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Haroldo Quinteros Bugueño, profesor. La antigua joya cinematográfica de Luis Buñuel “El Discreto Encanto de la Burguesía” cuadra bien con cómo se nos presenta... El discreto encanto de la clase política

Haroldo Quinteros Bugueño, profesor.

La antigua joya cinematográfica de Luis Buñuel “El Discreto Encanto de la Burguesía” cuadra bien con cómo se nos presenta y actúa nuestra clase política profesional, concentrada en el duopolio que ha administrado el orden económico impuesto al país por la brutal dictadura de Pinochet desde su fin. A la manera de la película de Buñuel,  todo se ve muy legal y apegado a un orden que parece sagrado. Nuestros políticos profesionales discuten acaloradamente y hasta se ven como enemigos. Aunque el avatar político nacional se nos presenta como un match entre dos gladiadores que se disputan apasionadamente el gobierno del país, los hechos – lo único que cuenta en política y en todas las cosas de la vida – siguen demostrando irrefutablemente que tal match no es sino un “tongo” y desde hace bastante tiempo. En fin, tras esa feliz apariencia de políticos de diferentes tendencias que llegan a felices acuerdos en democracia, lo que hay es sólo la unísona decisión de no cambiar el orden vigente, el mismo orden que el pueblo pide a gritos que se cambie.

La constitución política que enmarca y rige el desenvolvimiento general de nuestra sociedad fue elaborada en función de los intereses de la clase dominante del Estado en lo económico, la misma que hoy, mientras se dedica a lo que le da vida, los negocios, asegura su carácter dominante financiando horizontalmente a buena parte de los políticos chilenos,  los autores de las leyes. Además de la vergonzosa levedad de la justicia cuando se descubren estos casos, el falso clima social de “paz,” “acuerdos patrióticos,” “democracia,” “elecciones periódicas,” etc., contribuye admirablemente a que esta situación de corrupción se mantenga inamovible en el tiempo.

El propio pueblo inocentemente la consagra en los rituales  eleccionarios, aunque por suerte, cada vez con menos convicción. Esto no sólo permite a la clase política perpetuarse en el poder, sino con personajes que no se cambian en décadas, sus corifeos. Así, estos se ocupan de preservar indefinidamente el status quo vigente, el organum capitalista subsidiario neoliberal que fuera impuesto al país por el imperio estadounidense y la derecha nacional en 1973, tras usurpar el poder del Estado por la única vía que le era posible, la violencia armada.

En suma, a pesar de su aparente perfil intra-confrontacional, la clase política chilena actúa unida. Lo hace como un grupo compacto cuando se trata de abordar los temas realmente claves. Ninguna de las reformas que se han hecho desde el fin de la dictadura hasta hoy en materia tributaria, educacional, sanitaria, laboral o en cuanto las pensiones, se acercan siquiera al nivel de lo mínimo. Vale decir, las concesiones que de vez en cuando hace la derecha política, el referente primario del sistema neoliberal en curso, no alteran las bases sobre las cuales éste se sostiene. Estamos, en estricto rigor, ante el más perfecto complexio oppositorum (opuestos que, al fin de todo, están unidos), concatenado en su interior por compromisos económicos con el sistema imperante del más diverso tipo.

Sobran los ejemplos que revelan la unicidad de la clase política. Veamos sólo unos pocos:

