Decano Martínez presenta demanda de tutela laboral contra Rector UNAP. Audiencia se realizará dos semanas después de elección rectoral, donde ambos compiten

Una demanda laboral de tutela Derechos Fundamentales con relación laboral vigente, además Indemnización de perjuicios por daño moral, que asciende a los 40 millones de pesos, en contra de la Universidad Arturo Prat, representada por su Rector Gustavo Soto Bringas, interpuso el decano de la Facultad de Ingeniería de esa Casa de Estudios, Alberto Martínez Quezada, -además consejero regional de Tarapacá-, actual candidato a la Rectoría. Además, se pide que se ordene a esa Casa de Estudios, pedirle disculpas pública a él y su familia; y que se realice un taller obligatorio para todos los funcionarios, sobre el cuidado del empleo público.

La audiencia preparatoria por parte del tribunal, quedó fijada para el 26 de noviembre, es decir, cuando el referendo rectoral, ya se habrá verificado, ocasión en que las partes deberán presentar sus medios de prueba, para que se examine su admisibilidad. Previamente el demandado, es decir la UNAP deberá enviar, cinco días antes de la audiencia, a lo menos y por escrito, los descargos por la denuncia en su contra.

Recordemos que las elecciones de Rector se realizarán el 4 de noviembre en las sedes de la Universidad Arturo Prat  y el 11 del mismo mes, en la Casa Central de Iquique, es decir. Compiten en el acto eleccionario, el demandante, es decir el decano Martínez Quezada y el demandado, el Rector Soto Bringas. La tercera postulante es la directora del INTE Marcela Tapia.

INDEMNIZACIÓN, DISCULPAS PÚBLICAS Y TALLER

Además de la indemnización de 40 millones de pesos (160 millones en total, ya que cada académico pide lo mismo), Martínez, al igual que los otros tres académicos, solicitan al juez que se orden a la Universidad le pida disculpas públicas a él y su familia, por el daño moral causado, mediante la contratación en dos medios de comunicación. Incluso, se propone el tener del escrito y se determina la medida del aviso.

También se solicita que se orden a la Universidad a realizar una jornada o taller sobre Derechos Fundamentales y Protección al Empleo de Funcionarios Públicos, con asistencia obligatoria para todos los funcionarios de la UNAP, y dictado por profesionales especialistas.

LOS HECHOS

En la demanda se detallan los hechos que identifica el decano Martínez, desde el día que tomó conocimiento de las acusaciones en su contra, el pasado 8 de agosto mediante redes sociales, seis ex alumnos de esa casa de Estudios y hoy ingenieros civiles , lo acusaron del delito contra la ley de propiedad intelectual.  Vale considerar que hace unos días, uno de los querellantes, se desistió de la acción judicial en contra de Martínez y otros 4 docentes, señalando que tal robo de propiedad intelectual, nunca existió.

Se lee en la demanda que atendida la gravedad de las acusaciones Martínez -lo mismo señalan las otras tres demandas de los académicos que también fueron querellados-,  solicitaron en forma escrita, una audiencia al rector Soto, “para  esclarecer las graves imputaciones, además de entregar los antecedentes que fuesen necesarios y hacer valer sus derechos funcionarios de defensa judicial que prevé el estatuto administrativo, a fin de que dicho organismo realizara las actuaciones necesarias para enfrentar tales acusaciones mediáticas”.

Sin embargo, la respuesta del Rector Gustavo Soto, fue negativa, argumentando que no era procedente. Además, derivo a los 4 académicos, para que buscaran asesoría con la Clínica Jurídica de esa Universidad, según indica la demanda. Esta respusta desconcertó a los académicos. Al respecto señala la acusación:

“El agobio vivido por mi representado y los otros académicos, se vio incrementado al día siguiente, ya que el 21 de agosto de 2019, él fue llamado por la Vicerrectora Académica (VRA), por la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Postgrado (VRIIP) y el Secretario General, para que junto al Director de carrera se apersonarán en sus oficinas, donde verbal e informalmente se les comunica que se había iniciado una investigación sumaria en su contra; no obstante, no les entregó resolución alguna al respecto, solo limitándose a señalar que habían llegado denuncias formales a la Universidad. Esta situación es completamente irregular, porque por un lado se le manifiesta a mi representado que se iniciaba un procedimiento en su contra, pero no se le entrega documentación alguna en que se contenga el acto administrativo respectivo, lo cual lo dejó a él, así como al otro académico, en la total indefensión”.

Curiosamente, el mismo día, empezaron a proliferar denuncias de exestudiantes, teniendo antecedentes que incluso, se usurpó la identidad de algunos de ellos. “Como ha sido la tónica hasta ahora, no se informó en ningún momento a mi representado de dichas denuncias, enterándose de manera informal a través de una persona que se había visto involucrada, por cuanto ella manifiesta que no efectuó denuncia alguna en contra de mi representado, aludiendo entonces a una usurpación de su identidad para realizar dicha denuncia”.

El 23 de septiembre, de manera verbal e informal, Alberto Martínez es informado que la investigación llevada hasta ese momento pasaba a “investigación sumaria”. Sin embargo, nunca se le llamó a prestar declaraciones, lo que le pareció extraño y sintió que tanto él como los otros 3 académicos, quedaban “en la más completa indefensión”. Y peor aún, la Universidad, a comienzos de octubre, envía un comunicado de prensa a medios nacionales, haciendo pública la situación de los académicos.  A los días, se enteran que 6 estudiantes se querellaron por robo de propiedad intelectual y asociación ilícita.

En la demanda se detallan las publicaciones en los medios nacionales como Radio BioBio, The Clinic y en estos días, el Canal Mega.

