Los Presos de la Revuelta …. La deuda del “Apruebo”

Claudio Vila Bustillos, Abogado – Activista de DD.HH. (*)

Cientos de jóvenes este 25 de Octubre no pudieron manifestarse con su voto en uno de los episodios más importantes de la historia contemporánea de nuestro país, sin perjuicio de la valoración que cada sector haga de éste, pese a haber sido actores principales en la construcción del camino hacia una nueva constitución por encontrarse privados de libertad.

Los Presos de la Revuelta, jóvenes privados de libertad en las cárceles del país y en sus hogares con arrestos domiciliarios, hoy se enfrentan a procesos judiciales con grandes carencias, defensas inadecuadas e indolentes, prejuicios por parte de los órganos persecutores, pero la principal carencia es la falta de reconocimiento de su condición social y política de “Luchadores Sociales” y PRESOS POLÍTICOS.

Esta carencia no sólo viene desde los órganos de la administración de justicia, sino también desde sectores de la política que guardan silencio y hasta criminalizan el actuar de estos valientes jóvenes. No está de más recordar que el contexto en que fueron detenidos está directamente relacionado con las grandes movilizaciones sociales y políticas que se vivieron desde el 18 de octubre del año pasado, donde la respuesta del estado y el gobierno fue de extrema represión a manos de las fuerzas policías y militares desplegados en las calles, represión que dejo como resultado miles de detenidos por “desordenes públicos”, lesionados, cientos de mutilados oculares, jóvenes torturados, asesinados e incluso desaparecidos por estas fuerzas.

Es allí, ante la brutal represión que se vivió en las calles y avenidas de Chile donde surgen múltiples respuestas de autodefensas, de rabia e impotencia, que llevaron a estos luchadores sociales a reaccionar con lo que tuvieran a mano para defender a quienes eran víctimas del actuar represivo del estado, ejerciendo el pretérito, legítimo y absoluto derecho de la “Resistencia a la opresión”

Dice Santo Tomás que «el hombre debe obedecer al poder secular en tanto lo exija el orden de la justicia. Por consiguiente, los súbditos pueden desobedecer cuando el poder es ilegítimo o manda cosas injustas«, (Summa Teológica. 11 – 11, q, 104, a. 6).

Por su parte la Revolución Francesa que consagro la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableció en ella que “La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre”, que “Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido”,  y por ende “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”.

Por su parte la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, si bien no establece el derecho a la “Resistencia a la Opresión” en forma explícita pero sí implícitamente en su Preámbulo, al señalar que: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, de esta forma hace un reconocimiento a éste.

La vulneración sistemática de los derechos humanos en manos de las fuerzas represivas del estado de Chile desde el 18 de octubre del 2020, que costó miles de víctimas al movimiento social, es un hecho cierto, comprobado y establecido por contundentes informes de diversos organismos nacionales e internacionales  de Derechos Humanos, y justifica plenamente el ejercicio del derecho a la “Resistencia a la Opresión”.

Es por estos motivos que los jóvenes que se encuentran privados de libertad tienen el total y absoluto derecho a ser reconocidos como Presos Políticos, sin embargo esto no ha ocurrido en buena parte de la sociedad, la clase política, y definitivamente en los órganos de la administración política y judicial del estado de Chile.

Un absoluto silencio, salvo casos excepcionales, ha existido en la clase política respecto de la situación de los Presos Políticos de la revuelta, partiendo por el desconocimiento de la condición de tal, hasta la criminalización de su actuar.

A partir del acuerdo “por la paz” de noviembre pasado, todos los sectores de la clase política, así como las grandes organizaciones sociales y sindicales, se abocaron a la vorágine del plebiscito del 25 de octubre pasado, olvidando la demanda de libertad a los Presos Políticos de la revuelta, e incluso desconociendo que el mentado plebiscito no hubiese sido posible sin la movilización y la lucha que cientos, sino miles, de jóvenes dieron para lograr cambios profundos en Chile.

Hoy los Presos Políticos de la revuelta, se encuentran sólo con el apoyo de sus familias y las organizaciones que han surgido en pos de su libertad, desde estos espacios surgen demandas básicas en beneficio de ellos, a saber:

1º El reconocimiento social, político y judicial de su condición de Presos Políticos;

2º La designación de Defensores Penales “Públicos” (no licitados) exclusivos para su defensa, así como la destinación de los recursos necesarios para producir adecuados medios de prueba;

3º El cambio de las medidas cautelares de prisión en recintos penitenciarios a arrestos domiciliarios;

4º Reclusión en módulos para internos de baja peligrosidad y en forma colectiva, para los Presos Políticos que continúen privados de libertad en las cárceles de Chile, por parte de Gendarmería.

Es urgente que los partidos y organizaciones políticas, así como las organizaciones sociales y sindicales asuman la causa de la libertad y juicio justo para los Presos Políticos de la Revuelta, y se de forma y cuerpo a un gran movimiento nacional en apoyo de los cientos de jóvenes presos a lo largo del país, así como del proyecto de ley para la amnistía de los Presos Políticos impulsado por algunos pocos parlamentarios, y de esta forma saldar la gran deuda que el “Apruebo” tiene con estos valerosos jóvenes luchadores sociales, hoy Presos Políticos.

(*) El autor integra el Observatorio Sur Andino de DD.HH. y Sociales Tarapacá