¿Por qué una nueva Constitución?

Julio Ruiz, Presidente Capítulo Regional, Chile Descentralizado.

Julio Ruiz Fernández, Sociólogo

A pocos días del 25 de octubre, los chilenos y chilenas enfrentamos un momento histórico. Por primera vez podremos contribuir con nuestra participación y nuestro voto en definir una nueva Constitución que rija los destinos futuros de Chile. Nunca en la historia republicana de nuestra patria había ocurrido una situación de este tipo, lograda finalmente por la movilización social de las diversas actores ciudadanos y organizaciones sociales, cuya máxima expresión fue el movimiento que se inauguró el 18 de octubre pasado

La Constitución de 1980 fue, como es bien sabido, elaborada en 4 paredes por una comisión elegidos a dedo, en un contexto de dictadura que se impuso a sangre y a fuego, imponiendo reglas del juego que han regido nuestro país, incluso más allá de las reformas posteriores que han acontecido. A pesar de las modificaciones del orden constitucional del 89 en adelante, el corazón principal o la arquitectura central que rige esta Constitución no ha sido aún alterada, no por voluntad de varias de las fuerzas democráticas, sino justamente por los candados que esta Constitución tiene para modificarse.

El corazón de la actual Constitución se funda en dos cuestiones principales que nos afectan a todos los ciudadanos.

 En primer lugar, organiza institucionalmente una democracia protegida respecto de la propia ciudadanía, lo cual se expresa en varias dimensiones del orden político vigente. En  el híper presidencialismo del orden político en la cual los otros órganos del Estado, principalmente el Congreso como expresión de la representatividad plural de la ciudadanía no tiene las atribuciones y competencias y el contrapoder necesario; en segundo lugar en la autonomía de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, que ha derivado en una grave crisis de corrupción y de atropellos a los derechos humanos;  en tercer lugar en la existencia de un Tribunal Constitucional que ópera en la práctica como tercera cámara, obstaculizando e impidiendo el pleno ejercicio de la democracia y de la soberanía popular; en cuarto lugar,  por la forma en que se constituye y se compone el Poder Judicial, en parte capturado por el poder político por las maneras en que se conforman sus tribunales superiores.

A todo esto, debe agregarse todo el andamiaje constitucional que evita que la expresión de la voluntad libre y democrática de las mayorías pueda establecer un reparto más simétrico del poder entre todos/as, por efecto de los denominados quórums supra mayoritarios que obstaculiza la reforma a la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales, así como la centralización del poder en desmedro de nuestras regiones y comunas. Tan solo la movilización social del 18 -O logró romper ese cerrojo, cuyo resultado es el Plebiscito del próximo 25 de Octubre.

De este modo,  la institucionalidad del Estado queda blindada y protegida respecto las demandas ciudadanas de mayor democracia, más justicia social y mayor integración y cohesión social. En otras palabras, la ciudadanía no gravita en las decisiones fundamentales, ni es incidente, por la forma en que la Constitución actual organiza la estructura del poder.

Una segunda dimensión o un segundo corazón es que organiza un orden económico que también queda protegido respecto a los ciudadanos y de la voluntad mayoritaria de participar equitativamente en la producción y distribución de la riqueza del país. En efecto,  ello se  expresa en el concepto de Estado subsidiario y la mínima capacidad de intervención del Estado sobre la economía y en el consiguiente predominio del mercado; también en la marginación del propio Congreso, como expresión plural de la fisonomía democrática de la sociedad chilena respecto de su capacidad de impulsar  iniciativas relacionadas con las cuestiones públicas de orden económico de bien común; se manifiesta además en la centralización fiscal que impone un ordenamiento verticalista que afecta desigualmente a los distintos grupos y agentes socio económicos y los territorios del país.

Adicionalmente el actual ordenamiento constitucional y todo su andamiaje institucional consiguiente, deriva en políticas públicas subordinadas finalmente a los equilibrios macroeconómicos – en ningún caso a los equilibrios sociales y medioambientales-  que se dirigen desde el Ministerio de Hacienda y que no permiten evidentemente una política mucho más diversa y flexible y que promueva todos los equilibrios de poder, social, económicos y ambientales en beneficio de todos y no sólo del orden vigente que sustenta el poder de los grandes grupos económicos. No menos y quizás más relevante es también la asimetría o desigualdad entre los actores económicos que se traduce en las legislaciones correspondientes, derivadas de la Constitución, respecto a los grandes empresarios y los trabajadores de Chile, asimetría de poder, derechos y negociación entre el capital y trabajo.

Todo esto ha traído como consecuencia el debilitamiento de nuestros derechos sociales y su subordinación de a los derechos de propiedad y al modelo neoliberal existente, derechos en último término que han sido transformados en un bien de mercado. Por último, y no por orden de relevancia, la actual constitución consagra el orden patriarcal de nuestro ordenamiento social y una ceguera y sordera a las demandas de igualdad de género y derechos de las mujeres, protagonistas del presente y futuro; y tampoco del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

Por todo lo anterior, requerimos de una nueva Constitución, de un pacto constitucional social y territorial que equilibre la cancha, que desate los “nudos constitucionales”, brevemente descritos anteriormente, y establezca un nuevo modo de convivencia igualitario, en dignidad y derechos, y en la que todos/as los ciudadanos/as puedan plural y paritariamente incidir en su elaboración e implementación.