“Mayor gravedad reviste aun, un reportaje emitido con fecha 14 de octubre de 2019, en el canal de Televisión Mega, en donde aparecen directamente mencionados mi representado y otros académicos de la UNAP, mostrándose incluso imágenes visuales de sus personas, en donde aparece (minuto 5:20) la Sra. Ximena Ibarra, Rectora (s) de dicha casa de estudio, declarando con calificativos tales como que estos hechos “efectivamente rayan en los principios éticos de valor, es un tema sensible, en nuestra institución nunca se había presentado”; en otra parte del reportaje se habla de una situación de mucha gravedad, por cuanto hay una falta a la ética de parte personas que son muy importantes de la institución, que no solamente perjudica a los estudiantes involucrados, sino que afecta a la confianza que las personas que depositan en la instituciones de educación superior”.

La demanda establece que es “una falta a la verdad gravísima, el que se asocie a mi representado junto a otros académicos en hechos que aún no han sido comprobados por el órgano respectivo. Las publicaciones antes señaladas no hacen más que provocar un perjuicio en la persona de mi representado de carácter moral y se relaciona con sus garantías constitucionales, toda vez que, los hechos que se le imputan son gravísimos, los que negamos categóricamente”.

Se establece en la acción judicial que el empleador, es decir la UNAP h perjudicado y vulnerado los derechos fundamentales del decano Martínez -también de los otros 3 académicos-, como persona y funcionario público, principalmente por la negativa de la autoridad universitaria, de escuchar su versión de los hechos. Todo se hubiese evitado, si la autoridad universitaria hubiese actuado con resguardo de los derechos de los académicos y actuando, incluso, con apego a los mismos estatutos de la Universidad.

MODALIDAD DE TITULACIÓN

La demanda detalla la modalidad de titulación, mediante la presentación de un artículo o paper, ante una revista científica indexada, de modo de facilitar los procesos de titulación. En documento final, da cuenta del trabajo realizado por los estudiantes, con el apoyo directo de los académicos. Un trabajo científico requiere de máxima rigurosidad y manejo de la redacción académica, lo que obviamente un alumno de pre grado, no está aún en condiciones de hacer; de hecho, este artículo en general es su primer trabajo en esta línea, por eso se hace en forma conjunta con los profesores.

En definitiva, los docentes querellados, rechazan las acusaciones de robo de propiedad intelectual, plagio y asociación ilícita.

El detalle de este procedimiento de titulación, que han implementado diversas carreras de la UNAP se puede revisar en documento adjunto, al final de esta nota. También están los detalles para considerar que hay vulneración de derechos, presentando una serie de normativas legales que así lo acreditan.

TEXTUAL: LO QUE PIDE LA DEMANDA

1. Que, se declare que las conductas denunciadas afectan las garantías constitucionales del derecho a la integridad física y psíquica, a la honra y al Debido Proceso.
2. Que, SS. ordene a la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, representada por su RECTOR, Sr. GUSTAVO SOTO BRINGAS, o quien actué a la fecha como representante legal de dicha entidad pública, ofrecer una disculpa pública a don ALBERTO ALEJANDRO MARTINEZ QUEZADA y a su familia, mediante la publicación por tres días seguidos, en el Diario La Estrella de Iquique, y en un diario de circulación Nacional, de un aviso del siguiente tenor: “En representación de la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, y del mío propio, ofrece una disculpa al funcionario ALBERTO ALEJANDRO MARTINEZ QUEZADA y a su familia, por el trato que recibiera de parte de la autoridad de esta casa de estudios y sus funcionarios. De la misma forma, se compromete a impedir que hechos tan lamentables se reiteren, mediante la creación de un ambiente laboral en que se respeten los derechos fundamentales de sus funcionarios, firma su Rector, Sr. GUSTAVO SOTO BRINGAS”. El aviso deberá medir 5 por 10 centímetros. Esta medida reparatoria debe ser cumplida en un plazo no superior a 15 días contados desde que la sentencia se encuentre a firme y ejecutoriada.
3. Que, SS. ordene a la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, representada por su RECTOR, Sr. GUSTAVO SOTO BRINGAS, o quien actué a la fecha como representante legal, realizar una Jornada o Taller de Difusión que verse sobre Derechos Fundamentales y Protección al Empleo de Funcionarios Públicos, a la que deberá asistir obligatoriamente todos los funcionarios de dicha entidad, a fin de resguardar que los hechos denunciados no acontezcan en el Futuro. El Taller deberá ser dictado por uno o más profesionales especialistas en la materia, externos a la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, y deberá llevarse a cabo en un plazo no superior a 30 días contados desde que la sentencia se encuentre a firme y ejecutoriada. Todas estas actividades deberán ser supervigilada por la Inspección Provincial del Trabajo de Iquique y/o Contraloría Regional de Tarapacá, a quien se le oficiará para que, cumplidos los plazos establecidos en la sentencia, proceda a fiscalizar el cumplimiento de esta medida, debiendo informar al Tribunal si ésta no se ha ejecutado. Esta medida debe ser cumplida por la demandada bajo el apercibimiento de multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales, o la que SS. se sirva fijar.
4. A pagar a mi representado a título de indemnización compensatoria de daño moral, y en atención a los hechos denunciados, su gravedad, la extensión de éstos, y otros inconvenientes derivados de los mismos; la suma de $40.000.000.- (cuarenta millones de pesos) o por las sumas mayores o menores que VS. se sirva fijar, conforme al mérito del proceso, la justicia y la equidad, todo ello ponderado conforme a las nomas de la sana crítica.

Leer demanda completa: Documento (33)