  1. Por cierto, además de la dramática situación de desigualdades sociales que vivimos, nuestro país cada día pierde más su independencia económica. No fue la derecha nacional, histórica aliada del imperio estadounidense, sino la presidenta de Chile Michelle Bachelet, miembro del Partido Socialista -que en sus estatutos se declara explícitamente anti – imperialista- quien suscribió el pre-acuerdo de aceptación del Acuerdo Transpacífico (Trans – Pacific Partnership, TPP), pacto comercial que integra a Chile en calidad de satélite a una asociación internacional de comercio controlada sin contrapeso por Estados Unidos y funcional en un 100% a sus intereses y condiciones. Si el TPP fuese tan conveniente para Chile, como alegan unidos desde Lagos hasta Ryselberghe  ¿por qué se realizaron secretamente conversaciones entre el gobierno de la ex – Concertación y el de Estados Unidos, antes que se firmara el pre-acuerdo, sin conocerse su texto en lo más mínimo? Además, ¿por qué la entrada definitiva y formal de Chile al TPP será sometida al voto del Parlamento –como corresponde legalmente hacerlo- sin información a la ciudadanía, a tiempo y completa, sin examen crítico público, sin consulta o encuesta popular que lo legitime, como se haría en cualquier país democrático? Su próxima ratificación, obviamente, ya es un hecho porque así lo ha acordado la clase política. No fue discutida seriamente en el país, como tampoco lo será en el Parlamento. Por cierto, todo esto ocurre sabiéndose que la mayor parte del país, si se le consultara, rechazaría el TPP apenas se aventaran con claridad y transparencia sus alcances.
  2. Que la clase política actúa “discretamente”, sin que nos demos cuenta, cobró ribetes realmente patéticos cuando nos impusimos de las secretas coimas de SQM y otras mega-empresas a connotados líderes de la ex – Concertación y de la derecha, para, supuestamente,  el financiamiento de campañas electorales. Vale decir, ese dinero no se destinaba a los defensores ideológicos del gran capital privado, la derecha,  sino horizontalmente a la clase política, lo que vinimos a saber mucho tiempo después de distribuidas aquellas generosas coimas. Ellas, significaban, además, un masivo dolo contra el Estado, tras la expedición fraudulenta de boletas de honorarios ideológicamente falsas al Servicio de Impuestos Internos. Este bochornoso capítulo de nuestra historia política reveló el compromiso que existe entre la clase política y quienes detentan el poder económico, como asimismo el conocimiento mutuo y cómplice que las dos grandes coaliciones tenían de su participación en un acto ilegal e inmoral. En medio de este escándalo,  surgió el “socialista” José Miguel Insulza en defensa de su afligido amigo Pablo Longueira, acosado por la Justicia por ser el más conspicuo protagonista del delito de marras. El “panzer” entre otros panegíricos, definió a Longueira como un “estadista,” porque éste, en sus tiempos de jefe mayor de la derecha, había demostrado “capacidad de llegar a acuerdos” con la ex – Concertación. ¿Acuerdos? Recordemos, por ejemplo, el caso “MOP-gate,” un escándalo de corrupción al interior de dos gobiernos de la ex – Concertación, que finalmente quedó en la nada. Cómo no mencionar  los casos COPEVA, las indemnizaciones multimillonarias e ilegítimas a funcionarios de gobierno que no habían jubilado ni que habían sido despedidos, como también los marcos alemanes, hasta hoy irremediablemente perdidos, que Alemania envió al gobierno de Aylwin para ser entregados a los ex – exilados que se habían refugiado en ese país para que rehicieran sus vidas al volver a Chile, etc., etc.
  1. Pinochet, un criminal que había caído en manos de jueces extranjeros para ser juzgado de acuerdo a Derecho Internacional, fue salvado por la dupla derecha- ex – Concertación. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con la intervención directa del entonces canciller Insulza, trajo de vuelta a Chile al dictador con la promesa formal de juzgársele aquí, pero éste no pisó el estrado de ningún tribunal luego de inventársele una inexistente “demencia senil,” burda farsa que hizo de la Justicia chilena el mayor hazmerreír internacional de entonces. No obstante, en política muy pocas veces la moral abunda, y éste es el caso. Se pensaba que a cambio de salvar a Pinochet e impedir que se conocieran a fondo muchas de las atrocidades bajo su gobierno, que comprometerían severamente a la derecha, por lo menos la Concertación conseguiría el fin del sistema binominal de elecciones (en buena parte aún vigente) o cambios importantes al sistema de las AFP, la Salud o la Educación. Pues, nada de ello ocurrió.
