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Iván Vera-Pinto Soto/ Cientista Social, Pedagogo y Escritor Con el paso del tiempo, hemos transformado nuestras conversaciones sobre el fenómeno cultural nacional en algo... La  Política, las Artes y la Cultura

Iván Vera-Pinto Soto/ Cientista Social, Pedagogo y Escritor

Con el paso del tiempo, hemos transformado nuestras conversaciones sobre el fenómeno cultural nacional en algo que se asemeja cada día más a un intercambio de visiones entre administradores y especialistas. Como si la cultura por la que vivimos fuese asunto exclusivo de burócratas, académicos, especialistas, leyes, subsidios, convenios, proyectos, concursos, eventos y designaciones nacionales e internacionales. Por otro lado, hay que reconocer que las autoridades y los organismos públicos están mayormente preocupados de cumplir con una agenda institucional, un programa y acciones culturales que no siempre están articuladas con las políticas de Estado ni menos con un Plan de Gestión Regional y Nacional.

Ante la realidad anterior, estimo que es ineludible cambiar el eje de la discusión, es decir debemos avanzar desde un discurso sobre temas como el de las políticas culturales, el papel del Estado y el mercado, el financiamiento de los agentes municipales y la institucionalidad cultural; hacia una visión de transformación a largo plazo de la vida pública en el ejercicio de una ciudadanía cultural, puesto que la cultura tiene que ver con un orden de significados completamente distinto. En lo sustancial tiene que ver con la capacidad ciudadana de generar sentidos, reforzar valores, compartir prácticas, innovar y resignificar nuestra identidad cultural y memoria histórica.

Al panorama descrito, sumemos dos ideas muy concretas: la primera, dice relación con el hecho que vivimos en una época de cambios rápidos y globales, ésta es sólo una fase de la llamada “modernidad” y, la segunda, corresponde a la urgencia de poner en valor la identidad y la cultura local por sobre la cultura transnacional y globalizadora. En ese escenario, vislumbro que la acción de los organismos públicos, creadores y actores culturales deberían estar dirigida a reconquistar los espacios sociales y a reconocer las identidades colectivas. En otras palabras, significa democratizar la cultura, permitir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y, de manera paralela, poner en valor los espacios comunicacionales comunales, la identidad, las particularidades culturales, la memoria social, los lugares propios y reconocibles, y por ende, a la cultura popular, bajo el paragua de un modelo cultural plenamente democrático y participativo.

Estos supuestos planteados no son antojadizos o producto de una elucubración meramente intelectual. Existen experiencias en otras latitudes, donde las naciones se han constituido, en términos históricos e identitarios, en una vinculación armónica entre la política de Estado y el desarrollo cultural. Lógica que, sin duda, no ha operado en nuestro país, ya que el tema de la cultura ha sido por siglos un apéndice de la política gobernante, conducida siempre por las elites ilustradas y extendida a la ciudadanía como una labor de difusión, a veces con una intención educativa. Por supuesto que en la actualidad esta dinámica está sustentada por el modelo subsidiario, centralista y paternalista que aún impera, incluso en la actual institucional cultural. Se trata de una carta de navegación cuyo objetivo primogénito ha sido configurar un país que mueva dentro de los carriles de la “modernidad” y  el “progreso”, lo cual ha dejado sumergidos y sin presencia a los sectores sociales que no concuerdan con esa utopía republicana, tales son los casos de las particularidades culturales y de las etnias que exigen autonomía y presencia en las instancias del poder político.

Es, precisamente, dentro de ese paradigma que se modela la concepción de una identidad nacional homogénea (chilena occidental), y la imposición de una creencia de ser un país excepcional en el concierto latinoamericano (el mito de la Suiza o la Inglaterra de América Latina  o los “jaguares” de la economía). Todas esas consignas hacen visible el poco espesor cultural de origen étnico, histórico y democrático que ha tenido la política cultural nacional y regional, factores relevantes para definir una política cultural y un Plan Estratégico Cultural a nivel de regiones y de país, aunque en el discurso se afirme lo contrario. Basta con revisar lo que ocurre hoy en día con algunos pueblos originarios y los sectores postergados socialmente para darnos cuenta que las hegemonías sociopolíticas han impedido que los actores culturales (los ciudadanos) puedan desarrollarse en plenitud y, por lo mismo, en muchos casos, no se sientan integrados socialmente.

