UNAP:  Una crisis anunciada

Mesa Interina Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat, FEUNAP. Autores: Pabla Hidalgo Vicencio y Matías Aguilera Corrales. 

Es reconocido abiertamente que en la actualidad las UES (Universidades Estatales), al igual que muchas otras entidades educacionales pertenecientes al Estado, se encuentran en un contexto de profunda desprotección.  Y, lo cierto es que esta realidad estructural es posible evidenciarla de manera extrema y contundente en el actual escenario financiero de la Universidad Arturo Prat.

Ante esto, se hace necesario explicitar que este escenario crítico está lejos de ser espontáneo o sorpresivo, porque lo cierto es que en la Universidad Arturo Prat, como  en muchos otros planteles educacionales, con los años se han implementado políticas de financiamiento estatal irrisorias que, en contraste con lo el apoyo que se esperaría para un proyecto educativo regional y estratégico, ponen en duda la mera posibilidad del acceso a la educación superior de miles de estudiantes de la región de Tarapacá.

Y, si es que el daño de esta mercantilización a través de los años es profundo, hoy en un contexto de pandemia y precarización de la vida en Tarapacá, nos pone al punto de encontrarnos discutiendo sobre cómo rescatar a una institución que dialoga con temor con la posibilidad de desvinculaciones masivas de trabajadores y trabajadoras, con el re – endeudamiento institucional progresivo como forma de sustento o con la insoslayable necesidad de un tutelaje estatal que devuelva a la comunidad regional un mínimo de dignidad respecto a la universidad que con su propio trabajo sostiene, evitando que continúe lo que claramente es una vulneración al legítimo derecho al acceso a educación superior  de las y los estudiantes de Tarapacá.

¿Quién gana con la deuda?

En este plano, no cabe duda que la continuación de un modelo de financiamiento estatal, que se centre especialmente en la responsabilidad individual de pago, y que defienda como intermediario de acceso a la educación superior la capacidad de endeudamiento de las familias de los y las estudiantes que buscan ingresar en ella, no hace más que configurar el escenario propicio para que planteles como el nuestro, continúen funcionando como plataformas de intereses empresariales y rentistas, y excluyan todo posibilidad de pensar en la educación como un derecho social. Finalmente, estas políticas educacionales generan que las UES se alejen cada vez más de su rol como espacios de pensamiento local y evitan que en estas se puedan elaborar propuestas de desarrollo regional o políticas sociales y sanitarias  que promuevan el  bienestar común  y que no se ejecuten en desmedro de los intereses de la mayoría.

Lamentablemente, la UNAP se encuentra altamente subordinada a los antojos de una élite empresarial rentista. Y, aunque este diagnóstico no es nuevo, sí ha demostrado ser permanentemente invisibilizado por los distintos gobiernos universitarios de paso, los que han decidido arbitrariamente promover medidas de endeudamiento, mínimos espacios de democratización interna y una expansión sin precedentes de medios crediticios, en clara oposición al fortalecimiento basal a la educación pública exigido por la sociedad en su conjunto en las últimas décadas.

El derecho al acceso a la educación superior: Desde el aula a la calle.

Es histórica la demanda estudiantil por una educación pública, no sexista, gratuita y de calidad, que rebase los actuales amarres subsidiarios y  neoliberal es, para que finalmente se exprese como un espacio público para la emancipación colectiva. Es esta demanda la que se ve reflejada  año tras año en  los y las estudiantes de la Universidad Arturo Prat que, en peligro de observar pasivamente cómo las brechas sociales que se reproducen en sus propios barrios y escuelas se mantienen y profundizan en la educación superior,  deciden movilizarse masivamente para exigir que el Estado garantice con la  educación pública un elemento de cohesión social solidario.

Elementos que forjen a la luz de su rol público, construcciones culturales que den espacio para la profundización de nuestra democracia, y con ello, la instauración de un discurso masivo ya levantado desde las calles, aulas y fábricas: el actual financiamiento subsidiario de la educación superior es una política de la desigualdad y la marginación y no ha logrado cumplir en ninguno de sus escenarios, y aún menos en una universidad regional y fronteriza como la nuestra, la añeja promesa neoliberal del bienestar común por medio de la superación individual.