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Ricardo Balladares Castilla A inicios de esta semana el Ministerio de Defensa y la Armada interpusieron una denuncia ante el Fiscal Nacional Jorge Abbott... Las injurias y falsedades contra Hugo Gutiérrez.

Ricardo Balladares Castilla

A inicios de esta semana el Ministerio de Defensa y la Armada interpusieron una denuncia ante el Fiscal Nacional Jorge Abbott en contra del diputado por Tarapacá, Hugo Gutiérrez Gálvez. La acción, que venía siendo anunciada por los medios de comunicación con exuberante publicidad una semana antes, acusó que las declaraciones del parlamentario estarían plagadas de injurias y falsedades. Estas serían, que la Armada de Chile es una institución “genocida”, “terrorista” y “antipatriota”.

Es justo que la ciudadanía y las autoridades, antes de emitir algún juicio ciego, se pregunte ¿Cuánta falsedad tienen estas acusaciones? Pues, hagamos un recorrido por la honorable vida patriótica y republicana de la Armada de Chile.

Diversos documentos escritos, audiovisuales, investigaciones y testimonios dan cuenta que la Armada de Chile conspiró e instigó el golpe de estado contra un gobierno democráticamente electo entre 1970 y 1973.

Antes del golpe, el alto mando de la institución se reunió con un grupo de economistas para discutir la estructura económica que se impondría una vez realizado el golpe militar. En agosto de 1973, economistas de derecha se reunieron con el alto mando para dar a conocer el plan de restructuración económica conocido como El Ladrillo.

Tiempo antes -a finales de 1972- el almirante de la sedición, José Toribio Merino, le había encargado a Roberto Kelly, que reuniera un grupo de economistas para la elaboración de un programa económico[1]. Esto demuestra que la conspiración no solo se limitaba a lo político sino también a lo económico. Generándose, desde la Armada, las bases del modelo de desarrollo sustentado en la extracción de valor, la explotación y la desigualdad que hoy los chilenos y chilenas queremos cambiar. El origen del modelo neoliberal, el saqueo de los recursos naturales y la sustracción de valor mediante el consumo, el endeudamiento y las contribuciones previsionales -entonces- tuvieron su incubación intelectual en la Armada de Chile.

La historiadora Verónica Ortiz en la investigación Estatismo y neoliberalismo: un contrapunto militar, señala que “De acuerdo a la evidencia existente, el origen de la acción del 11 de septiembre estuvo en los comandantes en Jefe de la Armada y de la Fuerza Aérea –aunque con amplio respaldo de sus oficiales–, pero no del Ejército…”, más adelante agrega, “Esta vinculación economistas-Armada y el hecho que el Almirante José T. Merino quedara a cargo del Comité Económico dentro de la distribución de tareas de la Junta es lo que explica la llegada de estos [los Chicago Boys] como asesores.”[2]

En 1968 un grupo de altos oficiales de la Armada y empresarios dieron existencia a la Cofradía Náutica (aún en vigencia). Se designó como comodoro a Agustín Edwards, dueño de El Mercurio, y como vicecomodoro al almirante José Toribio Merino. Desde allí, junto con la CIA, se conspiró para evitar que Salvador Allende asumiera la presidencia, sabotear el gobierno de la Unidad Popular y, finalmente, ejecutar el golpe de Estado de 1973. El vasallaje de la Armada de Chile hacia EE. UU. es denunciado por el General Carlos Prats a la Revista Times en Londres, “Fue allá en Valparaíso donde los oficiales comprometidos en la conspiración se reunieron en secreto con un oficial de marines estadounidenses, el mismo que después mantuvo contactos con el almirante José Toribio Merino, jefe de la Armada en Valparaíso[3].

No era la primera vez que la Armada de Chile prestaba sus servicios conspirativos y armados a una causa extranjera. En 1891, la Marina fue asistida por cuatro navíos de guerra ingleses en su travesía hacia el norte y la toma del puerto de Iquique[4]. Es sabida que la causa de la guerra civil de 1891, se debió al intento del presidente Balmaceda de nacionalizar el salitre en contra de los intereses de los salitreros ingleses. Estos últimos, financistas e instigadores de la mal llamada Guerra del Pacífico -nombre que intenta ocultar las verdaderas motivaciones extranjeras en la guerra contra Perú y Bolivia en 1879, a saber, la pugna entre el imperialismo inglés y el capital estadounidense por el control de los yacimientos salitreros – no estaban dispuestos a aceptar que Balmaceda les arrebatara la principal riqueza mineral del país y la compra a Alemania y Francia de pertrechos y bienes que tradicionalmente se compraban a Inglaterra.

