Familiares de ejecutados  y desaparecidos de Iquique y Pisagua, apoyan acusación constitucional contra ministros que otorgaron libertad a genocidas

Durante la semana que termina, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Santiago y la AFEPI; su símil en Tarapacá, realizaron acciones de protestas en contra de la decisión de la Segunda Sala de la Corte Suprema, para dejar en libertad condicional a genocidas que practicaron en brutales torturas y asesinatos de detenidos políticos. Héctor Marín Rossel, se sumó a todas esas instancias, representando a la AFEPI.

Primero, estuvo en la marcha de protesta desde el Palacio de la Moneda, hasta los Tribunales en donde se manifestaron “en contra de la libertad de estos criminales de lesa humanidad”, señaló.

Luego, dio cuenta que las Agrupaciones se reunieron en el ex Congreso, en Santiago, con la bancada de diputados de oposición, calificando el encuentro como muy productivo, ya que se estaba definiendo la acusación constitucional contra los ministros supremos, lo que hoy ya es un hecho.

Respecto de la Acusación Constitucional, Marín señaló que se requiere de la firma de 10 diputados, las cuales ya están. En tanto, los restantes parlamentarios que aprueban la moción, quedan facultados después, para que sus nombres puedan ser considerados en la investigación. Vale destacar que quienes firman, quedan inhabilitados para estar en esta etapa.

Ante las críticas del oficialismo, que acusa que se pretende intervenir el Poder Judicial, Héctor Marín señaló:

“Ante el silencio cómplice del gobierno de Sebastián Piñera queremos recodarle que cuando él mismo fue senador , con su voto y el de Ignacio Pérez Walker, se pudo destituir al ministro Hernán  Cereceda por notable abandono de deberes en una causa de derechos humanos. El senador Piñera declaró entre sus argumentos que ese ministro con su fallo no había respetado la legislación internacional en DDHH y que esos tratados estaban para cumplirlos”.

Sin embargo, acusa Marón Rossel, que Piñera “hasta ahora guarda silencio. Sólo su ministro del Interior se ha pronunciado sobre la gravedad de la a acusación constitucional, apoyando a los supremos”.

DESDE LOS 90

Héctor  Marín, señala que desde el retorno de la democracia, en los 90, se sienten decepcionados de lo poco que se ha avanzado en verdad y justicia y que esta postura de la Corte Suprema, hoy la reciben como una gran bofetada.

“Hemos solicitado el término de la amnistía, la adecuación de los artículos 90 y 103 del Código Penal, porque si se hubiese modificado, como era la propuesta, no hubiese ocurrido esto que enfrentamos hoy, con la liberación de los genocidas, porque no se hubiese indultado a los autores de crímenes de lesa humanidad”.

“Basta ver -dice Marín-, que todos estos asesinos cumplen una pena por una causa y son investigados por otra. Por eso lamentamos que en el año 1993, en el Senado se rechazara la indicación que impedía que los criminales por delitos de lesa humanidad, quedaran libres. Ese proyecto, ahí, sigue durmiendo”.

A su juicio, del 90 en adelante, no ha existido voluntad política para avanzar en derechos humanos al punto que incluso, se desconoce la ley penal internacional en esta materia, las cuales Chile firmó, por lo tanto, debieran aplicarse.

Por eso, ahora que la Cámara tiene una disposición a colaborar, esperan que por fin haya luces de justicia y de aplicación de las leyes como corresponda. “En lo particular, en lo que se refiere a la Acusación Constitucional, estamos tranquilos porque para lograrlo se requiere mayoría simple; y esa mayoría la tenemos”.

Otro punto que valoró es que los diputados de oposición acordaron distribuirse por todo el país, para explicar esta situación. El Diputado Gutiérrez, de nuestra zona, además irá a Arica-Parinacota y Antofagasta.

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