El déficit habitacional de Iquique
Opinión y Comentarios 8 agosto, 2015 Edición Cero
Víctor Guerrero Cossio/ Sociólogo. Académico UNAP
El crecimiento económico de Iquique ha causado una expansión poblacional de grandes proporciones, aumentando explosivamente la necesidad de soluciones habitacionales para los sectores de menores ingresos. La encuesta CASEN 2013 ratifica esta tendencia y registra a Tarapacá en el segundo lugar de déficit habitacional en Chile, sólo superada por Antofagasta, ambas regiones de alta dinámica por su excepcional economía minera.
La realidad que afecta a la región demuestra la indudable necesidad de atender esta demanda, la que afecta a todos los estratos socioeconómicos, pero con mayor fuerza a los quintiles inferiores (menores ingresos). Es deber del Estado procurar políticas que atiendan debidamente a estos sectores vulnerables.
Sin embargo, el diagnóstico común de carencia habitacional no conduce a soluciones similares debido a que los intereses asociados al sector muestran diferencias en el tratamiento del problema. La política estatal de vivienda, el mercado inmobiliario privado y las técnicas de cuantificación del déficit, se constituyen en factores adicionales a la falta de viviendas.
En Iquique el suelo urbano disponible ha privilegiado el acceso a grandes empresas inmobiliarias, las que atienden la demanda de sectores sociales de medianos y mayores ingresos, encareciendo estas y abandonando a los ciudadanos pobres que han sido desplazados a la oferta social de Alto Hospicio o relegados a espacios marginalizados en el centro de la ciudad.
El gobierno regional proyecta un plan de construcción de viviendas en Altos de Playa Blanca, que alcanza a 5.000 viviendas, de las que 2.000 corresponderían a población de menores ingresos. Sin embargo, la demanda es acotada a los ciudadanos que se inscriben en los programas establecidos por SERVIU.
La autoridad comunal, anuncia un programa masivo de construcción de viviendas en el sector de Playa Lobito. Allí habría espacio suficiente para construir 30.000 viviendas, que a la fecha son las familias inscritas para dicho propósito y que constituirían la verdadera cuantía de las unidades faltantes.
Los niveles regionales y comunales coinciden en la existencia del déficit y en la urgencia de resolverlo. Sin embargo, difieren en la cuantía y la metodología. SERVIU se basa en subsidios e inscripciones oficiales, mientras que la I.M.I se apoya en la interlocución directa con las familias afectadas.
El SERVIU, dado su carácter institucional centralizado, debe ceñirse estrictamente a los programas, normativas y recursos públicos. Esta burocracia ordena, pero limita la cuantificación real del problema, pues muchos pobladores sin casa carecen de algún requisito exigido por dicho organismo público y excluye a los ciudadanos de clase media.
Por ello el municipio iquiqueño da mayor confianza, amplitud y esperanza a la ciudadanía. Por la autonomía de su carácter estatal, por su amplitud social y su relación cotidiana con la comunidad, puede conocer dimensiones que la burocracia estatal regional no alcanza. Y así lo ha entendido el Gobierno de Chile, que recientemente se ha comprometido en el “Documento para el Desarrollo de Iquique”, conformar una mesa de trabajo regional inter ministerial que planifique y facilite la construcción de viviendas dignas que consideren el proyecto habitacional Lobitos en una solución estratégica que se requiere con urgencia.