PRI: A confesión de partes, relevo de pruebas

Marco Pérez Barría, candidato a gobernador por Tarapacá.- 

Entre fiestas de fin año y en medio de la preocupación por la segunda ola de la pandemia de COVID19, el Intendente de la Región de Tarapacá retira de la Contraloría de Tarapacá, el “Plan Regulador Intercomunal” (PRI), con la intención de que este acto pasara desapercibido ante la opinión pública.

El PRI regula el uso del suelo de las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara.

No es un tema menor, pues luego de largos 10 años de estudios y tramitaciones fue presentado para toma de razón en Contraloría.

Los fundamentos para retirar de su última fase el PRI es que faltaban “complementar” algunos antecedentes (Intendente Regional de Tarapacá, 30/12/2020).

La razón parece ser otra, por cuanto a los pocos días la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) saca una declaración celebrando este retiro, argumentando lo mismo que hizo en los largos 10 años de tramitación, que es necesario aumentar la densificación; es decir, la cantidad de personas que habiten por metros cuadrados. Entre otras cosas a mayor densificación se permiten edificios de más altura y mayor cantidad de departamentos.

La CCHC, organización gremial que agrupa a las grandes empresas inmobiliarias del país y la región, siempre han pedido tener el máximo de densificación, para sacar el máximo de ganancias a sus terrenos y proyectos. Por ejemplo, sí una baja densificación permite construir edificios de departamentos de 4 pisos con 32 departamentos y una alta densificación, en el mismo tamaño de terreno, permite construir torres de 30 pisos con 240 o más departamentos.

Este tema fue materia de intenso debate en todas las instancias de discusiones públicas del PRI al igual que el de la instalación de plantas de energías a carbón en el borde costero, en los cuales, la CCHC siempre abogo por el máximo de densificación; es decir, poder construir la mayor cantidad de departamentos o casas por metro cuadrado. Este debate fue zanjado en las instancias democráticas de votación en el CORE y en Consejo Regional de Medio Ambiente, en que la densidad quedo en termino medio y además se prohibió construir termoeléctricas en la costa de nuestra región.

A días de que la Contraloría Regional de Tarapacá tome razón del PRI y sea Ley, es retirado y las grandes inmobiliarias muestran su beneplácito. Y vuelven a insistir que se debe permitir construir lo máximo en cada terreno, porque eso es bueno para la gente, que así no debe ir a vivir a sectores sub urbanos que carecen de servicios.

Acá es donde choca el interés público con el privado. El afán de lucro con la calidad de vida.

Chile y la Región de Tarapacá de lo que más dispone es de terrenos. Pero, en los últimos 50 años, el Estado con el beneplácito del sector privado ha optado por aumentar la densificación y disminuir el tamaño de las viviendas, concentrando a las familias en grandes grupos urbanos, amontonándolos.

Esto ha traído grave consecuencias sociales y políticas. El hacinamiento que caracteriza a las viviendas sociales es uno de los principales nutrientes del estallido social y de los graves problemas que hoy enfrenta el país en materia de seguridad y violencia. Y hoy, de la alta tasa de propagación de la pandemia y mortalidad a causa del COVID19.

La familia, dice la Constitución, es la base de la sociedad. Pero la han tenido viviendo hacinada en departamentos de 50 m2, en dónde los miembros más jóvenes del grupo familiar deben hacer su vida social en la calle. Por cuanto 4 o más personas no pueden compartir ese mínimo espacio común, salvo apenas para dormir.

Para nada de eso le basta a las grandes inmobiliarias. El lucrar lo máximo lo ciega de la realidad, de las funestas consecuencias sociales y sanitarias que conlleva el hacinamiento. O lo que es peor, no les interesa para nada. No logran entender que seguir haciendo más de lo mismo solamente traerá más de lo mismo.

Por eso proponemos que el NUEVO IQUIQUE, se proyecte hacia el borde costero sur, en el cual se construya todo el equipamiento comunitario necesario, parques, plazas, áreas verdes, densidad media y baja y viviendas amplias y con espacios de expansión a la medida del crecimiento familiar.

Eso implica un gran acuerdo entre las autoridades Regionales, el futuro Gobernador, las autoridades comunales y las empresas inmobiliarias. Un gran acuerdo para construir con mayor y mejor calidad de vida, que es lo que nos garantizará la construcción de un Chile más justo y menos desigual, que es lo que millones de chilenos nos han clamado en las calles de nuestras ciudades.