmente que el hombre murió por causas naturales, pero no se conoce nada sobre el caso de la mujer. En fin, tenemos una crisis migratoria grave que nos afecta y que hay que solucionar. Ella ha llegado a tal punto que ha tenido un nada edificante correlato cultural, la insana xenofobia que se ha instalado en Tarapacá, la que, por desgracia,  es cada día mayor.

Los grandes responsables de esta situación han sido nada menos que los últimos dos presidentes de la República,  Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Los dos gobiernos de Michelle Bachelet permitieron durante años la entrada al país de decenas de miles, o quizás cientos de miles de migrantes haitianos y colombianos e, incluso,  se les dio permanencia indefinida a muchos de los que habían ingresado ilegalmente cruzando sin mayor dificultad nuestras fronteras.

En cuanto a la inmigración venezolana, Piñera, en lugar de observar la dignidad que corresponde al primer ciudadano de Chile, formalmente una nación libre e independiente de la política exterior de cualquiera potencia extranjera, ha sobrepasado todo extremo en su conocido incondicional servilismo a los planes geo-políticos de Estados Unidos para América Latina, cuyo mayor blanco de ataque en la actualidad es Venezuela. Desde el advenimiento por la vía democrática y pacífica al gobierno venezolano de una poderosa fuerza popular de rasgo nacionalista,  cuyo fin fue terminar con la dominación económica norteamericana, Venezuela ha debido sufrir duros embates a su economía ordenados por la Casa Blanca en todos los niveles imaginables, desde el despojo de bienes suyos en territorio norteamericano y en otros de sus aliados, el corte de las ventas de piezas de repuesto para el parque automotriz y la industria petrolera, la mayor del país; la suspensión indefinida de las ventas de medicinas y alimentos, etc., etc., hasta el bloqueo marítimo y aéreo. Estas han sido acciones que insólitamente ha apoyado Piñera, y con él, oficialmente, nuestro Estado, constitucionalmente representativo de todo el pueblo chileno.

Que alguien responda, ¿qué daño le ha hecho Venezuela y su gobierno a Chile? Obviamente, ninguno. Además, con ese país caribeño y demás naciones latinoamericanas compartimos una historia cultural y política común desde que fuimos colonia del imperio español, atravesando juntos la lucha independentista contra España, esa dura brega continental que nos dio la patria que tenemos,  hasta convertirnos en el patio trasero del nuevo imperio, el norteamericano. Aquella guerra por la independencia de América Latina, cuyo sólido pilar fue la unidad de nuestros pueblos, la encabezó un caraqueño, Simón Bolívar, seguido en el resto de América por otros grandes patriotas como San Martín, Hidalgo, Morelos, Sucre, Artigas y nuestros patriotas O’Higgins, Carrera, Rodríguez  y Freire, entre otros. Todos ellos guardaban hacia Bolívar  y Venezuela singular respeto y admiración.

En fin, ¿qué razones tenemos los chilenos para participar en la aniquilación de ese país hermano, que no sea embarcarnos en la política exterior de Estados Unidos, cuyos primeros cómplices son los partidos de derecha  de los países latinoamericanos? En fin, aquella unidad que tuvimos contra el imperio español, bien podría ser hoy la unidad latinoamericana contra el nuevo imperio, el norteamericano. Por cierto, los problemas migratorios que hoy tenemos entre nuestras naciones, nos desunen gravemente; por lo tanto es natural colegir que esos problemas sean creados, alentados y hasta financiados por el imperio. Al fin de cuentas, los dos mandatarios mencionados como los primeros responsables de la crisis migratoria, han demostrado ser, ambos, muy buenos servidores de la política exterior del imperio estadounidense.

Como lo han informado Carabineros y varios funcionarios del propio gobierno, la mayoría de los migrantes venezolanos, a diferencia de los demás, han ingresado legalmente a Chile, en virtud de una autorización oficial otorgada por la embajada y consulados chilenos en Venezuela. Esta autorización se expide sin atender a los antecedentes personales de quienes la solicitan; vale decir, a cualquier venezolano, sea quien sea, se le permite entrar y vivir indefinidamente en Chile con el solo argumento de serlo. ¿Por qué semejante barbaridad?  Esta insólita situación, que es lo que ha contribuido al excesivo volumen migratorio que tenemos en el país, tiene su base en la orden explícita dada por Piñera a nuestra embajada en Caracas, poco antes y con más fuerza, inmediatamente  después del ridículo internacional que el presidente de Chile hizo en Cúcuta.

Por lo tanto, desde Venezuela no llegan a Chile “perseguidos políticos,” la primera razón de cualquier  ciudadano del mundo de solicitar  el derecho al exilio, y una vez otorgado, a las ventajas que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Exilio ordena para los países signatarios de la convención ad hoc, entre ellos el nuestro. En fin, la propaganda de derecha de afirmar que los migrantes venezolanos sean exiliados políticos es una falsedad.

Al respecto,  es preciso aclarar bien las cosas. Si los supuestos “refugiados políticos venezolanos” lo fueran, tienen dos vías para probarlo, cual es la usanza internacional en materia de refugiados. Primero, como todos ellos pudieron siempre desplazarse sin ningún problema en territorio venezolano, podían acercarse a la oficina de la Naciones Unidas en Caracas, y solicitar allí, ante la sección Migraciones, la calidad de perseguido político. Pues, ninguno de ellos lo ha hecho. Segundo, si llegan huyendo de su país por razones políticas, tal condición puede ser averiguada sin ninguna dificultad por la policía chilena  ante el gobierno de Venezuela, vía Interpol. Nuestra policía no ha tenido que hacerlo porque ninguno de los migrantes lo ha solicitado. Las pocas veces que la policía chilena lo ha hecho, ha sido para constatar que muchos de los  “refugiados” son personas con problemas judiciales en su país por delitos comunes.