Así lo reconoce el capitán de navío Gabriel Román Lazarovich. ”La Revolución de 1891 es uno de los capítulos más amargos de nuestra historia, pero nos deja importantes lecciones para evitar aquellas inclinaciones que nos alejan del bien común y para procurar la mayor armonía nacional que esté a nuestro alcance (…) Otro factor que incitó la Revolución fue la intervención británica en defensa de sus intereses económicos en Chile, aspecto significativo si se considera que el salitre era una de las riquezas explotadas, casi sin restricciones, por compañías de la entonces mayor potencia económica y militar.(…) Desde allí y aprovechando el control del mar ejercido por la Escuadra, pudo obtenerse material bélico moderno, el que sería decisivo para el desenlace de la guerra. ‘Con los recursos del norte [de los salitreros ingleses], la Junta congresista organizó un fuerte ejército de 10.000 hombres al mando del general Estanislao Del Canto.’ [5]

En distintas entrevistas a la Radio Universidad de Chile, Jorge Magasich, doctor en Historia de la Universidad Libre de Bruselas, nos pone al corriente de los diversos episodios y elementos que podrían ayudar a desentrañar la verdad o falsedad de los dichos del parlamentario comunista. Para el historiador, el alineamiento de la Armada de Chile con los Estados Unidos se da posterior a la Segunda Guerra Mundial, periodo en que la Armada pasa a depender en infraestructura y en ideología del Pentágono. Aspecto culmine es el envío de oficiales a formarse a Panamá en contrainsurgencia y métodos de tortura.[6]

En su extenso libro “Los que dijeron No”, Magasich documenta y relata como en agosto de 1973 la oficialidad de la Armada, encabezada por José Toribio Merino, inicia una razzia dentro de la marinería para desligarse de los suboficiales y marineros constitucionalistas que venían denunciando los planes sediciosos y antipatriotas de un sector de la oficialidad, “la facción golpista de la Armada organiza y equipa los primeros grupos de torturadores, ocultando su existencia al comandante en jefe y a otros oficiales(…)“. Y respecto al 10 de septiembre, señala “En la Armada, su comandante, Raúl Montero, será retenido en su casa. Los almirantes Daniel  Arellano, Hugo Poblete Mery,  el capitán René Durandot y el teniente Horacio Larraín, constitucionalistas son separados del mando, se autoproclama jefe de la armada José  Toribio Merino.

Al mismo tiempo que esto ocurría y al igual que en 1891, operaban en el puerto de Valparaíso navíos extranjeros, solo que esta vez la nacionalidad de la colaboración era estadounidense. La presencia e injerencia de los Estados Unidos se ocultó entre 1970 y 1973 bajo la denominada Operación Unitas, “justo para el año 70, cuando hubo un proyecto de golpe que no resultó. Y el 72, cuando ocurrió el paro de octubre, que no fue otra cosa que una intentona para derrocar a Allende. El 73 también estaba operando en Chile[7].

El año 2015, el historiador expuso el carácter fascista de la doctrina aún preponderante en la Armada de Chile. Como ejemplo, dio cuenta de tres documentos en que se revela la actual posición de la Armada respecto al golpe de estado y su estrecha noción de país. En un folleto y dos apuntes de clases se planteaba, por parte del mando de la marina, la glorificación del golpe de estado de 1973, que Chile es un país “todo homogéneo, histórica, étnica y culturalmente”, que la religión católica es la religión de la Armada de Chile, a la vez que se exaltaba a Dios, la Patria y la Familia.

Esto sigue siendo posible de corroborar. En una reciente Carta Abierta de los extripulantes de la fragata Condell, a propósito de las opiniones emitidas por el diputado Hugo Gutiérrez, se puede leer el siguiente texto, “Si nuestro héroe naval estuviera hoy junto a nosotros tenga Ud., la seguridad que no eludiría su responsabilidad como chileno y nos demandaría a cada uno de nosotros -sus conciudadanos en retiro- al cumplimiento de nuestro deber con una fuerte y clara arenga “Al abordaje muchachos”, para hacernos cargo del Chile que debemos defender, los valores que debemos proteger y proyectar para las generaciones actuales y futuras de nuestro amada patria.[8].

En pleno siglo XXI, aquellos oficiales y suboficiales que fueron entrenados en el oficio de las armas para la defensa del territorio marítimo nacional creen que su principal tarea hoy es defender los valores de su jibarizada visión de Chile. Estas expresiones no solo son una amenaza al diputado, sino también resultan una seria intimidación a todos los chilenos y chilenas y un acto de pronunciamiento en contra del proceso de cambio constitucional.

Por otra parte, existe cuantiosa información y verdad histórica acumulada respecto del papel que jugó la Armada en las violaciones a los derechos humanos durante el golpe de estado y la dictadura militar. Los informes Retigg y Valech[9] establecen que la Armada de Chile participó trasladando prisioneros desde Valparaíso hasta Pisagua, que fue la principal responsable de violaciones a los derechos humanos ocurridas en las regiones de Valparaíso y Concepción. Así mismo, que el Servicio de Inteligencia Naval conformó el Comando Conjunto.

