La derogación del decreto 3.500, que crea el sistema de Fondo de Pensiones, exige el Movimiento No + AFP

Waldo Aguilar, Vocero del Movimiento No + AFP, Tarapacá

Mediante una declaración pública, que cuenta con el respaldo de partidos políticos de oposición y el sorismo, el Movimiento No + AFP, acogiendo las demandas de la ciudadanía, exige que el decreto 3.500, con el cual se crea el Sistema de Fondos de Pensiones (AFP), sea derogado.  Además, rechazan el Acuerdo Nacional, porque se hizo «de espaldas a la ciudadanía».

Explican por ejemplo que los datos hoy disponibles demuestran que cerca del 75% de los hombres entre 60 y 65 años y el 90% de las mujeres de entre 55 y 60 años, es decir, cercanos a cumplir la edad de jubilación, tienen ahorrados menos de 50 millones en sus cuentas. “Por lo que podrán acceder al comienzo, a pensiones menores a $200.000 (doscientos mil pesos), gran parte de ellas incluso bajo la línea de la pobreza. A esto sumar que hoy el 94% de los fondos de pensiones son controlados por capitales extranjeros”.

En esa misma línea, rechazan el llamado Acuerdo Nacional que surge “a espaldas de la ciudadanía es un acto de traición a la fe pública ya dañada”, indicando que por el contrario, un acuerdo verdadero “debe involucrar a sectores amplios de la población que han venido empujando transformaciones importantes en la reconquista de derechos fundamentales y por ningún motivo debe ser discutido y acordado a sus espaldas”.
Establecen que sin la participación de estos sectores ciudadanos “el acuerdo es un fracasado intento por dilatar las reales soluciones a los problemas políticos, económicos y sociales que han tenido tristes consecuencias en un escenario de emergencia sanitaria porque un sector político continúa cerrándole la puerta en la cara a la gente”.

La declaración que suscribe el Movimiento No + AFP de Tarapacá, cuenta con el respaldo del Partido Radical, Revolución Democrática, Partido Comunes, Partido Igualdad, Partido Comunista, Partido Federación Regionalista Verde Social, Sorismo, Comando Independiente por Una Nueva Constitución, Partido Socialista.

LA DECLARACIÓN

1.- Sin duda, el gobierno de Chile ha manejado la crisis sanitaria favoreciendo la concentración de la riqueza económica y protegiendo el patrimonio de las fortunas más acaudaladas del país, dejando en segundo plano a las personas, promoviendo iniciativas que han significado oportunidades de negocio para grandes consorcios, más que medidas eficaces para enfrentar la crisis social, económica, y política por la que atraviesa el país y que se ha visto agudizada por la Pandemia. Las acciones políticas y administrativas del Estado han significado el traspaso de grandes sumas de dinero público a las fortunas más acaudaladas del país, mientras la mayoría de las micro y medianas empresas sufren desprotegidas los dramáticos efectos de la recesión económica.

2.-Ha quedado en evidencia que en épocas de crisis, siempre es el mismo sector de la población el que sufre con mayor sacrificio un diseño institucional concebido ilegítimamente, pero que hace legal todo tipo de privilegios de un sector, que se resiste a toda modificación institucional que tenga por objetivo priorizar a las grandes mayorías hoy excluidas del poder político, precarizadas por el sistema económico y criminalizadas por el gobierno y el Estado, en sus diversas y legítimas maneras de expresar públicamente el rechazo categórico a las actuales condiciones institucionales de Chile, que sólo podrán ser superadas por una nueva constitución que garantice de manera real los derechos fundamentales.

3.-Dentro de las demandas más urgentes y sentidas por la ciudadanía está la derogación del decreto 3.500, que crea las AFP y sepulta el derecho a la seguridad social de millones de chilenos y chilenas. Los datos hoy disponibles demuestran que cerca del 75% de los hombres entre 60 y 65 años y el 90% de las mujeres de entre 55 y 60 años, es decir, cercanos a cumplir la edad de jubilación, tienen ahorrados menos de 50 millones en sus cuentas, por lo que podrán acceder al comienzo, a
pensiones menores a $200.000 (doscientos mil pesos), gran parte de ellas incluso bajo la línea de la pobreza. A esto sumar que hoy el 94% de los fondos de pensiones son controlados por capitales extranjeros.

4.- Es urgente impulsar las acciones legislativas necesarias para derogar el Decreto 3.500, como primer paso a la construcción de un verdadero sistema de seguridad social que proteja de manera sólida a trabajadores y trabajadoras una vez finalizada su vida activa. Hoy, con las AFP, estamos frente a un modelo institucional abstracto e idealizado, al margen de la realidad de las personas que cotizan en ellas, las que reciben pensiones de extrema pobreza, mientras altos ejecutivos y controladores perciben sueldos y utilidades millonarias.

5.- En este escenario y luego de todos los obstáculos que ha puesto el gobierno para avanzar en materia de soluciones concretas para el problema de las pensiones, la salud, la educación, el derecho a la vivienda y a la ciudad, el medioambiente, la jornada laboral, entre otras. Consideramos que un “Acuerdo Nacional” a espaldas de la ciudadanía es un acto de traición a la fe pública ya dañada. Un acuerdo social verdadero debe involucrar a sectores amplios de la población que han venido empujando transformaciones importantes en la reconquista de derechos fundamentales y por ningún motivo debe ser discutido y acordado a sus espaldas. Sin la participación de estos sectores ciudadanos el acuerdo es un fracasado intento por dilatar las reales soluciones a los problemas políticos, económicos y sociales que han tenido tristes consecuencias en un escenario de emergencia sanitaria porque un sector político continúa cerrándole la puerta en la cara a la gente.