Académicos acuden a Contraloría ante nuevas desvinculaciones masivas en la Universidad Arturo Prat.
Actualidad 4 febrero, 2021 Edición Cero
La Asociación de Académicos de la Universidad Arturo Prat, presentó este jueves un escrito ante la Contraloría ante la nueva ola de despidos de unos 80 docentes, que se producirían a contar de la próxima semana. Estos nuevos despidos, que se suman a otro producidos el año pasado, se dan en el contexto de reestructuración que lleva adelante esa Casa de Estudios ante la crisis financiera que la afecta y arrastra por años.
En efecto, ya han sido desvinculados más de una centena de funcionarios administrativos y ahora se espera que unos 80 académicos, de acuerdo con informe de reestructuración, sean apartados de sus funciones.
Jorge Silva, Presidente de la Asociación de Académicos, una de las 4 asociaciones de la UNAP, hizo notar una serie de reparos al proceso de reestructuración, señalando que requiere de mayor democracia en su discusión. «Creemos que el proceso requiere que la discusión de los criterios sea democratizada, que no sólo se haga entre el equipo directivo y los decanos», dice el dirigente, refiriéndose a que para evaluar a los docentes, se aplicaron criterios incorporados recientemente, en consecuencia que ya hay un reglamento vigente.
Relató que hace unos días se reunieron con el Rector Alberto Martínez, con el propósito de abordar el tema y que le hicieron ver que les parecía, como Asociación, que el proceso requería de un mayor participación, principalmente porque no no se consultó con las Asociaciones. «Nos respondió que esto se socializó con los decanos. Ellos, en el fondo son directivos escogidos para una función diferente; los funcionarios y académicos tienen sus representantes en las distintas Asociaciones», afirmó Silva.
También le expresaron al Rector, los reparos por utilizar criterios de evaluación distinto al del reglamento vigente, hecho que le parece «de extrema gravedad». Y lo peor, explica, es que estos nuevos criterios tienen un efecto retroactivo, ya que se evalúa desde el 2017 en adelante. «Hasta ahora no tenemos claridad de cuáles son estos nuevos criterios, en circunstancias que las desvinculaciones comienzan el lunes; por eso hemos recurrido a la Contraloría, porque nos parece que es una arbitrariedad», afirmó el dirigente de los académicos.
Dijo Silva, que estos nuevos criterios de evaluación alimentan un sofware que en forma automática realiza las ponderaciones y da un resultado para determinar quiénes de los académicos evaluados, será desvinculados. «Sin embargo, los decanos de cada facultad tiene la posibilidad de determinar si uno de los afectados debiera continuar, entregando sus fundamentos. Eso nos parece arbitrario y poco objetivo», afirmó.
También señaló que hasta el momento no se sabe qué glosa se utilizará para las desvinculaciones, «es decir que no sabemos qué se va a invocar. Por ejemplo, si se indica que ´sus servicio no son necesarios´, sería ilógico, porque en diciembre todas las contratas fueron renovadas y resulta que dos meses después, la situación sería otra».
Las desvinculaciones afectarán a académicos de la Casa Central y los Centros Académicos de Arica – Parinacota, Antofagasta, Victoria y Santiago.
COMUNICADO
La Asociación de Académicos de la Universidad Arturo Prat, ha presentado hoy un escrito ante la Contraloría en el contexto de reestructuración de la Universidad Arturo Prat y el proceso de desvinculaciones masivas que se están produciendo. En dicho contexto, ya han sido desvinculados más de una centena de funcionarios administrativos y hoy la autoridad se dispone a desvincular un número de académicos, que al menos en el informe de reestructuración presentado por la autoridad, corresponde a 80, aun cuando no existe certeza respecto a dicho número, pues la misma autoridad ha señalado ha reconocido que sería un número inferior.
La asamblea de nuestro gremio ha acordado realizar esta presentación ante la contraloría, cuestionando la legalidad del acto administrativo, dado que se han creado criterios de evaluación por medio de los cuales se evaluarán a las y los académicos, los cuales se han dado a conocer recién el día 3 de febrero. Nuestra posición al respecto es de rechazo pues nuestra Universidad posee normativas y reglamentos que son de conocimiento de las y los académicos, entre ellos un reglamento de evaluación que aún está vigente.
Estos nuevos criterios han sido elaborados y acordados entre el equipo directivo de la actual rectoría y los decanos de las distintas facultades, siendo negada por la autoridad la posibilidad de democratizar dicha discusión hacia el cuerpo académico, dado que estos nuevos criterios se utilizarán para desvincular personal que ha sido contratado bajo unas reglas conocidas y diferentes a las que se han elaborado con la finalidad de reducir la dotación académica de la Universidad.
Por tanto, la presentación ante la contraloría tiene por objeto buscar el pronunciamiento del órgano contralor respecto de la legalidad de esta medida arbitraria, la cual tampoco es definitiva en la medida en que dicha evaluación puede ser modificada a solicitud y criterio de cada uno de los decanos. De esta manera, esperaremos la resolución de la Contraloría respecto de lo que consideramos un acto arbitrario y vulneratorio por parte de la autoridad.
En el link siguiente, puedes acceder al link con el documento que ingresó a la Contraloría Regional.