  1. Ricardo Lagos, en septiembre de 2005, en calidad de Presidente del país, refrendó con su firma la espuria Constitución de 1980; por supuesto, con algunos arreglitos por aquí y por allá para simular que su estructura ideológica básica seguía intacta. El cambio de la Constitución de 1980 fue la bandera que agitaba la flamante Concertación de Partidos por la Democracia en la histórica campaña del NO a fines de los años 80, como asimismo en la campaña electoral que llevó a la presidencia del país a Patricio Aylwin en 1990. Ningún gobierno de la ex Concertación movió un dedo por cumplir esa vieja promesa. Luego del estallido social del 18 de octubre de 2019, despavoridos, los capitanes del ala concertacionista del duopolio se abrieron a la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, internacionalmente conocida como el único expediente  democrático para darse un pueblo una Constitución Política.  Durante semanas, estuvieron en su discursos las palabras Asamblea Constituyente, sin embargo, poco después, en reunión secreta con sus socios de la derecha, acordaron una  “Convención Constitucional” que, obviamente, es lo contrario. No será constituyente porque el sentido agente de este término es demasiado atrevido, en tanto significa la realización de algo nuevo.  Para rematar, acordaron que todo se realizará de acuerdo a la espuria constitución de la dictadura, de la que, probada y objetivamente, abomina el 80% del país. La clase política dictó la ley 21.200 que, en fin,  sólo les garantiza que no tendremos una constitución política nueva. Que la derecha nacional se juegue por preservar el orden existente es obvio, puesto que ella es su autora, pero que a esa defensa se sumen socialistas no tiene explicación, a menos que tales “socialistas” no lo sean.
  1. En 1990, Codelco producía más cobre que las empresas transnacionales. Esto era así porque en ese tiempo cerca del 80% de la producción de nuestra mayor riqueza estaba en manos del Estado, la que hoy es menos de un tercio. La desnacionalización de nuestra riqueza básica no fue obra de la dictadura ni exclusivamente de la derecha, sino de la clase política nacional; es decir, fue acordada por la derecha y la ex – Concertación, y tuvo lugar, además, nada menos que en los gobiernos de esta última. La propia dictadura había dejado vigente en la Constitución del 80 (Disposición 3° Transitoria) la propiedad del Estado de Chile de la Gran Minería, la obra mayor del Presidente Allende, como también la posesión del Estado de todas las riquezas mineras ya descubiertas y las que se descubrieren en nuestro suelo.
  1. En 1990, un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado, con empresas como Colbún, Edelnor, Edelaysen, Termoeléctrica Tocopilla y Termoeléctrica Cachapoal. Todas fueron privatizadas en los marcos de la “política de los acuerdos.” Esto ocurrió en gobiernos de la Concertación, así como también se privatizaron todas las empresas del agua y de los puertos que pertenecían al Estado.
  1. En 1990, la colusión empresarial era objeto de penas que incluían la cárcel, según leyes de la propia dictadura. En 2005, Ricardo Lagos, Presidente del país y el más conspicuo de los políticos de la Concertación, propuso al congreso la Ley 19.911, en virtud de la cual se elimina la reclusión como castigo a este delito, el mismo que hoy tiene a gran parte de los chilenos empobrecidos y endeudados hasta la médula. Obviamente, la ley fue aprobada. ¿Por qué se promulgó esta ley? La respuesta es obvia: porque la colusión ya existía, y de ello, más obvio aun, Lagos y la clase política entera tenían pleno conocimiento.
  1. En 1990, las AFP eran casi todas chilenas, y la dictadura sólo permitía invertir el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero. Gracias a esa limitación la rentabilidad de los fondos en esa época era bastante superior a la de ahora. La Concertación (con Bachelet en La Moneda), autorizó la colocación hasta el 80% de los fondos de pensiones en el extranjero, y, además, eximió a las AFP de pagar el IVA. Como guinda de la torta, les mejoró el negocio al aumentarles la cotización adicional. Hoy, una familia humilde debe pagar 19% de IVA al comprar pan (con Pinochet, era un 16%), mientras que a las AFP, aunque también pagan IVA por todo lo que compran, el Estado se lo devuelve, porque así lo establece la ley 20.255 de 2008; es decir, una ley dictada bajo la presidencia de la “socialista” Michelle Bachelet.
  1. En 1990, las universidades privadas no recibían créditos del Estado, ni sus estudiantes los llamados Créditos con Aval del Estado (CAE). Hoy estas universidades han proliferado y sus dueños se han hecho más ricos que nunca gracias a los CAE.