Por supuesto, la situación de Venezuela no es buena. El brutal boicot económico y el bloqueo que el imperio estadounidense sigue ejerciendo contra ese país, tenía que surtir efectos en la población. Es ello lo que  impulsa a muchos venezolanos a salir del país, lo que pueden hacer sin ninguna dificultad porque Venezuela es un país libre y democrático, y cualquier ciudadano puede salir y entrar en él cuando le plazca. Por lo tanto, es evidente que debido al bloqueo, sabotaje y cerco económico general que le impone el imperio norteamericano, su caso es muy distinto al de Colombia, Haití o cualquier otro país desde donde llegan migrantes a Chile.

De todos modos, es importante consignar que la cantidad de venezolanos que llegan a nuestras fronteras representan una minoría numéricamente insignificante,  porque Venezuela es un enorme y populoso país, con una población de unos 30 millones de habitantes. La mayoría ciudadana  de ese país objetiva y reiteradamente, en elecciones supervisadas por cientos de observadores  extranjeros incluidos muchos de Estados Unidos, ha expresado de manera organizada, mayoritaria, libre y democrática su apoyo al gobierno que preside el Presidente constitucional del país Nicolás Maduro.

Como en Santiago la avalancha de migrantes colombianos, haitianos y venezolanos estaba llevando a los santiaguinos a una dura confrontación con el gobierno, éste decidió atenuarla mandándonosla a Iquique sin aviso y sin mediar explicación alguna. No sólo eso, el gobierno, intencionadamente, no mueve un dedo por impedir que los migrantes traspasen ilegalmente las fronteras del norte, y, por lo tanto, deban ser la primera y segunda regiones sus receptores, obligados a serlo por razones humanitarias.

Los antecedentes personales y policiales de los migrantes venezolanos, legales o ilegales, no son conocidos oficialmente por nadie, ni siquiera  por la policía chilena, puesto que no les fueron requeridos en su país. No obstante, se ha constatado en Chile que entre los migrantes se han infiltrado todo tipo de lumpen. Hay más aun: lo que no previó Piñera en su aventura por complacer al gobierno norteamericano de recibir en Chile a tanto supuesto “refugiado político” fue el hecho que no pocos de ellos han llegado contagiados con el COVID 19, lo que ha agravado la situación sanitaria de las ciudades nortinas en que han sido acogidos, Iquique, Calama, Tocopilla  y Antofagasta.  Qué mejor idea la de Piñera y su socia Evelyn Matthei, la alcaldesa de la exclusiva comuna santiaguina de Providencia, de embarcarlos  a lo más lejos posible de Santiago, al extremo norte.

Ante estas aberraciones, lo único que cabía era una acción legal ante la Corte Suprema, en la forma de un recurso de protección o querella. La presentó el alcalde de Iquique Mauricio Soria. La acción está dirigida directamente contra la persona del Presidente de la República. Ante la posibilidad que ella prospere, Piñera, según se ha sabido extra-oficialmente,  estaría planeando en estos momentos contratar varios aviones de pasajeros para mandar de vuelta a su país a muchos de los migrantes que él mismo trajo a Chile. Por cierto, son tantos miles, que no sería posible el cabal cumplimiento de esta medida. Por otra parte, si la acción legal es acogida, por lo menos el Presidente de Chile se verá obligado a revocar su insensata decisión de dejar entrar descontroladamente a Chile a cualquiera que se aproxime a nuestras fronteras sin importar quien sea.

Como el flujo migratorio ilegal fronterizo nunca fue casual, si la Corte Suprema la acoge, Piñera también se verá obligado, por mandato legal, a ordenar a las Fuerzas Armadas (FF AA) la debida custodia de nuestras desprotegidas líneas fronterizas nortinas. No puede aducirse que ello sea imposible. De partida, las FF AA tienen constitucionalmente como primera y obligatoria misión proteger y vigilar nuestras fronteras. Para cumplirla, reciben del Estado una importante cantidad de recursos financieros, como también el más sofisticado equipo militar existente en el mundo,  cuya calidad y cantidad es superior a la gran mayoría de las naciones latinoamericanas. Nuestros militares tienen modernos y excelentes aviones de reconocimiento, drones y helicópteros, además de un experto cuerpo militar entrenado en acciones de detección fronteriza.

Nada justifica lo que está ocurriendo en Chile con respecto al problema migratorio, cuya base mayor reside en la carencia de una política sobre migraciones que sea racional, inteligente, rigurosa en cuanto control y, sobre todo, nacional, que sólo refleje nuestra total independencia en materia diplomática con todos los países del orbe.

El flujo migratorio disminuirá cuando las FF AA cumplan con su primera misión de garantizar la inviolabilidad de nuestras fronteras, y cuando el migrante que pida vivir en Chile realmente lo merezca; vale decir en este caso, solamente luego de verificar la impecabilidad de sus antecedentes personales. Finalmente, también es altamente necesario proceder a la investigación de los migrantes de los que, ya estando en el país, no se sabe nada sobre sus antecedentes personales.  Lógicamente, se debe proceder a la expulsión inmediata de aquellos que no sólo tengan problemas con la justicia común en su país, sino de los que han delinquido en el nuestro.

En suma, todo consiste en corregir de A a Z la desastrosa política del gobierno en materia migratoria.