Edición Cero

Haroldo Quinteros Bugueño, profesor.-  Es imposible creer en la cabal legitimidad de nuestro sistema electoral, puesto que sigue sin corregirse en dos aspectos claves:... Las campañas electorales… que ya vienen…

Haroldo Quinteros Bugueño, profesor.- 

Es imposible creer en la cabal legitimidad de nuestro sistema electoral, puesto que sigue sin corregirse en dos aspectos claves: el conteo de los votos en favor de quienes en muchos casos realmente las ganan, y el financiamiento de las campañas electorales. Éstas constituyen la única vía posible que tiene la ciudadanía de conocer a los candidatos y sus programas antes de optar reflexivamente por quien votar.

Sobre lo primero, no es verdad que el engañoso sistema binominal de elecciones se haya eliminado por uno íntegramente proporcional. El binominalismo sigue parado, aunque lo esté sólo en una pata. Por años, hemos tenido candidatos que habiendo alcanzado la primera mayoría no han sido elegidos. En rigor, el sistema binominal no ha sido sustituido por el proporcional, el que existe y rige en todas las democracias del mundo. Ese invento, copiado por Jaime Guzmán a la ex – comunista Polonia e instaurado transitoriamente en ese país después del colapso de la ex – Unión Soviética, sigue vigente en Chile, morigerado con arreglo a una medida que, al fin de cuentas,  si bien dio cabida a agrupaciones políticas menores, es, sobre todo, un costoso aumento de parlamentarios y distritos.

En cuanto al financiamiento de las campañas electorales, el caso cobró atención ciudadana con el bullado escándalo PENTA, hace varios años.

El “Grupo PENTA” es un conjunto de empresas unidas en un “holding” o “trust,” mecanismo que evita entre ellas las reyertas por ganar mercados y los juegos sucios en la competencia. Pues bien, quedó en ese entonces al descubierto que ese holding, que controla buena parte de los seguros, la salud, las inmobiliarias y el sistema educacional, maneja activos, por lo menos, de la friolera de 30.000 millones de dólares. No sólo eso, lo políticamente más importante es que salió a la luz pública el hecho ilegal que financiaba con toda regularidad las campañas electorales de la derecha.

Más aun, en un país en que en el promedio general de las elecciones la derecha resulta electoralmente minoritaria, el sistema de empates, i. e., el binominalismo, le ha servido admirablemente en acceder al poder político, y con ello, resguardar sus intereses. Qué mejor para la derecha: binominalismo y financiamiento empresarial.

El escándalo de marras, el del financiamiento secreto de las campañas electorales no salió a la luz por sus características propias. Al fin y al cabo, las leyes chilenas en materia de elecciones permiten “las donaciones anónimas” a los candidatos; eso, para empezar. No, los chilenos nos enteramos de ese financiamiento sólo porque se descubrió un descomunal fraude tributario al fisco en favor de PENTA, a través de falsas exenciones de impuestos, más la emisión de boletas y facturas falsas. Lo primero que supimos fue que ese financiamiento  iba casi en un 100% a las candidaturas de derecha, especialmente de la UDI.

En verdad, todos sabíamos que no podía ser de otro modo. Imagínense PENTA, Luksic, Saieh o Angelini financiando candidaturas que propongan terminar con el neo-liberalismo, y con él con las AFP, las Isapres y el actual sistema tributario.  Digo “… iba casi en un 100% a las candidaturas de derecha,” porque el caso salpicó a otros políticos que no son militantes de partidos derechistas, como el ex candidato presidencial y ex-líder de “Fuerza Pública”, Andrés Velasco y el ex-ministro de Obras Públicas el demócrata-cristiano Alberto Undurraga.

En esto momentos, con el inmenso festival de elecciones que se avecina, no es aventurado asegurar que los clanes económicos se prodigarán en financiar –ilegalmente, por cierto- las candidaturas de derecha. También, como ya ha sucedido en el pasado, ese financiamiento llegará a algunos candidatos que conformaron la ex – Concertación.

Como debe ser en un país serio y realmente democrático, las campañas electorales de Chile no deben ser financiadas por nadie, salvo por el Estado durante un lapso que no debe exceder un mes, de manera sobria, austera  e igualitaria para todas las candidaturas aprobadas por SERVEL, cuestión que debe consignarse de manera inequívoca en la Ley; vale decir constitucionalmente. Si efectivamente queremos un Chile en que sea la decencia lo que caracterice las elecciones, así debe ser. No puede ser más inmoral que en un país donde 4 millones de sus habitantes se debaten en la más extrema pobreza, donde el 60% de la población acusa un perfil socio-económico deprimido, donde miles de jóvenes no pueden estudiar por falta de dinero, donde aún faltan hospitales, viviendas dignas para miles de familias y escuelas bien equipadas para todos, se dilapiden miles de millones en campañas electorales que, por lo demás, más tienen de circo y farándula que educación e información políticas.

Como todo el país sabe, a las empresas financistas de campañas, ampliamente conocidas,  no se las ha castigado una vez descubierto el delito. Nada raro, porque su impunidad ya es cultura nacional. No se las ha castigado de modo ejemplar cuando infinidad de veces han infringido las leyes laborales y tributarias, ni tampoco cuando  se coluden. Ni hablar de sus oscuras maniobras en el caso de depósitos sacados de Chile y depositados en “paraísos fiscales, delito que nunca ha llegado a investigarse a fondo.

¿Hasta cuándo seguiremos así?

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