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Mediante una misiva a la Presidenta de la Corte de Apelaciones y otros organismos de Justicia, familiares de los 9 jóvenes detenidos tras el... Pese al riego por pandemia 9 jóvenes presos políticos continúan encarcelados, mientras tarda el proceso investigativo

Mediante una misiva a la Presidenta de la Corte de Apelaciones y otros organismos de Justicia, familiares de los 9 jóvenes detenidos tras el estallido social y que aún permanecen recluidos en el recinto penitenciario de Alto Hospicio, denuncian los procedimientos sobre cómo se ha realizado el proceso y que aún no son condenados, solicitando que se le cambie la reclusión por arresto domiciliario total, mientras dure la investigación.

Además, denuncian que e estos detenidos del la revuelta, se les  ha aplicado un criterio absolutamente distinto al de otro detenido que también fue sorprendido en acciones de protesta y con un artefacto incendiario, es decir por causales sólo por ser hijo de una funcionaria. “Sólo por ser hijo de una funcionaria de Fiscalía”, se indica.

Los familiares piden que se aplique el mismo rigor investigativo, ya que los presos político”injustamente, se encuentra aun sin ser condenados, compartiendo espacio y corriendo riesgo, incluso vital, primero entre presos por delitos comunes y segundo, por la amenaza ya palpable del COVID-19 que según las noticias emitidas en distintos medios regionales, ya ha contagiado a al menos cinco funcionarios de Gendarmería”, señalan el carta.

La misiva fechada el 22 de abril de 2020,  está dirigida a la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Iquique, al presidente del Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Iquique y Alto Hospicio, al Defensor de Tarapacá, al Fiscal Regional de Tarapacá y al Director Regional de Gendarmería.

“En medio de una pandemia mundial declarada, a los presos políticos de la Cárcel de Alto Hospicio, se le ha negado uno por uno la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario. Cabe mencionar que son jóvenes, varios de ellos no superan los 20 años, y fueron detenidos en el contexto del estallido social, muchos sin pruebas consistentes que los incriminen, siendo no un peligro para el resto de la sociedad, sino para un sistema político y un gobierno que tiene nula credibilidad y contra quienes vimos por meses levantarse a miles de personas”, indica el documento.

Luego insisten que: “El requerimiento es simple, cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario, y así evitar cualquier tipo de riesgo vital a quienes se encuentran en investigación y no condenados. Los abogados defensores han solicitado la realización de audiencias de revisión de la prisión preventiva y presentando nuevos  antecedentes -como peritajes psicológicos- que prueban que los imputados presos no son un peligro para la seguridad de la sociedad, y que la necesidad de cautela se cumple proporcionalmente con el arresto domiciliario, pero lamentablemente se han encontrado con un sistema judicial viciado y altamente politizado, quién sin más niega el requerimiento”.

Adhieren los familiares de Lincoyán Ríos Pinto, Marco Ibarra Toledo, Brayan Ibarra Valenzuela, Sebastián Tapia Orrego, Tomás Parodi Meneses, Diego Contreras Bustos, Mauricio Guajardo Valdés, Nicolás Miranda Morales y Francisco Miranda Morales.

Además, suscriben la Coordinadora por la Libertad de los Presxs Políticxs  18 de octubre de Tarapacá, y la Coordinadora de Presos y perseguidos Políticos de Tarapacá.

SOBRE LOS PRESOS DEL ESTALLIDO SOCIAL Y EL COVID-19