Senador Soria pide que bomno a manipuladoras se extienda a todas las zonas extremas
Crónicas 13 junio, 2018 Edición Cero
A propósito de la situación que afecta a las manipuladoras de alimentos para las empresas concesionarias de la Junta de Auxilio escolar y Becas, JUNAEB, el Senador Jorge Soria solicitó al Congreso hace algunos días que a su nombre oficie a los Ministros de Educación y de Hacienda, para consultarles acerca de esta situación.
La iniciativa la tomó al conocer el conflicto social que afecta a las trabajadoras manipuladoras de alimentos, para que prime la racionalidad y se tenga a la vista que la Constitución Política garantiza la no discriminación arbitraria.
En el Oficio, el Senador Soria señala que las trabajadoras han sido afectadas por la aprobación en la Ley de Presupuesto Vigente, de una glosa, la N° 12, de la Partida 09, Capítulo 09, del Ministerio de Educación, que establece el pago de un bono mensual de 100 mil pesos, por mayor costo de vida, sólo para las trabajadoras que cumplen funciones exclusivamente en la Región de Magallanes, dejando fuera a sus pares de que cumplen idénticas funciones en las regiones de Tarapacá, Arica-Parinacota y Aysén, lo que es contrario al derecho a la no discriminación arbitraria, que consagra nuestra Constitución Política de la República”.
Solicita el parlamentario que se haga presente, mediante el Oficio que emita el Congreso, “que este parlamentario no niega la posibilidad de establecer bonos como el aprobado en la Ley de Presupuestos del año 2018 para los trabajadores que deben enfrentar el mayor costo de vida asociado a residir en una zona extrema, pero esto en ningún caso puede hacerse discriminando entre los trabajadores del país”.
Y añade que, más aún “donde existe una misma razón, debe tener una misma disposición y, en este caso, ese principio esencial de racionalidad jurídica y política se ha perdido y corresponde a las autoridades en ejercicio de sus cargos, solucionar esta situación de conflicto social que comienza a manifestarse en movilizaciones que amenazan con la continuidad misma del servicio de alimentación de los niños y jóvenes estudiantes más vulnerables del país”.