Desplazamientos forzados de migrantes en el norte: una crisis humanitaria internacional

Dr. Roberto Dufraix Tapia, Académico UTA y Dra. Romina Ramos Rodríguez, Académica UNAP

Durante los últimos días, por las redes sociales hemos visto diversos comentarios xenófobos dirigidos en contra de personas de nacionalidad venezolana, desplazadas por el conflicto político, económico y social dado en su país de origen. Este desplazamiento, lejos de constituir un fenómeno aislado o de corto alcance, se ha extendido por distintos países de la región. Chile, por ejemplo, ha recibido aproximadamente 450 mil migrantes venezolanos/as. Colombia ha acogido a 1.3 millones y Perú, por su parte, ha recibido a 750 mil venezolanos. En total, según datos de la ACNUR[1] (2019), más de 4 millones de venezolanos/as se han visto forzados/as a dejar su país para intentar comenzar una vida en otro. Este contexto es útil para destacar la primera dimensión del fenómeno, cual es, su naturaleza de crisis humanitaria de alcance internacional.

Una segunda dimensión del problema, dice relación con la falta de compromiso que ha evidenciado el Estado de Chile en relación a la protección de uno de los segmentos más precarizados de la población. Ejemplo de ello, es la decisión del Gobierno chileno de no suscribir el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, siguiendo la línea de países ultraconservadores en materia de política migratoria, tales como Israel, EEUU o Hungría[2]. Una migración “segura, ordenada y regular” no significa endurecer el control de las fronteras exclusivamente, sino implementar los mecanismos que sean necesarios para promover la regularidad, evitando así profundizar la precaria situación de la población migrante más vulnerable.

La tercera dimensión del problema, dice relación con los efectos que realmente produce el reforzamiento del control fronterizo. En el año 2018, el Gobierno de Sebastián Piñera decretaba una serie de medidas restrictivas para el ingreso y permanencia de (determinados) extranjeros. Estas medidas fueron cuestionadas por la academia y diversas organizaciones migrantes y pro migrantes, porque sus consecuencias no siempre son las esperadas. Por ejemplo, una acción llevada a cabo fue imponer visas consulares para personas de nacionalidad venezolana. Este hecho no detuvo la migración. Por el contrario, provocó un aumento considerable de ingresos por pasos no habilitados, generando no sólo un terreno fértil para el despliegue del crimen organizado, sino también estatus migratorios irregulares.

Considerando esas dimensiones, y el contexto sanitario que nos afecta, el Estado chileno debe atender esta crisis desde la cooperación internacional, nacional y local. Debemos superar la perspectiva de “isla” y corregir el error de no haber firmado el Pacto Mundial, que instaba, precisamente, a que los países del mundo intervengan este tipo de emergencias, pero con esfuerzo internacional. Desde lo nacional, el Estado chileno debe generar mecanismos adecuados de integración mediante políticas públicas efectivas y generar procesos de regularización oportunos y transparentes, Finalmente, desde lo local, es urgente convocar a una mesa regional donde todos los actores involucrados en la atención de personas migrantes, puedan ofrecer mecanismos de acogida, protección e integración.

Somos una región que nace al calor de la integración territorial y que ha tenido un fuerte componente migratorio a lo largo de la historia. Es por ello, que instamos a la comunidad tarapaqueña a ponerse del lado de la humanidad.

[1] https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html

[2] El presidente chileno tuvo que justificar en reiteradas ocasiones la decisión del Estado de no adherir al Pacto Global. Disponible:  https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/presidente-explico-nuevamente-por-que-chile-no-suscribio-el-pacto/2018-12-15/120055.html