Alexander Martín Pérez Mora/ Sociólogo © Magíster en Políticas Públicas con Inclusión Social
Generar una política pública que de cuenta de la detección, cuidado y puesta en valor del patrimonio -tangible e intangible-, es un gran desafío para el Estado chileno. Esto, debido a que no sólo tiene que dar cuenta del cuidado del patrimonio en sí, sino que también el de establecer relaciones de respeto mutuo entre los diversos intereses que coexisten en el hecho de salvaguardar algún patrimonio. Más aún en el actual contexto social que el país está viviendo, y en el cual se exige que todos los actores, ya sean públicos o privados, deban responder a las exigencias que la sociedad civil ha establecido, es decir, la de generar un nuevo contrato social de característica vinculante y basado en el respeto y la participación social.
El cumplir este desafío implica necesariamente generar una nueva institucionalidad, que aparte de incluir la participación ciudadana, debe tomar en cuenta los elementos identitarios en el diseño de la política pública y los programas que se ejecutan. Poner atención a estos elementos por parte de la institucionalidad, le servirá para acercarse a las verdaderas inquietudes de las comunidades locales, y facilitará el camino a comprender las dinámicas y ritmos comunales o regionales. Esta información es de vital importancia para generar una política cultural con pertinencia regional, ya que le permitirá al Estado producir dispositivos en la gestión pública, que respondan a intereses locales y no solamente a intereses nacionales o internacionales.
Para poder responder a este desafío, el Estado y sus instituciones deben cuestionarse: ¿Qué tipo de modelo de desarrollo cultural para Chile deseamos los ciudadanos en los próximos 40 años?; ¿Queremos un modelo que genere políticas públicas en patrimonio cultural que vayan orientadas a poner en el centro al Estado como un actor importante, que privilegie la estimulación de la oferta cultural pública por sobre la privada, y por tanto, subsidie a las instituciones públicas, como por ejemplo universidades, colegios, centros culturales de carácter públicos etc., y así asegure a la sociedad y a sus miembros el derecho universal al acceso al patrimonio cultural?; ¿O queremos permanecer con las actuales políticas que subsidian la demanda, por medio de actores privados, y por tanto, no aseguran un acceso igualitario, sino que más bien estimulan el mercado cultural, que asume a la cultura como un bien de consumo y no como elemento fundamental en la formación de los ciudadanos?
Una forma de observar esta problemática, es preguntarnos si queremos que el dinero de nuestros impuestos vaya exclusivamente dirigido al mercado de eventos y espectáculos, o también orientado al currículum educacional y a proyectos que salvaguarden nuestros patrimonios para las generaciones futuras.
Finalmente, como tarapacaenelmundo.cl creemos que el desafío de Estado Chileno respecto a estas problemáticas, es generar una institucionalidad que responda de forma descentralizada, tanto en sus dimensiones financieras políticas y técnicas, a las realidades locales. Como región, no nos beneficia en nada que el prometido Ministerio de Cultura siga siendo una reproducción del Estado centralista que poseemos hoy en día. Si esto sucede, la salvaguarda del patrimonio en regiones seguirá estando en el absoluto abandono.
*El autor es Coordinador de www.tarapacaenelmundo.cl