  1. En 1990, estaba estampado en la Ley que las resoluciones sobre los temas laborales eran, y son hasta hoy, de quórum simple y de iniciativa presidencial. Sin embargo, la clase empresarial, la posesora real del poder en nuestro país nunca ha permitido que la legislación laboral cambie hasta un punto que pueda exponerlos a enfrentarse con la clase trabajadora en igualdad de condiciones. Llegado este momento, es cuando los grandes capitalistas recurren en primera instancia a su brazo político oficial, los partidos reconocidamente de derecha. Si allí falta fuerza, están, además, políticos del resto de la clase política que han sido financiados en sus campañas con generosos recursos venidos de instancias empresariales. Resultado: después de la dictadura, en los gobiernos que se decían democráticos, la clase empresarial ha tenido, en tanto tal, un desarrollo enorme, mientras que el sector laboral sigue estancado. La explicación oficial siempre ha sido “más no se puede hacer,” lo que no es cierto, y que “se necesita tranquilidad social que haga posible el desarrollo económico del país,” lo que tampoco es cierto. ¿De qué desarrollo nos hablan si el único desarrollo que ha habido ha sido el crecimiento de un solo sector, el empresarial?
  1. En la actualidad vivimos la globalización de las economías del mundo, consecuencia inequívoca de la cada vez mayor concentración de la riqueza a nivel planetario. Esta situación conlleva, a nivel internacional, la obligación de los países subdesarrollados y en desarrollo, como es Chile, a no contradecir en sus legislaciones los intereses de los más desarrollados. Esto, con el obvio fin de equiparar las condiciones de competencia de las empresas en el mercado internacional. Las grandes empresas, i. e., el poder económico paralelo al poder político, descubrieron que podían rebajar sus costos y reducir sus problemas derivados de la administración de personal, utilizando lo que se llamó “tercerización”, que no es otra cosa que el traslado de la ejecución de algunas funciones de la empresa hacia el exterior; es decir, a empresas menores de contratistas. Obviamente, esto sólo persigue impedir el crecimiento sindical al interior de las empresas. En esta pax romana chilensis, es un truco que sirve descaradamente los intereses de las grandes empresas. Pues bien, las administraciones de la Concertación nunca se han decidido a restablecer en plenitud el derecho de huelga, como tampoco que todos los trabajadores contratistas reciban el mismo salario que los trabajadores de las empresas mandantes, como es lo que ocurre en todo el mundo democrático. Pudieron establecer la negociación colectiva por rama o sector, etc., pero, teniendo mayoría para hacerlo, esas reformas no se hicieron. Sin embargo, se implementaron otras que son un gran retroceso. Desde hace casi un siglo y hasta mediados de los años noventa, en las faenas mineras sólo se podía trabajar por turnos de 8 horas diarias. Ahora se trabaja en turnos de 12 horas día, lo que equivale a dos semanas de trabajo de 42 horas semanales, con gran daño para la salud de los trabajadores, sobre todo los de altura. Dicho de una vez, en materia laboral no se puede culpar a la Constitución de Pinochet sobre lo que la clase política entera no ha querido hacer. La clase política en forma perfectamente concertada, y las más de las veces de manera subrepticia y secreta, ha tomado medidas y aprobado leyes de carácter político y económico tal como lo haría cualquier gobierno de derecha; es decir, en lo básico, los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales siguen siendo los favorecidos por los gobiernos de Chile, como así lo demuestra la entrada de nuestro país al TPP. Como sabemos, todo esto ha sido retribuido generosa y horizontalmente a la clase política en dinero contante y sonante .

Duro decirlo, pero así son las cosas. Qué colofón más elocuente para lo aquí hemos expuesto que el “Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución” de fines del año 2019. En este pacto, la clase política se aseguró que no habrá una nueva constitución; en otras palabras, que en Chile nada cambiará que sea importante una vez finalizado lo que llaman de manera tan rimbombante “el proceso constituyente,” que, además, ni siquiera en la forma es constituyente.  Este acuerdo es, por cierto, la más reveladora fotografía que pudo tomarse la clase política chilena. ¿Se nos acabará la paciencia un día, o seguiremos así eternamente?

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