En los informes se constataron como centros de detención, tortura y prisión política las siguientes instalaciones de la fuerza naval: Barco Lebu, Barco Maipo, Buque Esmeralda, Buque Andalien, Vapor Laja,  Base Aeronaval El Belloto, Base Naval de Puerto Montt,  Academia de Guerra Naval, Isla Mariquina, Base Naval de Talcahuano, Hospital Naval de Punta Arenas, Isla Dawson, Base Naval de Puerto Harris, Fuerte Vergara, Fuerte Borgoño, ex Escuela Naval (actual Escuela de Submarinos), Destacamento de Infantería de Marina Cochrane, Isla Riesco y Destacamento de Infantería de Marina N° 4. En todos esos lugares fue posible establecer que hubo detenciones, prácticas de tortura y malos tratos a los prisioneros.

La Armada de Chile nunca, desde el retorno a la democracia, ha entregado algún tipo de perdón o desagravio por los actos de sedición y los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de la nación que tanto dicen respetar. Por el contrario, se sienten presuntuosos de haberlo perpetrado y aún mantienen al traidor José Toribio Merino en el más alto pedestal. Están orgullosos haber entregado la riqueza nacional a empresas extranjeras y el capital nacional al mercado financiero internacional.

En síntesis, resulta lamentable que el ministerio de Defensa siga prestando amparo a una institución cuyos componentes no son defender ni respetar la soberanía popular, así como tampoco respetar la evolución de la sociedad y la dinámica de cambio social en sus estructuras y valores. Es vergonzoso y mediocre que funcionarios en retiro cuya principal tarea fue la defensa del territorio crean que pueden dedicar su jubilación, bien pagada con los impuestos de todos los chilenos y chilenas, a amedrantar el cambio de valores conforme al progreso social del país.

Más irrisorio es que la institución más reaccionaria de la República se escude en un héroe como Arturo Prat, liberal confeso que no temió arremeter contra las rancias ordenanzas de la institución, defensor de la igualdad del voto,  marginado por sus pares, crítico de la aristocracia armada, discordante con las causas que llevaron a la guerra con Perú y Bolivia, marino sin experiencia al que se le entregó un buque en desuso, pero sobre todo, un marino que añoraba un Chile moderno, libre y republicano que al igual que aquellos marinos que trataron de impedir el golpe de estado, en agosto de 1973, hubiese vociferado ¡Al abordaje muchachos! para salvarse del lastre de una institución cuyo currículum no hace otra cosa que confirmar las apreciaciones del diputado.

[1] ROJAS, JORGE (2015). EL LADRILLO DE SERGIO CASTRO. Entrevista. The Clinic, 07 de abril de 2015. https://www.theclinic.cl/2015/04/07/el-ladrillo-de-sergio-de-castro/

[2] VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, VERÓNICA. (2001). ESTATISMO Y NEOLIBERALISMO: UN CONTRAPUNTO MILITAR CHILE 1973-1979. Historia (Santiago), 34, 167-226. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942001003400006

[3] SOTO, HERNAN s/a. LA ARMADA CHILENA EN DOS ENCRUCIJADAS. Artículo. Revista Punto Final s/a. http://www.puntofinal.cl/525/1891.htm

[4] Ibid.

[5] ROMÁN LAZAROVICH, GABRIEL (2016). LA MARINA EN LA GUERRA CIVIL DE 1891. Monografías y Ensayos. Revista de Marina, 4 de marzo de 2016. https://revistamarina.cl/revistas/2016/4/gromanl.pdf

[6] GOLDSACK BLANCHE, CAROLINA (2013). ARMADA DE CHILE: ENTRE LA GLORIA Y LA INFAMIA. Entrevista en Radio Universidad de Chile, 19 de mayo 2013 (Santiago). https://radio.uchile.cl/2013/05/19/armada-de-chile-entre-la-gloria-y-la-infamia/. GAETE, CATALINA (2015). JORGE MAGASICH: “LA ARMADA AÚN ESTÁ MUY ALEJADA DE LA DEMOCRACIA”. Entrevista en Radio Universidad de Chile, 21 de mayo de 2015 (Santiago). https://radio.uchile.cl/2015/05/21/jorge-magasich-la-armada-aun-esta-muy-alejada-de-la-democracia/

[7] Ibid.

[8] https://www.radiosantiago.cl/archivo/147496

[9] Informe Rettig es el nombre con que se conoce al informe final entregado, el 9 de febrero de 1991, por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a los derechos humanos acaecidas en Chile durante la dictadura Augusto Pinochet. La Comisión, sesionó durante nueve meses y su informe cubrió el periodo que va desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990.

Informe Valech es el nombre con el que se conoce el informe final entregado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura -también conocida como Comisión Valech- incluye a personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, personas que no calificaron como víctimas de prisión política y tortura, listado de prisioneros políticos y torturados y menores de edad nacidos en prisión o detenidos con sus padres, entre el periodo que va desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990.

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