De lo dicho con anterioridad, no debe concluirse que en nuestro país no haya densidad cultural de origen étnico y social; sí existe, pero el quid del problema es que ha permanecido encapsulada, con escasa circulación e insuficiente proyección dentro de la identidad nacional. Ello da cuenta, entre otros ejemplos, de la débil influencia recíproca entre lo culto y lo popular que se da en la producción artística, a diferencia de lo que sucede en la vida cultural de otras naciones hermanas.

Todo lo argumentado, apunta a la urgencia de corregir la dirección de la política cultura chilena, profundizando la democracia en términos de deliberación y participación, como una vía que permita abrir vertientes a la diversidad y creatividad cultural y, simultáneamente, conseguir una mayor integración y cohesión social. En la práctica, la profundización de la democracia implica avanzar en tres áreas: la regionalización y descentralización del país; la constitución de una ciudadanía organizada, responsable y participativa y, finalmente, en el respeto y valoración de la diversidad cultural y social.

Ahora bien, situándome en el ámbito regional, propongo que en lugar de continuar discutiendo sobre qué actividades artísticas subsidiar, cuánta plata destinaremos a los concursos y qué espectáculo hacemos o traemos para la ciudadanía, nos pongamos a trabajar en serio y con un proyecto integral, focalizando la discusión en cómo podemos lograr la concurrencia de la sociedad civil y de otros sectores, con el objetivo de articular lo político y lo cultural, para así destrabar el impedimento de arrastre que tenemos y enriquecer la producción artística, la creatividad social y cultural de la región en función de una visión de vida y sociedad compartida con la mayoría de los ciudadanos.

Está claro que en el contexto iquiqueño, la Municipalidad, como el principal organismo comunal, le correspondería centrar sus esfuerzos de inversión en la creación de centros culturales poblacionales, los que podrían rescatar la experiencia social, fortalecer la territorialidad, el sentido de pertenencia de los barrios y aminorar la ambigüedad cultural. Asimismo, debería comprometerse en la gestación de un espacio de esta naturaleza que permita superar la frontera que hoy existe entre la cultura “institucional” y la “popular”, creando de este modo un puente de intercambio y de osmosis con el resto de la cultura urbana.

A lo mejor me dirán que para ello no existe presupuesto y que hay otras prioridades. No lo dudo. Sin embargo, bien sabemos que todo depende de la voluntad política y la capacidad gerencial para conseguir recursos de instituciones nacionales e internacionales. Acabemos de una vez por toda de hacer activismo cultural que provoca muy bajo impacto social; por el contrario, hagamos obras de peso que puedan heredar con orgullo las próximas generaciones. Por ejemplo, un Centro Cívico Cultural, una Escuela de Bellas Artes, una Escuela de Talentos Artísticos, una Escuela de Teatro, un Centro de Formación, Capacitación y Distribución de la Artesanía local, entre otras tantas instancias e infraestructuras que consientan el desarrollo sostenido de la Cultura y las Artes.

En esa línea, las instituciones (Gobierno Regional, Universidades Regionales, el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, entre otras) debieran ser principalmente facilitadoras de este encuentro cultural ciudadano. Debemos comprender que en la medida que se desarrollen mejor nuestros habitantes, tendremos una cultura propia, sólida, arraigada a su historia y más fuerte a lo que venga del exterior y, en consecuencia, suponemos, todo esto proporcionaría una expresión de mejor calidad.

En suma, si contamos con una política de cultura consensuada con la ciudadanía, con un Plan Estratégico Regional, con líneas de acciones definidas y amalgamadas con las otras políticas de Estado, entonces, es posible que la cultura se transforme en la palanca de desarrollo social y, correlativamente, acceda a los ciudadanos a tener identidad, rumbo claro, proyecto propio, sentido a su vida, a su trabajo, al ocio y a la ciudad.

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